(Mérida, 15/10/2021).- El pasado 4 de octubre fueron condenados los funcionarios de la Policía del estado Táchira Javier Blanco y Henry Ramírez a 21 y 27 años de prisión, respectivamente, por haber disparado en el rostro en 2019 al adolescente Rufo Chacón, dejándolo ciego tras el ataque. Sin embargo, 22 personas que perdieron parcial o totalmente la visión, tras similares ataques durante las protestas sociales de 2017 en Mérida, siguen esperando justicia.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) registró estos ataques durante los meses de abril a julio de 2017. Todos fueron perpetrados por funcionarios de la fuerza pública que buscaban dispersar las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. “Cada cuatro días una persona recibió un disparo a los ojos entre el 25 de abril y el 27 de julio de 2017”, señala el informe anual “Mérida: Asalto a los derechos humanos 2017”, elaborado ese año por el ODH-ULA.
En los 22 casos registrados por este observatorio, “se pudo comprobar que los traumas oculares fueron causados por cuerpos metálicos como perdigones, balines, y municiones modificadas con objetos tales como trozos de cabilla”, detalla el referido documento, que está basado en los informes emitidos por los médicos que atendieron a las víctimas, en su mayoría jóvenes, incluido un adolescente de apenas 14 años de edad.
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Un patrón de represión contra la protesta
Disparar a los ojos, al rostro o a quemarropa, se convirtió en 2017 en una práctica recurrente por parte de efectivos policiales o militares. Esto viola los estándares internacionales que prescriben el uso progresivo y diferenciado de la fuerza en el control de manifestaciones públicas, como lo son el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En Venezuela, la represión desmedida y desproporcionada ejercida por funcionarios de la fuerza pública constituye una violación del artículo 55 de la Constitución nacional y de los artículos 68, 69 y 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional.
Estos 22 casos de 2017, junto a otros documentados por el ODH-ULA en años posteriores, fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Cúcuta, Colombia, en febrero de 2020, durante la visita in loco que la CIDH haría en Venezuela y que el régimen de facto no permitió. Dos víctimas de agresiones por parte de funcionarios de la fuerza pública en Mérida acompañaron al equipo del ODH-ULA y dieron sus testimonios ante los funcionarios de la CIDH.
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Justicia paralizada
Leonard Rondón fue una de esas 22 personas con lesiones oculares causadas por funcionarios policiales en 2017. Tenía 21 años cuando perdió su ojo derecho tras recibir un disparo de perdigón por un uniformado de la Policía del estado Mérida, la mañana del 27 de junio de ese año. El equipo jurídico del ODH-ULA lleva la defensa de su caso, cuya introducción ante la Fiscalía N° 13 del Ministerio Público aún está en fase de investigación, pese a haber sido presentada hace más de 19 meses, el 13 de marzo de 2020.
“Era martes, hacia las 10 de la mañana, y yo me encontraba pintando mi cuarto. Abajo, en mis residencias, había protestas y llegaron los policías a reprimir. Eran 6 y empezaron a lanzar piedras a las ventanas de mi edificio. Tomé la decisión de bajar junto a mi hermano porque no me parecía lo que los policías estaban haciendo. Fue entonces cuando empezaron a reprimir con perdigones. Yo estaba a unos 5 metros de distancia de ellos. Me volteé para protegerme, pero fue ahí cuando recibí un perdigonazo en el ojo derecho”, contó al ODH-ULA Rondón en junio de 2019, cuando solicitó a este observatorio que lo representara jurídicamente para exigir justicia.
Además del ataque del que fue víctima en 2017, tres años después Leonard Rondón recibió amenazas por parte de un funcionario policial que es su vecino, motivo por el cual decidió buscar asesoría legal. El ODH-ULA denuncia la revictimización contra personas atacadas por funcionarios al servicio del Estado, cuya impunidad por sus acciones contra los derechos humanos les permite seguir actuando en contra de la ley.
