(Mérida, 04/07/2021).- César Trompiz, ministro de Educación Universitaria, estuvo en Mérida ayer sábado 3 de julio. Con su visita demostró las distintas violaciones que el régimen de Nicolás Maduro comete contra el sector universitario y la politización del sistema paralelo creado por Chávez y Maduro.
Trompiz dio un discurso en la Universidad Politécnica Territorial del estado Mérida (UPTM) “Kléber Ramírez”, una de las universidades que conforman dicho sistema paralelo, producto de la transformación del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido (IUTE), creado en 1981, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Desde allí, el ministro dejó claro que la educación universitaria debe ser revolucionaria y leal a Chávez y Maduro.
La visita del ministro, lejos de buscar conocer la realidad de las universidades en Mérida y brindar soluciones a las múltiples problemáticas que estas enfrentan, sirvió para acentuar la discriminación del régimen de facto contra las universidades autónomas y para hacer proselitismo político. El ministro celebró un Consejo Estadal de Gestión Universitaria al que no fueron invitadas las autoridades de la Universidad de Los Andes (ULA), institución a la que atacó en reiteradas ocasiones durante su discurso en la UPTM.
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Proselitismo, discriminación y mentiras
En su discurso Trompiz insistió en los objetivos políticos y partidistas de la educación universitaria en Venezuela, según los criterios del régimen de facto, los cuales van en contra de la libertad académica. “El movimiento estudiantil deber ser cada vez más una cantera de hombres y mujeres revolucionarios, decididamente bolivarianos, militantemente antiimperialistas y leales como chavistas bolivarianos al presidente Nicolás Maduro Moros”, dijo refiriéndose a los miembros de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (FVEU) presentes en el acto político.
El ministro también dijo que la próxima semana se realizará el IV congreso de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), donde buscarán relegitimar a sus autoridades, seguir debatiendo la Ley de Educación Universitaria y firmar la IV Convención Colectiva de los Trabajadores y Trabajadoras. Ni la referida ley ni esta convención colectiva cuentan con el respaldo de las universidades que conforman la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) ni el de los gremios y sindicatos de las mismas.
En lugar de reconocer la asfixia presupuestaria a la que son sometidas las universidades autónomas, el ministro acusó a la ULA de “buscar excusas” para no dictar clases. Este señalamiento además de cínico es falso, pues la mayoría de las Facultades de esta casa de estudios están impartiendo clases en modalidad virtual, algunas desde el año pasado, pese a la miseria salarial y la ausencia de recursos indispensables para la enseñanza.
“Hay otra gente que lo que han conseguido son excusas, para violar el derecho a los estudiantes merideños también. Y han metido todas las excusas que pueden, sobre la base de la falta de preparación, sobre la base de la falta de tiempo, sobre la base de la falta de recursos, sobre la base de cualquier falta. Pero yo les digo algo, es sobre la base de la falta de compromiso con el pueblo venezolano para que tenga educación. Por eso es que la ULA apenas lleva 3 o 4 meses discutiendo si se adapta, discutiendo si empieza, discutiendo si decide algún papel en algún Consejo Universitario para darle clases a sus estudiantes”, mintió Trompiz.
La ULA no necesita una “comisión ministerial”, necesita presupuesto
El ministro también anunció que discutiría en el referido Consejo Estadal de Gestión Universitaria la designación de una comisión ministerial delegada especial en Mérida, que estaría presidida por el diputado ilegítimo Jehyson Guzmán. Esa comisión, como la anunciada por Delcy Rodríguez para la Universidad Central de Venezuela (UCV), serviría “para el rescate integral de los espacios de la ULA”, dijo Trompiz.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) exhorta al ministro César Trompiz a cumplir con la obligación constitucional de garantizar un presupuesto suficiente para el funcionamiento de las universidades públicas del país, así como salarios justos para sus trabajadores, sin discriminaciones políticas ni injerencias en la autonomía universitaria.
Desde 2008 los presupuestos que el Ministerio de Educación Universitaria asigna a las universidades son reducidos sistemáticamente, mientras que ese mismo año se inicia un proceso de consolidación del sistema paralelo universitario chavista a través de la Misión Alma Mater. A esa misión y sus falsas promesas el régimen ha destinado enormes cantidades de dinero que dejaron de dársele a las universidades que se resisten al sometimiento político.
Esta discriminación demuestra que la asfixia presupuestaria aplicada a las universidades autónomas no es una consecuencia del “bloqueo y las sanciones”, como señaló el ministro ayer. La asfixia presupuestaria ha sido una política de Estado para debilitar la educación universitaria libre y plural, mientras el régimen fortalece el adoctrinamiento en falsas casas de estudio.
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