(Mérida, 27/07/2021).- En un comunicado publicado ayer lunes 26 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE)- y sus Relatorías Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) y para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación por el menoscabo de la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela.
Dicho comunicado refiere acciones concretas ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro que van en contra de la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 109 de la Constitución nacional y en la Ley de Universidades. El pago de nóminas a través del sistema patria, la reducción sistemática de presupuestos a las universidades, la exclusión de representantes gremiales de las discusiones sobre las convenciones colectivas, la precariedad salarial, el establecimiento de carreras prioritarias por parte del gobierno y las más de 50 decisiones judiciales para impedir o interferir en elecciones universitarias son los hechos que señala este organismo.
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“La CIDH destaca el rol trascendental que tienen las universidades como centros de pensamiento crítico y de intercambio de ideas. A su vez, resalta la estrecha relación existente entre la libertad académica y la construcción y consolidación de una sociedad democrática. Tal como ha expresado la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de las Naciones Unidas, «sin libertad académica, las sociedades pierden uno de los elementos esenciales del autogobierno democrático: la capacidad de autorreflexión, para la generación de conocimientos y para la búsqueda constante de mejoras en la vida de las personas y en las condiciones sociales”, destaca el comunicado.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) y otras organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la situación de la educación superior en Venezuela, como Aula Abierta y el Observatorio de Universidades (OBU), han denunciado violaciones a la autonomía universitaria que se ejecutan desde, al menos, el año 2003, cuando el expresidente Hugo Chávez creó la Misión Sucre y la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), bastiones de un sistema paralelo universitario que actualmente controla más del 85% de las instituciones públicas de educación superior en el país, donde priman la ideologización y politización en detrimento de la calidad académica.
Informes 2020 del RELE y Scholars at Risk
La grave situación que atraviesan las universidades en Venezuela ha sido documentada en informes de organizaciones nacionales e internacionales durante varios años. Hace un año, el 28 de julio de 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su 75° período de sesiones, presentó el informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión elaborado por el entonces Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE), David Kaye, y centrado específicamente en el contexto de la libertad académica.
En dicho informe se señalan las restricciones gubernamentales impuestas a las universidades venezolanas para crear nuevos programas académicos, así como el adoctrinamiento ideológico en las instituciones paralelas creadas por el gobierno para ejercer control social. “La Universidad Bolivariana de Venezuela es una de esas entidades, en la que un ministerio gubernamental controla todos los nombramientos y el contenido de los planes de estudios”, detalla el escrito. Además, este documento menciona el trato discriminatorio dado por el gobierno a los universitarios que expresan su descuerdo político, así como los actos de violencia cometidos por funcionarios de la fuerza pública y personas afectas al gobierno dentro de espacios universitarios o en protestas estudiantiles.
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Scholars at Risk (SAR), por su parte, publicó el 18 de noviembre de 2020 su informe anual Free to Think, en el que compila los ataques cometidos contra comunidades de educación superior en 58 países del mundo, entre el 1° de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020. Venezuela fue el cuarto país de esa lista en donde se cometieron más ataques, siete en total.
Dicho informe enumera cuatro factores como principales causas del declive de la educación superior pública en Venezuela: asfixia presupuestaria, acciones gubernamentales que obstaculizan la realización de elecciones universitarias y limitan la gobernanza autónoma, ataques violentos y coercitivos contra universitarios y disminución de la investigación científica por la migración de personal calificado.
El reciente comunicado de la CIDH constituye un exhorto más al Estado venezolano para que garantice la libertad académica en el país a través del respeto a la autonomía universitaria. “La CIDH recuerda que las universidades son un pilar fundamental para la democracia, cuyo elemento esencial es la crítica y la pluralidad. En este sentido, urge al Estado de Venezuela a adoptar medidas dirigidas a garantizar la autonomía universitaria, incluyendo la asignación del presupuesto adecuado para el funcionamiento de las instituciones universitarias y garantizando que los pagos de nóminas del personal de las universidades públicas sean realizados a través de un sistema independiente e imparcial que proteja la libertad académica y de expresión”, concluye el escrito.
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