(Mérida, 08/06/2024).- El pasado 25 de mayo un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) disparó en la cabeza a Eliécer Fuentes, un adolescente de 17 años que vivía en Carapita, Distrito Capital. Tres días después la víctima falleció y cuatro policías están detenidos por el hecho. En una acción similar, ejecutada también por agentes de la PNB, Wuilderman Paredes fue asesinado en Mérida el 8 de junio de 2019 y dos de sus primos resultaron heridos.
Ambos hechos, ocurridos con cinco años de diferencia, responden a la misma acción irregular de funcionarios policiales: el uso desproporcionado de la fuerza. Los detalles del caso del adolescente Eliécer Fuentes están por esclarecerse, pero en el de Wuilderman Paredes Moreno se comprobó en un juicio que no solo hubo exceso de fuerza, sino que su homicidio constituyó una ejecución extrajudicial.
La ejecución extrajudicial es una violación del derecho humano a la vida. Según la definición de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, estas constituyen «el acto de matar deliberadamente a una persona al margen de cualquier marco jurídico».
Para Humberto Henderson, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y autor del artículo titulado La ejecución extrajudicial o el homicidio en las legislaciones de América Latina, una ejecución extrajudicial ocurre cuando «se consuma la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga» (2006, pp. 284-285).
En Venezuela, según datos de la ONG Acceso a la Justicia, entre 2014 y 2021 se cometieron 7.220 ejecuciones extrajudiciales a manos de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado, tanto civiles como militares. En 2022, de acuerdo con un informe de la organización Lupa por la Vida, 824 personas perdieron la vida por la misma causa.
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Múltiples violaciones de derechos humanos, falta de reparación a las víctimas e impunidad
El asesinato de Wuilderman Paredes y las lesiones que sufrieron sus primos Gerardo y Luis Paredes fueron el resultado de la orden de disparar que diera el jefe de la PNB de Mérida a sus subalternos, con la excusa de «disipar» una protesta pacífica generada por la aguda escasez de gasolina que padece este estado. La acción policial constituyó y sigue constituyendo una serie de violaciones de distintos derechos humanos, tanto a las víctimas directas como indirectas.
La muerte de Wuilderman Paredes dejó a una mujer viuda, una bebé huérfana y una madre sin su hijo ni el apoyo económico que este le brindaba. Estas mujeres no han recibido ningún tipo de reparación por parte del Estado venezolano. Por el contrario, han tenido que enfrentar tres juicios —uno de ellos aún en curso— plagados de irregularidades, incluida la absolución y puesta en libertad del jefe de la PNB que ordenó la ejecución extrajudicial y de otro funcionario de los seis implicados en total.
Gerardo y Luis Paredes, víctimas directas de la acción represiva, tampoco han sido reparados ni han recibido justicia. En el caso de Gerardo Paredes, las graves lesiones que le causaron los disparos accionados por los policías le impidieron volver a trabajar en el que fue su oficio durante años: la mecánica de maquinaria pasada. Él y su familia también han sido víctimas de intimidación por parte de otros funcionarios de la PNB, por el solo hecho de exigir justicia y reparación.
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Agresión estatal y nula formación en derechos humanos promueven el uso desproporcionado de la fuerza
En Venezuela la represión contra manifestantes ha constituido una política de Estado desde hace al menos una década, cuando se generaron las primeras protestas antigubernamentales contra el régimen de Nicolás Maduro. Informes de organismos internacionales de derechos humanos y de ONG han comprobado que muchas de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país —incluida la de Wuilderman Paredes— han sido ordenadas por las propias autoridades de la fuerza pública.
Aunado al hecho de que la represión forma parte de las distintas formas de agresión estatal que el régimen venezolano ejerce contra quienes exigen calidad de vida, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha podido constatar que los funcionarios policiales desconocen los principios internacionales sobre el uso de la fuerza.
En 2023 el ODH-ULA, en alianza con Epikeia y ULA Mujer, capacitó a 34 funcionarios de distintos cuerpos policiales de Mérida sobre estándares internacionales del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, a través del Diplomado en derechos humanos y función policial. La mayoría de ellos manifestó no haber recibido formación al respecto en sus lugares de trabajo.
En el contexto de la investigación que realiza la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el ODH-ULA —cuyo equipo legal representa a las víctimas del caso de Wuilderman Paredes dentro y fuera del país— no deja de exigir al Estado venezolano que haga verdadera justicia y repare debidamente a todas las víctimas, así como que genuinamente establezca acciones y políticas que limiten la acción policial y eviten la impunidad, para que crímenes como estos no sigan ocurriendo.
