(Mérida, 06/12/2021).- Del 24 de enero al 4 de febrero de 2022 se llevará a cabo el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Período de Sesiones Nº 40 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para este importante evento, 200 organizaciones de la sociedad civil venezolana han presentado 113 informes sobre temas específicos que constituyen contribuciones para la evaluación que se realiza en el tercer ciclo del EPU. En estas está presente la documentación de violaciones de derechos humanos que el Estado venezolano ha cometido en los últimos cinco años.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), con la participación de otras organizaciones venezolanas, elaboró tres informes como contribuciones a ser consideradas en el tercer ciclo del EPU. Dos de ellos están referidos a los derechos humanos a la ciencia, la educación y la cultura: Derecho a la cultura: erosión institucional, desinversión y criminalización de la labor científica en Venezuela y Educación superior y corrupción. Las universidades paralelas en Venezuela. Un tercer informe se enfocó en las violaciones cometidas por el Estado en materia judicial: Acceso a la justicia: Erosión de la autonomía e independencia del Ministerio Público e impunidad en Venezuela.
Estos informes se elaboraron con la participación conjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (CDHUCV); la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia; el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDHUCAB); el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET); la organización Académicos contra la pobreza (ASAP) Capítulo Venezuela; Aula Abierta; EPIKEIA Observatorio de Derechos Humanos; Defiende Venezuela; la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el medio de comunicación digital El Pitazo.
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La ciencia como derecho humano
En el tercer ciclo del EPU será la primera vez que se evalúe un informe sobre las violaciones del derecho humano a la ciencia en Venezuela. El numeral 1 del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Este derecho humano fue ampliado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y también está incluido en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948).
El desarrollo científico es indispensable para el alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015.
Politización de la ciencia en Venezuela
En Venezuela la Constitución nacional establece en su artículo 110 que “el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional”.
Sin embargo, en el año 2001 se promulga la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), que ha sido modificada dos veces, en 2010 y 2014, con el objeto de atribuir exclusivamente al Ejecutivo Nacional las políticas y recursos dirigidos a las áreas de desarrollo científico y tecnológico, politizando la labor científica y sometiéndola a los objetivos del “Plan de la Patria para la construcción del socialismo bolivariano”. Los actores del sector privado y no gubernamental quedan excluidos de estas áreas en la LOCTI.
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Además, el 25 de mayo de 2021 la ilegítima Asamblea Nacional elegida en 2020 aprobó un nuevo proyecto de reforma a la LOCTI que amplía la politización de la labor científica, al sostener en su artículo 1 que la ley tendrá “por objeto diseñar, realizar, ejecutar, generar, impulsar y dirigir la generación de una ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones (…) mediante el encadenamiento de procesos de creación de conocimientos que impacten en la dinámica de las unidades productivas con visión revolucionaria”.
Ya en el año 2006 la supeditación de la ciencia a la política se profundizó con la creación de llamada “Misión Ciencia”, un programa gubernamental que estableció un nuevo modelo de producción de conocimientos científicos para construir el socialismo del siglo XXI. De este programa quedaban excluidas las universidades nacionales, las asociaciones de investigadores científicos y de profesores universitarios. La ideologización de la labor científica se acentuó en 2011, con la creación del Frente Bolivariano de Innovadores, Investigadores y Trabajadores de la Ciencia (FREBIN), que actúa como una organización partidista.
Violaciones del derecho a la ciencia en Venezuela
Lejos de aumentar y fortalecer la inversión en el desarrollo científico y tecnológico, hasta el año 2017, que fue la última vez que se publicaron los presupuestos anuales de la nación, el Estado venezolano había reducido en más de 80% los recursos económicos destinados a la investigación en ciencia y en más de 90% los presupuestos solicitados por las universidades públicas del país para el financiamiento de proyectos y materiales indispensables para sus investigadores. La asfixia de la investigación científica también se ha hecho a través de la precarización de los salarios de los científicos.
En el año 2019, el 90% de los trabajadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) denunció carecer de ingresos suficientes para vivir dignamente. El IVIC no recibe presupuesto desde el año 2015 y su capacidad de producción científica se redujo en 70%. Para 2018, 75% de los laboratorios del IVIC estaban paralizados por falta de presupuesto y de recursos. Por su parte, el sueldo de profesores e investigadores universitarios, para diciembre de 2021, no supera los 11 dólares al mes, en los mejores casos.
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Aunado a esta asfixia a la investigación científica, el Estado venezolano ha quebrado las instituciones dedicadas a la ciencia de las que se ha apoderado, perjudicando con ello incluso la salud de la ciudadanía venezolana. Un ejemplo de ello fue la intervención gubernamental en el año 2015 del Laboratorio Quimbiotec, que proveía de hemoderivados a toda la red pública nacional de salud. Tras la intervención sus investigadores fueron perseguidos por razones políticas. Actualmente las principales producciones de este laboratorio están paralizadas y, como consecuencia, los hospitales del país carecen de hemoderivados.
La politización y la falta de inversión en el desarrollo científico y tecnológico por parte del gobierno venezolano han producido un dramático descenso en el avance de la ciencia de nuestro país. En el año 2001 Venezuela ocupaba el quinto lugar en productividad científica en Latinoamérica. Para 2020 había pasado a ocupar el décimo lugar.
El ODH-ULA aspira a que durante el EPU 2022 las consideraciones presentadas por esta y las demás organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de Venezuela constituyan evidencias para que la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicite al Estado venezolano su actuación efectiva para revertir las violaciones causadas a los derechos humanos aquí señalados.
