(Mérida, 12/01/2022).- Entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) registró 169 hechos delictivos cometidos en espacios de 14 universidades públicas del país. Esta cifra incluye robos, hurtos, actos de vandalismo e invasiones. En los 11 días que van de 2022, la Universidad de Los Andes (ULA) ha sido víctima de cinco robos más.
Precisamente la ULA fue la institución más afectada por la delincuencia el año pasado, con un total de 82 casos. Le siguieron la Universidad de Oriente (UDO) con 22, la Universidad Central de Venezuela (UCV) con 18, la Universidad del Zulia (LUZ) con 12, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) con 10, la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) con 9, la Universidad de Carabobo (UC) con 8 y la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) con 2.
Otras ocho universidades fueron víctimas de un hecho delictivo cada una durante 2021. Estas son: Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS).
139 robos y hurtos, 18 vandalismos y 12 invasiones
El 82% de los hechos delictivos registrados por el ODH-ULA durante 2021 corresponden a robos o hurtos, es decir, un total de 139. Delincuentes han extraído bienes de las universidades venezolanas que van desde cables de electricidad hasta equipos de alto costo, indispensables para la enseñanza académica y la investigación científica. La gran mayoría de estos actos permanecen impunes y sus ejecutores no han sido aprehendidos.
Además de robar o hurtar, malhechores han causado daños físicos en espacios universitarios. En 2021 hubo un total de 18 actos de vandalismo en algunas de las 14 universidades venezolanas incluidas en el registro de este observatorio. Estos hechos incluyen desde destrozos materiales hasta incendios, como el provocado en el edificio de Fundageominas de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la UDO, Núcleo Ciudad Bolívar, el 4 de enero del año pasado.
Otro tipo de hecho delictivo cometido durante 2021 fue la invasión de espacios que son propiedad de universidades. En suma, 12 invasiones registró el ODH-ULA, una de ellas en el Estadio Ulpiano Cobos Bueno de la ULA, ubicado en el sector Campo de Oro de Mérida, donde los invasores hicieron un ritual de santería. Una de las personas implicadas en este hecho fue el por entonces concejal del municipio Libertador, Juan Carlos Uzcátegui.
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399 hechos delictivos durante toda la pandemia
Durante la cuarentena por la COVID-19 en el año 2020, desde el 13 de marzo y hasta el 31 de diciembre, el ODH-ULA registró 225 actos de robo, hurto, vandalismo e invasiones. En total, desde que la pandemia por coronavirus llegó a Venezuela y hasta este 12 de enero de 2022, 17 universidades públicas han sido víctimas del hampa y la delincuencia en 399 ocasiones, incluyendo los cinco robos registrados en la ULA en lo que va de este año.
Según el registro que lleva el ODH-ULA, en estos casi dos años de pandemia la universidad más afectada ha sido la ULA, con 141 casos, seguida de la UDO (98), la UCV (56), la UPEL (27), LUZ (27), la UC (11), la UCLA (10), la UNEXPO (10), la UNEG (5) y la UNET (2). En las otras siete casas de estudio se ha registrado un hecho delictivo durante la pandemia: USB, UNELLEZ, UNERMB, UNESR, UBV, UCS y UNEARTE. Los meses de 2021 con mayor cantidad de casos durante 2021 fueron enero, abril y agosto, con 27, 19 y 20, respectivamente.
La contabilización de robos, hurtos, actos de vandalismo e invasiones que hace el ODH-ULA se basa en publicaciones oficiales y extraoficiales de autoridades, docentes, trabajadores y estudiantes universitarios, así como en reseñas de medios de comunicación e informaciones enviadas directamente al equipo de monitoreo, cuyos miembros se encargan de verificarlas de manera independiente.
La seguridad y el resguardo de los bienes propiedad de las universidades públicas del país son responsabilidad del Estado venezolano, a cuyos representantes compete la asignación oportuna y suficiente de recursos para el óptimo funcionamiento de estas instituciones, incluido su personal de vigilancia y mantenimiento. Desde el año 2008 la asfixia presupuestaria que aplica el gobierno nacional a las universidades ha sido la causa principal de su progresivo deterioro, aunada a la impunidad que permite y fomenta la justicia venezolana al no investigar ni castigar a los autores de los hechos delictivos cometidos contra estas instituciones.
En estas precarias condiciones, las universidades públicas venezolanas no están aptas para un eventual reinicio de clases presenciales. El Plan Universidad Bella que creó el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro no solo es insuficiente, sino que viola la autonomía universitaria establecida en la Constitución nacional y en la Ley de Universidades.
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