Resumen
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia, Aula Abierta, y el Centro para la Paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela, registraron durante el mes de agosto 25 casos relacionados con violaciones al derecho a la educación y otros derechos humanos en el contexto universitario. Lo que pone en evidencia que el Gobierno de Venezuela no respeta las obligaciones de garantizar, promover y proteger el derecho a la educación y la cultura y demás derechos humanos.
Este reporte contiene documentación de:
-18 denuncias vinculadas al acoso presupuestario: violaciones de la autonomía universitaria por intervención de espacios académicos; falta de presupuesto para realizar los cursos intensivos; el deterioro de espacios universitarios por la falta de presupuesto y por violación a los derechos laborales.
-3 denuncias sobre agresiones por dos incidentes de seguridad en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y en la Universidad de Los Andes. Y sobre el comunicado de universitarios venezolanos en rechazo a lasacciones contra universidades y estudiantes en Nicaragua.
-3 denuncias por otros motivos. Durante el mes de agosto se realizaron 3 protestas de estudiantes universitarios, jóvenes de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil en sedes del Consejo Nacional Electoral para exigir la municipalización del Registro Electoral por a los venideros comicios del próximo 2024, debido a que aún hay alrededor de 2 millones de personas que no están inscritas en el registro electoral.
-1 denuncia sobre deserción. Denuncia de universitarios sobre fallas en el Sistema Nacional de Ingreso de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), en el cual bachilleres no fueron asignados a ninguna institución de educación superior pese a tener buen promedio académico que el sistema presenta errores impidiendo el registro perjudicando las posibilidades de estudios de los jóvenes de acceder a las casas de estudio. Además de la asignación de jóvenes bachilleres a carreras priorizadas por el Estado.
