(Mérida, 12/07/2024).- Entre el 23 de enero y el 11 de julio de 2024, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha registrado en Mérida, Táchira y Trujillo 42 casos en los que se han cometido violaciones de derechos humanos por razones políticas. Todos estos casos constituyen persecuciones para castigar a personas que el régimen de Nicolás Maduro vincula con dirigentes de la oposición.
Estos hechos incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, agresiones físicas, inhabilitaciones políticas, imputación de delitos, amenazas, intimidación, hostigamiento, sanciones económicas y administrativas, retención de bienes, daños materiales y allanamiento a propiedades privadas. El registro del ODH-ULA se basa en casos que han sido reportados por defensores y organizaciones de derechos humanos, así como medios de comunicación.
Las personas afectadas —cuya cantidad no ha podido precisarse— han sido víctimas de violaciones de derechos humanos como el derecho a la libertad, a la seguridad, a la propiedad y al trabajo, así como de poder acceder al ejercicio de funciones públicas y tener libertad de opinión y expresión y libertad de reunión y asociación.
La persecución por motivos políticos constituye un crimen de lesa humanidad que está establecido y definido en el artículo 7, numeral h, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Al menos 13 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y retenciones de bienes
En los estados Mérida, Táchira y Trujillo al menos 13 personas han sido detenidas por razones políticas. Estas detenciones arbitrarias han sido motivadas por alguna vinculación de los detenidos con la lideresa del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, bien sea como miembros de su organización o de otro partido político de oposición, o por el solo hecho de prestar algún servicio a ella o a su equipo.
La primera detención por razones políticas de este año registrada en los Andes ocurrió el 23 de enero. El abogado Guillermo de Jesús López, director del comando de campaña de Machado en el estado Trujillo y coordinador regional de la organización política Somos Trujillo, fue arrestado por funcionarios no identificados tras el anuncio de activación del Plan Furia Bolivariana por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Adriana Abreu, esposa de López, aseguró al día siguiente de la detención que los organismos policiales de Trujillo no le dieron ninguna información acerca de su paradero, omisión que constituye una desaparición forzada.
El gobernador de Trujillo y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Gerardo Márquez, dijo el 24 de enero que López estaba «requerido por el Tribunal Especial 2do. de Control del área metropolitana de Caracas, con competencia a nivel nacional contra delitos vinculados al terrorismo, traición a la Patria, conspiración en forma política y asociación para delinquir». Aseguró que su detención había sido efectuada por cuerpos de seguridad, sin detallar cuáles.
Durante los meses junio y julio, tras la visita de María Corina Machado a los estados Mérida y Táchira, al menos 12 personas fueron detenidas como parte de la persecución política que ejerce el régimen de Maduro en distintos estados del país contra quienes participan en las actividades de la lideresa y/o del candidato presidencial Edmundo González, o quienes prestan algún servicio en las mismas.
En Mérida las detenciones se hicieron a Henry Izarra, militante de Vente Venezuela, y dos menores de edad que lo acompañaban, mientras que en Táchira los detenidos fueron un militante de Copei (Franklin Chacón Mendivelso), dos miembros Vente Venezuela (Víctor Geovanny Franco y su esposa), dos de Un Nuevo Tiempo (Marcos Dugarte y Elizabeth Verdú), tres mesoneros y una persona más que acompañaba a estos últimos al momento de la detención. Todos los detenidos ya fueron liberados, pero en algunos casos sus bienes y equipos de trabajo permanecen retenidos. En otros casos se mantienen distintas acciones de represalia.
En el caso de Henry Izarra, además de la retención de sus instrumentos de trabajo, enfrenta cargos por contaminación sónica, según información publicada por Diario de Los Andes. Izarra alquiló sus equipos de sonido para la concentración de Machado en la ciudad de Mérida el 25 de junio. Un video que circuló por redes sociales muestra que algunos de sus equipos sufrieron daños al ser trasladados por funcionarios policiales.
Walter Márquez, director del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven) y presidente de la Fundación El Amparo, dijo en rueda de prensa el pasado 9 de julio que, tras la visita de María Corina Machado al estado Táchira, también fueron detenidos conductores de unidades de transporte público y motocicletas (sin precisar cuántos), cuyos vehículos permanecen retenidos.
Ocho Inhabilitaciones políticas, nueve ataques contra inmuebles, vehículos y personas, y un impedimento a la libre circulación
El 19 de junio aparecieron inhabilitados para ejercer cargos públicos —en el Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE)— ocho alcaldes del estado Trujillo: Francisco Aguilar (municipio Andrés Bello), Dilcia Rojas (municipio Campo Elías), Yohanthi Domínguez (municipio Carache), Wuilmer Delgado (municipio Monte Carmelo), Cervando Godoy (municipio Márquez Cañizales), Keyver Peña (municipio Sucre), José Carrillo (municipio Urdaneta) y Heriberto Materán (municipio Motatán).
Estos mandatarios locales, cuyas inhabilitaciones no les fueron informadas directamente, ofrecieron su respaldo al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González, con quien se reunieron en Caracas tras la visita de María Corina Machado al estado Trujillo en el mes de mayo.
En cuanto a ataques contra inmuebles por razones políticas, el 23 de enero amanecieron pintadas con grafitis que decían #FuriaBolivariana paredes de tres sedes de partidos políticos en Mérida (Vente Venezuela, Primero Justicia y Acción Democrática). En Táchira, ese mismo día sufrieron el mismo ataque la sede de Vente Venezuela, la casa de una coordinadora municipal de ese partido, la sede de Fundaredes (ONG dirigida por el preso político Javier Tarazona) y las sedes estadales del Colegio de Ingenieros y el Colegio Nacional de Periodistas.
El 27 de junio, durante el recorrido de María Corina Machado por la zona norte del estado Táchira, desconocidos atacaron la caravana en su apoyo que salió de La Fría, municipio García de Hevia. Personas encapuchadas lanzaron tachuelas a la carretera desde un elevador, causando que se desinflaran los cauchos de la camioneta en la que se trasladaba la lideresa. Algunas de estas personas golpearon a quienes estaban al frente de la caravana y otro grupo les lanzó huevos.
Dos días después, el sábado 29 de junio, la camioneta en la que viajaba Machado de regreso a Caracas fue detenida en el peaje Buena Vista, municipio Monte Carmelo del estado Trujillo. Funcionarios de la policía estadal impidieron por unos minutos que el vehículo continuara su recorrido, sin justificación legal. «Nos están acosando, nos están persiguiendo», dijo la lideresa en un video grabado durante la retención que circuló en redes sociales.
Nueve visitas intimidatorias y sanciones contra locales comerciales
El primero de los estados andinos que visitó María Corina Machado en su gira política nacional fue Trujillo, los días 8 y 9 de mayo. Durante su estadía, ella y su equipo se hospedaron en el Hotel El Castillo, ubicado en La Puerta, municipio Valera. Días después, el 14 de mayo, una camioneta blanca sin identificación visitó el lugar. Según reporte de un medio de comunicación del estado, allí llegaron funcionarios gubernamentales para hacer una inspección.
La lideresa de Vente Venezuela estuvo en el estado Mérida los días 25 y 26 de junio. Tras su visita, funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) inspeccionaron un cafetín y un local de telefonía ubicados en Tabay (municipio Santos Marquina) y el Hotel San Felipe, ubicado en El Vigía (municipio Alberto Adriani).
La periodista Yanara Vivas del Diario de Los Andes detalló al ODH-ULA que el cafetín lo cerraron por varios días, mientras que el local de telefonía mantuvo su santamaría abajo por unas horas, mientras los funcionarios del Seniat estaban adentro, pero luego permaneció abierto. En el caso del Hotel San Felipe, el Seniat lo clausuró por 20 días, alegando que la empresa no contaba con facturas que fueron solicitadas durante la inspección.
Por su parte en San Cristóbal, capital del estado Táchira, cinco restaurantes fueron cerrados luego de que Machado y otros líderes de la PUD visitaran la entidad. El defensor de derechos humanos Walter Márquez precisó en una rueda de prensa que los establecimientos clausurados pertenecen a personas vinculadas con dirigentes políticos o militantes de partidos de la oposición.
Un asalto y un allanamiento a la propiedad privada
El martes 9 de julio Walter Márquez denunció ante la prensa que la vivienda donde se hospedó María Corina Machado en Táchira, ubicada en el municipio Guásimos, fue asaltada el 4 de julio por ocho hombres encapuchados que portaban armas de fuego. «Hicieron todo un dispositivo para tratar de buscar alguna evidencia que comprometiera a sectores de oposición y llevaban una pimpina de gasolina, preguntando por el camión que ella usó en su recorrido desde Palmira hasta la quinta avenida de San Cristóbal, para incendiarlo. Amordazaron a uno de los vigilantes, lo golpearon, a los otros los amenazaron de muerte, y les quitaron todos los equipos de comunicación», dijo Márquez.
Dos días después, ayer jueves 11 de julio, funcionarios de la División de Investigaciones Penales (DIP) y de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la misma vivienda que el 4 de julio fue asaltada, así como los galpones adyacentes de una empresa, perteneciente al mismo propietario: Ricardo Alberto Albacete Vidal. Este empresario fue detenido ayer en Caracas por la PNB y acusado este viernes 12 de julio por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, de estar vinculado a un supuesto sabotaje al sistema eléctrico nacional.
Durante el allanamiento a las propiedades de Albacete fueron retenidos en el sitio algunos de sus trabajadores. La esposa de Adelmo García, uno de ellos, dijo en un video difundido por la periodista Sebastiana Barráez que él permanecía retenido junto a otros trabajadores, sin que pudiera comunicarse.
El ODH-ULA rechaza la persecución política dirigida por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en todos los estados que visitan los líderes de la oposición, cuyo alcance se manifiesta en otras amenazas, intimidaciones y represalias contra trabajadores públicos que no han sido denunciadas, pero que esta organización ha conocido de manera extraoficial. Todas estas acciones constituyen violaciones de derechos humanos e incluso un crimen de lesa humanidad, además de socavar las condiciones democráticas necesarias para la celebración de elecciones libres y justas el próximo 28 de julio.
