(Mérida, 09/04/2021).- Los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Juan Bautista Cordero Freites y Fredy Bladimir Rodríguez salieron en libertad plena el pasado 6 de abril de 2021, según informó una fuente judicial al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA). La boleta de excarcelación fue emitida por el Tribunal Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Mérida el 23 de marzo del corriente, luego de que la Corte de Apelaciones considerara inadmisible el recurso de apelación en la modalidad de efecto suspensivo que solicitó la Fiscal Nacional designada para este caso sobre la sentencia de libertad que dictó el juez de juicio el 22 de octubre de 2020.
Gerardo Paredes, víctima de homicidio frustrado, y su hermano, Luis Paredes, recibieron disparos por parte de los funcionarios Cordero y Rodríguez el 8 de junio de 2019 en el marco de un ataque ordenado por Cordero, quien fungía como jefe estadal de la PNB. Ambos se encontraban junto a su primo, Wuilderman Paredes Moreno, en una cola para surtir gasolina que sumaba más de una semana en la estación de servicio de Los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina del estado Mérida.
Wuilderman Paredes fue asesinado con arma de fuego por el PNB Luis Gerardo Vargas, único victimario sentenciado a prisión por este caso. El ODH-ULA presentó este hecho ante la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, Agnes Callamard, quien envió una carta al Estado venezolano el 9 de marzo de 2020 solicitando respuesta sobre el caso. Sin embargo, aún no ha recibido respuesta.
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Irregularidades en el debido proceso
El equipo jurídico del ODH-ULA, que asumió la defensa legal de Gerardo Paredes, Luis Paredes y las víctimas por extensión de Wuilderman Paredes Moreno, condena la decisión de la Corte de Apelaciones y denuncia, una vez más, las irregularidades cometidas en el curso del debido proceso de este caso, que consistieron en falta de debida notificación a las víctimas, retrasos y diferimientos injustificados de audiencias, incumplimiento de los lapsos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y reiteradas violaciones al principio jurídico de igualdad de las partes.
La más reciente irregularidad es que la decisión de la Corte de Apelaciones no fue comunicada a las partes implicadas, que en este caso son Gerardo y Luis Paredes, quienes durante el juicio identificaron a esos funcionarios policiales como sus agresores. Así mismo, este observatorio expresa su preocupación sobre el hecho de que la Corte de Apelaciones considerara inadmisible un recurso interpuesto por una Fiscal Nacional del Ministerio Público, tratándose precisamente de delitos contra los derechos humanos.
El ODH-ULA hace énfasis en que Gerardo Paredes por poco pierde la vida. Las lesiones causadas por los disparos perpetrados por Cordero y Rodríguez le dejaron secuelas permanentes que le impiden trabajar en su oficio como mecánico de vehículos. Luis Paredes, su hermano, también recibió agresiones que le causaron lesiones menores.
A pesar de las evidencias físicas de las lesiones causadas a Gerardo Paredes, durante el juicio la Fiscalía no llamó a testificar a los médicos que lo atendieron. La víctima fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas tras el ataque para poder salvarle la vida. Las secuelas de los disparos lo dejaron incapacitado permanentemente para realizar distintas actividades, muchas de ellas indispensables para poder trabajar en su oficio. Gerardo Paredes era quien mantenía económicamente a su núcleo familiar.
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Impunidad e intimidación contra las víctimas
La decisión de dejar en libertad a los funcionarios Juan Bautista Cordero Freites y Fredy Bladimir Rodríguez no solo constituye un acto de impunidad ante violaciones de derechos humanos sino que pone en riesgo la seguridad de Gerardo Paredes, Luis Paredes y sus respectivas familias, debido a las represalias que puedan tomar estos policías.
En octubre pasado, después de realizada la audiencia final de juicio, dos funcionarios con uniformes de la Policía del Estado Mérida, a bordo de una motocicleta, se estacionaron frente a la vivienda de Gerardo Paredes. Su esposa presenció el hecho y refirió que la mujer policía, que iba de pasajera, le dijo a su colega masculino, quien conducía la moto: “Sí, es aquí”. La víctima y su familia se sienten intimidados e indefensos ante el acto impunidad que dejó en libertad a sus victimarios. Gerardo Paredes y su esposa viven con sus tres hijos, todos menores de edad.
Este observatorio condena el curso y finalización del proceso judicial de este caso y exige al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar las irregularidades cometidas, a fin de revertir las decisiones que dejan impune un ataque armado ejecutado por funcionarios de la fuerza pública contra civiles desarmados. Así mismo, exige al Estado venezolano velar por la seguridad de Gerardo Paredes, Luis Paredes y sus respectivas familias ante las intimidaciones de las que han sido víctimas.
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