La deficiencia de servicios básicos indispensables para la educación virtual constituye una de las principales limitaciones para llevarla a cabo.
(Mérida 08/02/2021).- El más reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) da cuenta de las limitaciones y restricciones que enfrentaron estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades venezolanas durante los primeros nueve meses de cuarentena por COVID-19, entre marzo y diciembre de 2020. Lejos de poder llevarse a cabo, el informe muestra que el plan “Universidad en casa”, anunciado por el régimen de Nicolás Maduro a comienzos de la cuarentena, constituyó otra arma de control político sobre la educación superior, en detrimento de la autonomía universitaria.
A lo largo de tres capítulos, el informe titulado Educación universitaria en Venezuela durante el COVID-19 e inviabilidad del plan “Universidad en casa”. Marzo-diciembre de 2020 detalla la crítica situación que ya vivían las universidades antes de la cuarentena, los factores que hicieron y siguen haciendo inviable la aplicación del plan “Universidad en casa” y las violaciones al derecho a la educación y a la libertad académica cometidas durante el período señalado.
Crítica situación de las universidades antes de la cuarentena
Las universidades venezolanas están en crisis desde el año 2008, cuando se inició la política de reducción de presupuesto por parte del Ejecutivo Nacional. De manera progresiva, el presupuesto asignado a las universidades apenas alcanza para pago de salarios –cada vez más precarios-, impidiendo cubrir gastos de mantenimiento, inversión y actualización en equipos de computación y tecnologías, indispensables para la educación a distancia que plantea el referido plan Universidad en casa.
La crisis del sistema eléctrico nacional, que desde 2005 advertían expertos, es otro factor que impide el desarrollo de la educación virtual. En 2010 Hugo Chávez declaró, mediante decreto presidencial, la emergencia eléctrica nacional, y desde 2015 varios estados del interior del país son sometidos a racionamiento eléctrico diariamente, sobre todo durante los meses de sequía. Entre marzo y junio de 2020, en los estados Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia se registraron apagones de entre 6 y 18 horas continuas.
Aunque la educación a distancia exime el tener que trasladarse hasta los recintos universitarios, la crisis eléctrica conlleva al uso de generadores de energía durante los apagones cuyos motores funcionan con gasolina o gasoil. La aguda escasez de combustible que vive Venezuela, y que es aún más acentuada en el interior del país, impide acceder fácilmente a este combustible, cuya venta está sometida a restricciones dictadas por el régimen. En varias ocasiones los servidores web de la Universidad de Los Andes (ULA) estuvieron caídos como consecuencia de falta de combustible para garantizar el funcionamiento de plantas eléctricas durante los apagones registrados en 2020. “Los días 12 y 13 de abril de 2020, el portal web ULA estuvo inactivo por más de 12 horas”, señala el informe.
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Por otra parte, en 2009 Hugo Chávez firmó un decreto presidencial para la “eliminación del gasto suntuario o superfluo en el sector público nacional”. Entre otros, se prohíbe a partir de entonces la adquisición de servicios de telefonía móvil y de discado directo internacional, así como de equipos y plataformas tecnológicas y el uso de Internet sin la autorización del Vicepresidente de la República. Este decreto “frenó el desarrollo tecnológico y marcó un inicio de sometimiento de las universidades al arbitrio del Ejecutivo Nacional y, por consiguiente, la progresiva obsolescencia y deterioro del sistema tecnológico, debido a que, por lo general, las autorizaciones no eran concedidas para las universidades”, indica el informe.
Un año antes, en 2008, una ley de administración de divisas publicada en Gaceta Oficial impuso una serie de restricciones a la importación de bienes necesarios para la educación, la ciencia y la cultura. Los rubros no prioritarios para su importación con dólares preferenciales aprobados por la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) fueron, entre otros, libros, papel, equipos de computación y telecomunicaciones.
Inviabilidad del plan “Universidad en casa”
En abril de 2020 el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria publicó el “Plan nacional de prevención y contención del coronavirus (covid-19) sector universitario”. Posteriormente el régimen anunció la implementación de un plan llamado “Universidad en casa”, el cual no fue proyectado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) del Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano competente, como lo establece la Ley de Universidades. Tampoco fue presentado formalmente a las instituciones universitarias.
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Además de la informalidad y deficiencias del plan “Universidad en casa”, llevarlo a cabo resulta inviable en el contexto de Emergencia Humanitaria Compleja que vive Venezuela. La educación virtual no es posible sin servicios públicos que funcionen, principalmente el eléctrico y de telecomunicaciones. Así mismo, profesores y estudiantes que no cuentan con equipos tecnológicos indispensables para la educación virtual quedan excluidos y terminan siendo discriminados. Una encuesta realizada por el Observatorio de Universidades (OBU) mostró que entre el 39% y 47% de los universitarios no cuentan con un computador portátil.
Aunque el Ministerio entregó tabletas electrónicas para profesores universitarios entre octubre y noviembre de 2020, este observatorio denunció que dicha entrega fue discriminatoria, ya que no incluyó a los docentes con dedicación a tiempo convencional. Los equipos entregados, marca Canaima, fueron diseñados para uso de estudiantes y su capacidad operativa no es apta para la instalación de programas esenciales para el desarrollo de contenidos de algunas asignaturas.
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Violaciones al derecho a la educación y a la libertad académica
Durante la cuarentena por COVID-19 en 2020, el régimen de Nicolás Maduro aumentó el control sobre el sector universitario, trasgrediendo la autonomía y la libertad académica con acciones excluyentes y discriminatorias. Además de las ya referidas deficiencias que impiden el desarrollo de la educación virtual en Venezuela, docentes, trabajadores y estudiantes universitarios fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos, económicos y sociales.
La precariedad salarial de profesores y trabajadores universitarios constituye la principal violación de sus derechos laborales y un factor clave en la imposibilidad de dar clases a distancia, ya que la mayoría de los docentes no tiene cómo pagar planes de datos ni servicios de internet. Según la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), entre los años 2001 y 2020 el salario real de los docentes universitarios ha perdido el 99% de su valor. Para diciembre de 2020, el sueldo mensual máximo de un profesor universitario, con escalafón Titular y dedicación exclusiva, no llegaba a 7 dólares.
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Los estudiantes no escaparon a las prácticas discriminatorias y excluyentes ejercidas por el régimen durante la cuarentena en 2020. El 27 de mayo César Trómpiz, ministro de Educación Universitaria, anunció el pago de becas estudiantiles a través del “carnet de la patria”, por un monto equivalente en ese momento a 1,6 dólares. Para obtener ese beneficio, los estudiantes debían estar inscritos en el Sistema Patria, un mecanismo de control social creado por el régimen.
Persecuciones, censura y amenazas por parte de funcionarios del régimen también se registraron durante la cuarentena en 2020. Miembros de la Academia de Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales, en su mayoría docentes universitarios, fueron amenazados por Diosdado Cabello, por entonces presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), tras emitir un informe científico sobre el COVID-19. Así mismo Freddy Pachano, director de postgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), fue amenazado por el gobernador de ese estado por pronunciarse sobre el comportamiento de la pandemia en la entidad. Pachano tuvo que exiliarse tras este hecho.
Finalmente, el ODH-ULA contabilizó 193 robos y hurtos entre marzo y diciembre de 2020 en recintos universitarios, así como otros 29 actos de vandalismo e invasiones. La mayoría de estos delitos permanecen impunes y sus ejecutores no han sido identificados. Estos hechos constituyen violaciones del derecho a la educación, que debe ser garantizado por el Estado mediante la actuación de organismos de seguridad y justicia.
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En lo que va de 2021, las condiciones y factores que limitan la educación a distancia en Venezuela no han desaparecido y, en algunos casos, se han acentuado. Este observatorio exhorta al Estado venezolano a garantizar el derecho a la educación con calidad, equidad e inclusión durante la cuarentena por COVID-19, tal y como lo establece el informe La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19,publicado en agosto de 2020 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).
