(Mérida 20/02/2020).- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), con el apoyo de distintas organizaciones de la sociedad civil de Mérida, entregó este miércoles 19 de febrero un documento al defensor del pueblo del estado, José Rafael Bastos, donde le solicita su intersección ante la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para exigir la prestación eficiente del servicio eléctrico en la entidad.
Representantes del ODH-ULA acompañaron la protesta ciudadana pacífica que tuvo lugar durante la mañana del miércoles 19 de febrero frente a la sede regional de la Defensoría del Pueblo. Habitantes de distintos sectores de la capital del estado se congregaron con pancartas, banderas y consignas para exigir el cese de cortes eléctricos, cuya duración ha superado las 26 horas continuas en varios sectores de la ciudad y en otros de Ejido, capital del municipio Campo Elías.
El ODH-ULA ha registrado cortes del servicio eléctrico en los 23 municipios del estado Mérida y al menos seis apagones generales en lo que va de febrero, los cuales han afectado también a otras entidades del occidente del país, como Táchira, Trujillo, Barinas, Alto Apure y Sur del Lago.
Derechos vulnerados
En el documento entregado al defensor del pueblo, el ODH-ULA da cuenta del progresivo deterioro del servicio eléctrico en la entidad desde el pasado 22 de febrero de 2018, cuando 12 estados del suroccidente del país quedaron a oscuras por varias horas. Desde entonces, la crisis eléctrica se ha agravado a tal punto que el 7 de marzo de 2019, día del primer gran apagón nacional, varios sectores de Mérida sumaron más de 110 horas continuas sin luz. En lo que va de 2020 los cortes de electricidad en el estado han sido casi diarios, algunos con una duración de más de 26 horas continuas.
El ODH-ULA recuerda que el derecho a disponer de bienes y servicios de calidad está consagrado en el artículo 117 de la Constitución nacional, cuyo cumplimiento ha sido violado por la empresa estatal Corpoelec, trayendo como consecuencia la afectación de otros servicios básicos que dependen de la energía eléctrica para funcionar, como el agua potable, las telecomunicaciones y el servicio de internet. Asimismo, el ODH-ULA señala que otros derechos humanos y civiles están siendo afectados a causa de la crisis eléctrica, entre ellos el derecho a la educación, el derecho a la información y el derecho al trabajo.
Aunada a la violación de principios constitucionales, Corpoelec incumple con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Finalmente, el ODH-ULA destaca que el respeto por los derechos humanos no puede esperar los lapsos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de modo que solicita a la Defensoría del Pueblo de Mérida su actuación inmediata para exigir el cumplimiento de sus funciones a Corpoelec.
