(Mérida, 08/06/2020).- El 8 de junio de 2019 Wuilderman Paredes Moreno, de 32 años, fue asesinado de un disparo en el pecho con arma de fuego accionada a menos de dos metros de distancia por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El hecho ocurrió en horas de la noche en los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina del estado Mérida, durante un ataque de la PNB contra civiles desarmados que tenían más de una semana en una cola por gasolina.
La orden de atacar con armas de fuego y perdigones a civiles desarmados ese día la dio el jefe de la PNB del estado Mérida, Juan Batista Cordero Freites, quien estaba presente durante el hecho. Cordero es uno de los cinco funcionarios policiales que permanecen privados de libertad por este caso mientras se desarrolla el correspondiente juicio, el cual comenzó más de seis meses después del asesinato y ha estado plagado de irregularidades.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), cuyo equipo jurídico representa a las víctimas por extensión del caso, insiste en resaltar que el asesinato de Wuilderman Paredes y las lesiones causadas a otras dos personas durante el ataque policial no fueron el resultado colateral de una acción para dispersar una protesta ni una alteración del orden público. Fue un crimen cometido por un policía en el ejercicio de sus funciones, quien cumplía una orden de su superior.
Este lamentable hecho fue el resultado de un uso progresivo y diferenciado de la fuerza con uso indebido de armas de reglamento y total falta de formación por parte de los policías que hicieron el ataque. Los delitos cometidos por los implicados están contemplados en el Código Penal venezolano y en tratados internacionales de derechos humanos.
Juicio con graves irregularidades
Antes de que finalmente comenzara el juicio por este caso, el pasado 13 de enero, hubo seis diferimientos a solicitudes de la defensa para realizar rueda de reconocimiento con los testigos presentados por el Ministerio Público. Los testigos no fueron localizados por la Fiscalía para el cumplimiento de esos reconocimientos. Finalmente, el 06 de septiembre de 2019 el Tribunal de Control, en conjunto con la Fiscalía, desistieron de la solicitud de rueda de reconocimiento sin la presencia de la defensa, que era la parte solicitante.
La irregularidad más grave en el procedimiento judicial de este caso denunciada por el ODH-ULA fue el ejercicio como abogado defensor de uno de los acusados por parte de Efraín Alexis Rivas Sosa, quien en noviembre de 2019 fue designado Fiscal Auxiliar Interino en la Sala de Flagrancia adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida. Este doble rol como abogado y fiscal cesó cuando este Observatorio lo denunció públicamente.
Por su parte, en la audiencia preliminar, que se realizó durante cinco días consecutivos, el Tribunal de Control no admitió la acusación particular propia del ODH-ULA por apreciación de criterios jurídicos erróneos. Este Observatorio presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial de Mérida, instancia que no ha dado respuesta transcurridos más de ocho meses de la introducción de dicho recurso.
El ODH-ULA también denuncia que constantemente la Fiscalía restringe el acceso al expediente del caso, a pesar de que los representantes jurídicos de este Observatorio poseen un poder especial otorgado por la madre y esposa de Wuilderman Paredes, víctimas por extensión del caso.
Actualmente la causa la conoce el Tribunal Quinto de Juicio, cuya jueza a cargo difirió en tres oportunidades el inicio del juicio, alegando que el juez titular de ese despacho se encontraba de vacaciones. Hasta la fecha se han realizado cinco audiencias de juicio, interrumpido actualmente por el decreto de cuarentena nacional. Esto vulnera el debido proceso establecido en el artículo 49 y 337 de la Constitución venezolana.
Lucha internacional
El 12 de noviembre de 2019 representantes del ODH-ULA expusieron este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el 174° período de sesiones, realizado en Quito, Ecuador. El asesinato de Wuilderman Paredes se considera una ejecución extrajudicial cometida por la Policía Nacional Bolivariana.
Más recientemente, durante la visita in loco realizada los días 6 y 7 de febrero de 2020 por comisionados de la CIDH en Cúcuta, Colombia -ante la negativa del régimen venezolano de facto de permitir el ingreso de esta comisión al país-, el ODH-ULA expuso este caso. Gerardo Paredes, primo de Wuilderman Paredes y quien por poco también pierde la vida a causa de los más de 12 disparos recibidos durante el mismo hecho, contó a los relatores de la CIDH lo ocurrido.
Dos mujeres y una bebé desamparadas
María Leonora Moreno, madre de Wuilderman Paredes, y Zulibeth Dugarte, esposa del mismo y madre de la hija de ambos, son junto a la bebé de apenas un año y medio las tres víctimas por extensión de este caso. Ninguna de ellas ha sido indemnizada ni reparada por parte del Estado. La Fiscalía desestimó el recurso de indemnización y reparación para ellas introducido por el ODH-ULA.
Este Observatorio insiste en denunciar que hechos como este son consecuencia de una política de Estado que busca infundir terror en la población. El ataque desmedido con uso excesivo y desproporcionado de la fuerza ha dejado cientos de víctimas mortales y miles de lesionados de gravedad en Venezuela durante el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, a manos de quienes deben garantizar la seguridad y defensa de los ciudadanos.
