Mérida (26/09/2019).- El miércoles 18 de septiembre finalizó la audiencia preliminar por el caso del asesinato de Wuilderman Paredes Morenos, cometido el pasado 8 de junio y por el que fueron imputados seis funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluido el jefe de este organismo en el estado Mérida, Juan Batista Cordero Freites. El equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) asistió a dicha audiencia como abogados defensores de las víctimas por extensión del occiso.
El ODH-ULA rechaza que el juez del Tribunal de Control N° 2 de Mérida, Carlos Márquez Vielma, haya declarado inadmisible la acusación particular hecha por el equipo jurídico de esta organización, referida a la obligatoriedad del Estado venezolano de reparar e indemnizar a las víctimas por extensión del asesinado, que son su hija menor de edad, su viuda y su madre, quienes dependían económicamente de él. En consecuencia, el ODH-ULA procederá a apelar esta decisión y continuará exigiendo la debida protección a las víctimas.
Wuilderman Paredes fue asesinado mientras un grupo de personas desarmadas reclamaban a funcionarios de la PNB el irrespeto al orden de una cola para surtir gasolina que tenía más de una semana en la estación de servicio de Los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina del estado Mérida. El hecho ocurrió cuando los funcionarios de la PNB, al mando de su superior, dispersaron con armas de fuego y perdigones a civiles desarmados, entre los que se encontraba el hoy occiso.
Negación de hechos causa indignación en las víctimas
Aunque en la audiencia preliminar el Fiscal designado por el Ministerio Público explanó todos los elementos de convicción que tuvo la Fiscalía al momento de ejercer la acusación contra los funcionarios imputados, el jefe de la PNB negó haber ordenado un ataque con armas el día que ocurrió el hecho. Los demás funcionarios imputados, incluido el autor del crimen, Luis Gerardo Vargas Dávila, también negaron los hechos.
Yixcy Paredes, hermana del occiso, expresó su indignación por esta negación. “Ahora dicen que ellos no fueron, entonces ¿cómo llegó la bala a mi hermano? Todas las pruebas han demostrado que fueron ellos quienes dispararon”, aseguró la hermana de la víctima.
Por su parte Gerardo Paredes, primo del fallecido y quien también resultó gravemente herido en el hecho, señaló en la audiencia a Cordero Freites como el autor de los disparos que le causaron lesiones de extrema gravedad en el rostro, las cuales por poco le ocasionan la muerte.
Testigos del hecho declararon, además, que los funcionarios huyeron luego del ataque, dejando a Wuilderman Paredes y los otros heridos tendidos sobre el pavimento. El ODH-ULA resalta que esta acción constituye otro delito cometido por los imputados: la omisión de ayuda a las víctimas.
Violación de derechos humanos y política de Estado
El equipo jurídico del ODH-ULA, por la naturaleza de esta organización, basó sus acusaciones a los imputados en la violación de derechos humanos y el quebrantamiento de normas establecidas en ocho instrumentos jurídicos internacionales. Además, insistió en la obligatoriedad del Estado venezolano de reparar e indemnizar a las víctimas por extensión del asesinado, tal y como lo establece la legislación nacional.
Durante su intervención en la audiencia, el equipo jurídico del ODH-ULA hizo énfasis en la posible comisión de ejecución extrajudicial sumaria o arbitraria en este caso, por tratarse de un asesinato cometido por funcionarios de la PNB en el ejercicio de sus funciones y bajo el mandato de su comisionado jefe. “Lamentamos que al juez no le haya gustado, pero hicimos mención, porque es nuestro deber, de la preocupación de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU por la comisión de ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias en Venezuela, las cuales constituyen graves delitos contra los derechos humanos”, detalló Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA.
Esta organización de derechos humanos expresa su preocupación sobre este asesinato y otros cometidos con patrones similares, por constituir una posible política de Estado. Insiste, además, en señalar que este crimen no constituye un hecho aislado, sino que fue cometido por funcionarios en el ejercicio de funciones y bajo el mando de su superior, quien habría ordenado el ataque.
