Resumen
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia, Aula Abierta, y el Centro para la Paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela, registraron durante el mes de junio 23 casos relacionados con violaciones al derecho a la educación y otros derechos humanos en el contexto universitario, evidenciándose con ello que el Gobierno de Venezuela no respeta las obligaciones de garantizar, promover y proteger el derecho a la educación y la cultura y demás derechos humanos.
Este reporte contiene documentación de:
-14 denuncias por acoso presupuestario; deterioro de espacios universitarios por falta de presupuesto; transgresión de los derechos laborales por los retrasos en pagos de beneficios; vulneración de los derechos estudiantiles debido a que el gobierno no asigna presupuesto suficiente para cubrir los beneficios de los jóvenes universitarios como: becas y comedor; la continua violación a la autonomía por la persistente intervención del gobierno dentro de las instalaciones universitarias; y los perjuicios al desarrollo de actividades académicas por las deficiencias de servicios básicos.
-2 denuncias vinculadas a la pérdida de la planta profesoral de la Universidad Central de Venezuela y la deserción de estudiantes de la Universidad de Los Andes, Núcleo Rafael Rangel, estado Trujillo.
-1 denuncia por imposición de normas ilegales en relación con el reclamo de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar para que se dé el llamado a elecciones de autoridades universitarias.
-1 denuncia por agresión vinculada a las amenazas e intento de usurpación en la sede de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, núcleo el Mácaro.
– 5 denuncias sobre un caso de violencia basada en género ocurrido dentro de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana y las acciones que en otras universidades del país se han implementado para prevenir y sancionar la violencia basada en género y discriminación.
