(Mérida, 19/07/2021).- El 26 de enero de 2016 funcionarios de Nicolás Maduro detuvieron arbitrariamente en Caracas a Steven Ricardo García Sanz. El joven, de 24 años de edad para ese entonces, había sido acusado por Diosdado Cabello de ser el homicida de Gisella Victoria Rubilar Figueroa, una docente chilena residenciada en Mérida que fue asesinada dos años antes. Rubilar murió el 9 de marzo de 2014 a causa de un disparo en la cabeza que recibió el día anterior en la avenida Las Américas de la capital del estado, en el marco de las protestas sociales de ese año.
“Aquí está Steven Ricardo García Sanz, asesino. Asesino”, dijo Cabello en su programa de televisión “Con el mazo dando” el 26 de enero de 2016. Desde entonces Steven García está privado de libertad, sin que siquiera se haya iniciado su juicio, compartiendo celda con presos comunes en el Centro Penitenciario de la Región los Andes (CEPRA), ubicado en San Juan de Lagunillas, estado Mérida. La madre de este joven y los abogados que lo defienden, que son del Observatorio Penal del Estado Mérida (Opem), han denunciado reiteradamente las injusticias cometidas en su caso.
“Soy Edith Sanz, madre de Steven Ricardo García Sanz. Mi hijo fue acusado por un delito que no cometió, a quien le han arrebatado su libertad. La parte acusadora con tal cinismo me dicen en mi cara que ellas saben que él es inocente y aun así sigue privado de libertad. Se le ha violado su derecho de ser juzgado en libertad, en un juicio en el que se evidencian irregularidades que se esconden en este caso”, dijo a la prensa la madre de Steven García en noviembre de 2020. Edith Sanz vive en Caracas, donde también residía su hijo, y el hecho de que él esté preso en Mérida dificulta que ella pueda visitarlo con regularidad.
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Falsas pruebas fabricadas
Exfiscales del Ministerio Público (MP), que en 2017 fueron despedidos por manifestar su apoyo a la entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, han dado fe al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) sobre la fabricación de pruebas falsas en este caso para incriminar a Steven García y sustentar su imputación por homicidio. Además, el ODH-ULA ha conocido que este joven estaría recibiendo presión por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para que admita los hechos que se le imputan y así disminuir su injusta estancia en prisión.
“En ese caso vino un Fiscal nacional de Caracas a distorsionar la investigación, para hacer ver que los disparos se originaron desde la zona de El Rodeo, cuando la investigación del CICPC demostraba que los disparos provenían del terreno baldío que está cerca de la avenida Las Américas. En ese terreno se habían apostado unos colectivos dirigidos por Alexis Ramírez (por entonces gobernador de Mérida). Al día siguiente del hecho, el gobernador envió a los bomberos a lavar el sitio del suceso”, dijo al ODH-ULA un exfiscal de Mérida, cuya identidad se reserva por su temor a represalias.
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Excesivas dilaciones indebidas
Sarita Montiel, directora del Observatorio Penal del Estado Mérida (Opem) y una de las abogadas defensoras de Steven García, informó a la prensa que los delitos que la Fiscalía imputa a este joven son homicidio intencional calificado con alevosía o por motivos fútiles o innobles, previsto en el artículo 406 del Código Penal venezolano, y asociación para delinquir, establecido en el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
“Este joven se encuentra en el limbo jurídico, se le aplica la justicia del banquillo. Luego de tener dos jueces y 20 audiencias interrumpidas porque no había traslados, no había despacho del tribunal, cualquier excusa era buena para mantener a Steven privado de libertad, la defensa técnica conformada por los abogados Óscar Ardila, Eladio Gutiérrez y quien les habla, Sarita Montiel, presentamos una impulsa hace más de 8 meses para que se inicie su juicio, y seguimos a la espera”, dijo Montiel a El Pitazo.
Presos por protestar: el castigo a los jóvenes manifestantes
El caso de Steven García se repite en muchos otros jóvenes que participaron en las protestas sociales contra el régimen de Nicolás Maduro en 2014 y 2017. García es uno de quienes más tiempo llevan en injusta prisión. Antes de ir a la cárcel, Steven García, oriundo de Caracas, se dedicaba a ser músico y trabajaba como pizzero. Hoy tiene 29 años, de los cuales ha pasado más de cinco injustamente privado de libertad, como un preso político.
Daniel Alejandro Parra Pérez es otro de los jóvenes manifestantes que continúa privado de libertad injustamente. Fue detenido el 16 de septiembre de 2017, tres días después del arresto de Erickvaldo José Márquez Moreno, quien salió en libertad plena el pasado 29 de junio, después de 3 años y 9 meses preso. A Parra el Ministerio Público lo acusa por el asesinato de Douglas Acevedo, supervisor jefe de la Policía del estado Mérida, cometido el 13 de junio de ese año en el marco de las protestas sociales registradas en Mérida.
Este observatorio exige al Estado venezolano liberar a estos presos políticos e investigar quiénes fueron los verdaderos asesinos de las víctimas cuyas muertes incriminaron a esos jóvenes. La impunidad y la injusticia constituyen patrones del actuar de un régimen ilegítimo que priva de libertad a quienes se le oponen y no a los verdaderos criminales.
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