5 al 9 de diciembre de 2021
Día del Profesor universitario se conmemora en medio de la violación de sus derechos laborales
Este 5 de diciembre se conmemoró el día del profesor universitario en un contexto en el que el sueldo de quien tiene el más alto escalafón no alcanza los USD $10 mensuales[1]. Esta situación ha profundizado, al menos desde 2016, la migración forzada del personal docente en busca de un nivel de vida adecuado, derecho previsto en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[2].
Cabe destacar que en la Universidad de Los Andes (ULA), para el mes de julio de 2021 la nómina era de 2.004 profesores activos, 30% (883 profesores) menos que en 2016[3].
Bonos insuficientes sin incidencia salarial, carencia de materiales y equipos para la realización de actividades, presupuesto insuficiente para su formación e investigación y la desaparición de reivindicaciones logradas tras largos años de lucha mediante contrataciones colectivas, se suman al bajo salario.
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https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/5.-Informe-SITUACION-DE-LA-INVESTIGACION-EN-LA-UNIVERSIDAD-DE-LOS-ANDES.pdf
Mario Bonucci Rossini, rector de la ULA señaló que los profesores universitarios mantienen el compromiso con la historia, la universidad y su futuro, como acto de resistencia contra el régimen que ha diseñado la destrucción de los espacios académicos y plurales[4].
Hurtos y desolación en espacios de la Universidad de los Andes
Este domingo 5 de diciembre, delincuentes cortaron y hurtaron parte del cableado del sistema eléctrico del Núcleo Universitario Alberto Adriani de la ULA en El Vigía
Según información suministrada por su Vicerrector Prof. Domingo Alarcón, las tanquillas se encontraban abiertas no obstante haber sido selladas con soldadura, por lo que ahora todas las instalaciones presentan fallas eléctricas y funcionan con una sola fase del tendido eléctrico. Este nuevo hecho sumado a otros como el hurto del sistema hidroneumático que dejó al Núcleo sin servicio de agua potable, hacen que el inicio del semestre 2022 en ese Núcleo deba desarrollarse bajo la modalidad semipresencial porque no es posible atender a grandes grupos presencialmente[5].
El 09 de diciembre, el Profesor Adel Khoudeir, denunció que de nuevo había sido robado el edificio de Matemáticas de la Facultad de Ciencias en el municipio Libertador. Se trata del séptimo hecho delictivo acaecido en este edificio durante 2021, en el cual los delincuentes han desvalijado por completo dicha instalación universitaria[6].
De acuerdo con el monitoreo del ODH-ULA, con este hecho se suman 80 incidentes de seguridad acaecidos en la ULA durante este año, para un total de 162 sucesos materializados en 14 universidades del país.
Por su parte, el estudiante Rodolfo Paredes, presidente adjunto del Centro de estudiantes del Núcleo universitario Rafael Rangel, en el estado Trujillo, se refirió a la situación de desolación de la Villa Universitaria debido a la asfixia presupuestaria inducida por el gobierno. Este hecho es lamentable, pues según señala, la Villa cumplió 35 años y el Núcleo cumpliría su 50 aniversario este 2022[7].
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Nuevamente es diferida audiencia en el caso de Wuilderman y Gerardo Paredes víctimas de brutalidad policial
Abogados del ODH-ULA denunciaron que este 6 de diciembre no se realizó la audiencia pautada en el caso del juicio de Wuilderman y Gerardo Paredes, el primero asesinado extrajudicialmente y el segundo herido gravemente en 2019 por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana del Estado Mérida en una fila a la espera de gasolina en Tabay (municipio Santos Marquina), el 8 de junio de 2019. Con esa suspensión, suman en este juicio un total de 12 diferimientos por causas atribuibles al tribunal.
Asimismo, del 6 al 10 de diciembre volvió a desarrollarse en el Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y su extensión de El Vigía, la práctica de descongestionamiento de causas en los tribunales, conocido como el Plan Cayapa según el cual se realizan audiencias preliminares condicionando al imputado a admitir los hechos o pasar el caso a juicio. En esta oportunidad, el plan se da por Resolución No. 014-2021 del 12 de noviembre de 2021 emitida por la Presidenta del Circuito Judicial Penal Carla Gardenia Araque.
Por tercera vez este año, este Observatorio cuestiona el desarrollo de este plan (realizado también entre el 22 y 26 de febrero[8] y el 24 y 28 de mayo de 2021[9]) pues transgrede el derecho a la defensa y vulnera el debido proceso, ya que el juez no realiza un control para verificar si la acusación de la fiscalía reúne las pruebas suficientes para admitirla o no, además de impedirse el ejercicio adecuado del derecho por los abogados.
El ODH-ULA expresa nuevamente su preocupación porque sea desde los mismos tribunales de justicia que se propicie la violación de derechos humanos.
Erickvaldo Márquez Moreno, se recibió como Licenciado en Educación y la Universidad de Los Andes le confiere la Orden Luis María Ribas Dávila
Este 9 de diciembre la Universidad de Los Andes le otorgó, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, el Título de Licenciado en Educación, mención Educación Física, Deporte y Recreación a Erickvaldo Márquez Moreno, ex preso político quien estuvo detenido arbitrariamente durante 3 años, 9 meses y 16 días, sin prueba alguna que lo involucrara en la comisión de delito alguno[10].
Desde su detención las actuaciones fueron contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, que establecen los derechos de toda persona de acceder a la justicia y a un recurso judicial sencillo, efectivo y breve, además del derecho de ser oído por un juez o tribunal independiente e imparcial.
Erickvaldo realizó y defendió su trabajo de grado mientras permanecía injustamente detenido en el Retén Policial del Estado Mérida, y por ello la el Consejo Universitario de la ULA le confirió la orden «Luis María Ribas Dávila», debido a «su temple al conseguir terminar sus estudios universitarios en situaciones adversas».
La detención arbitraria y su injusta privación de libertad no constituye un hecho aislado, por el contrario, es parte de un patrón de actuaciones del gobierno como forma de represalia contra jóvenes que participaron en las protestas de 2014 y 2017. No deben olvidarse los casos de Esteven García, Marller Kennedy González Rondón y Walter Enrique Mayorga Lobo quienes continúan privados de libertad acusados por delitos que no cometieron, cuyas detenciones y juicios se han desarrollado bajo patrones similares de violación de derechos humanos a los aplicados en el caso de Erickvaldo.
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[1] De acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela del 09.12-21: 4.63 Bs por USD.
[2]Artículos 25 y 11, de dichos instrumentos internacionales, respectivamente.
[3]Información ODH-ULA.
[4]Bonucci, M. [@bonuccimario]. (05 de diciembre de 2021). El compromiso con la historia, la universidad y su futuro, es el mayor acto de resistencia que el profesor universitario. [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/bonuccimario/status/1467571118534008839?s=20
[5] Entrevista al Prof. Domingo Alarcón, Vicerrector del Núcleo Alberto Adriani de la Universidad de Los Andes en la ciudad de El Vigía, en el Estado Mérida.
[6] Monitoreo ODH-ULA.
[7]Entrevista a Rodolfo Rangel, dirigente del Movimiento 20 del Núcleo Universitario Rafael Rangel, en el Estado Trujillo.
[8]Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (2021). Acceso a la Justicia durante la cuarentena en Venezuela. https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Acceso-justicia-Venezuela-Cuarentena-Covid19.pdf
[9]Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. (30 de mayo-5 de junio de 2021)Boletín Andino de Derechos Humanos No. 99. https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/06/06/boletin-andino-de-derechos-humanos-no-99/