(Mérida, 24/03/2021).- Erickvaldo José Márquez Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes (ULA) privado de libertad desde el 13 de septiembre de 2017, defendió este miércoles 24 de marzo en el salón Simón Bolívar del comando policial de Glorias Patrias su Memoria de Grado para optar al título de licenciado en Educación mención Educación Física, Deportes y Recreación.
Al acto acudieron familiares de Márquez, autoridades universitarias, representantes estudiantiles y el jurado evaluador de la defensa del trabajo de grado. Los tres miembros del jurado, conformado por la tutora de Erickvaldo, la profesora Doris Guillén, y los docentes Guillermo Pérez y Luis Albarrán, del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación de la Facultad de Humanidades y Educación de la ULA, decidieron por unanimidad calificar con 20 puntos y mención publicación la Memoria de Grado titulada “Programa de Actividades Físico Recreativas para Privados de Libertad”.
Mery López de Cordero, decana encargada de la referida Facultad, fue una de las asistentes al acto de defensa y expresó al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) sus apreciaciones sobre este acto, sin precedentes en la ULA.
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“Cerca de 15 personas estuvimos presentes durante la defensa. Es admirable y una muestra de resiliencia la que ha demostrado Erickvaldo Márquez al hacer y defender su Memoria de Grado privado de libertad, a pesar de que el juez asignado para su caso le otorgó libertad plena en diciembre pasado. Este joven, pese a la injustica que han cometido en su contra por casi cuatro años, aporta incluso una propuesta para mejorar las condiciones de los privados de libertad. Yo espero que Erickvaldo pueda recibir su título en libertad en el próximo acto de grado que realice la Universidad de Los Andes”, dijo la decana.
Esta es la primera vez que un estudiante de la ULA debe defender su trabajo de grado privado de libertad, en los espacios de un retén policial, pese a que el juez de su juicio le dictó libertad plena en diciembre de 2020.
Libertad suspendida por petición de la fiscal
El pasado 15 de diciembre de 2020 se realizó la audiencia final de juicio sobre el caso de Erickvaldo Márquez Moreno. El juez dictó una sentencia absolutoria consistente en el otorgamiento de libertad plena, por no hallar ninguna prueba que inculpara al estudiante por el asesinato de Jesús Leonardo Sulbarán, funcionario de la Gobernación de Mérida. Ese crimen fue cometido el 24 de abril de 2017 en la ciudad de Mérida, en el marco de las protestas registradas en todo el país en contra del régimen de facto que encabeza Nicolás Maduro.
No obstante, la Fiscal Cuarta del Ministerio Público de Mérida, Lupe Fernández, designada en 2018 por el ilegítimo Fiscal General de la República Tarek William Saab, impidió que Erickvaldo Márquez Moreno saliera en libertad al ejercer un efecto suspensivo de la sentencia.
“Existe una duda razonable y por tal motivo solicito se desprenda de la causa y que sea la Corte de Apelaciones que decida”, dijo Fernández sobre la decisión del juez, apelando a lo establecido en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Desde entonces, y transcurridos más de tres meses, Erickvaldo Márquez Moreno continúa preso en el retén policial de Glorias Patrias y su excarcelación dependerá de lo que decida la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, cuyas labores han sido intermitentes debido a la cuarentena nacional por COVID-19.
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Irregularidades por casi cuatro años
El procedimiento judicial en este caso estuvo plagado de irregularidades, como lo ha denunciado este Observatorio incluso ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, por tratarse de una detención arbitraria que constituye uno de los crímenes que documenta la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
A Erickvaldo Márquez Moreno lo detuvieron en su casa el 12 de septiembre de 2017, casi cinco meses después de perpetrado el crimen, sin ninguna prueba en su contra. Luego, la audiencia preliminar se realizó el 21 de agosto de 2018, más de 19 meses después de presentada la acusación por parte de la Fiscalía, violando los lapsos establecidos en el COPP. Además, las audiencias de juicio fueron diferidas en diez oportunidades, y las preliminares en seis ocasiones.
El ODH-ULA lamenta la injusticia que se comete contra este estudiante, cuya inocencia fue incluso dictaminada por el propio juez de juicio. Así mismo, este observatorio reitera su exhortación al Estado venezolano a actuar con celeridad, justicia e imparcialidad en este y todos los casos donde los privados de libertad son víctimas del sistema judicial del país.
