(Mérida, 31/08/2024).- La represión que ejecuta el régimen de Nicolás Maduro, y que ha aumentado exponencialmente tras el anuncio de resultados electorales sin pruebas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), no afecta solo a las 1.581 personas detenidas por persecución política desde el pasado 29 de julio, según cifras del Foro Penal. Abogados y defensores de derechos humanos también son agredidos por funcionarios del Estado al impedir su asistencia legal a los detenidos y atacar el trabajo que hacen las organizaciones de DD. HH.
En Mérida, el equipo de abogados del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) no ha podido representar la defensa legal de ninguna de las 38 personas detenidas desde el 28 de julio, según registro de esta organización. El impedimento responde a una orden emitida por funcionarios del Ministerio Público en Caracas, según información dada a los abogados por militares del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ubicado en el sector La Mata, lugar donde fueron recluidos en un primer momento los detenidos.
Ningún abogado privado ni miembro de ninguna organización defensora de derechos humanos ha podido representar legalmente a los detenidos tras las elecciones, en ningún estado del país. A todas estas personas les fueron asignados defensores públicos impuestos desde Caracas, violando el derecho a elegir la defensa que sea de confianza para ellas, establecido en el artículo 49 de la Constitución nacional, el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Ministerio Público impide a defensores públicos estadales asistir a los detenidos
El equipo legal del ODH-ULA conoció que las personas detenidas en Mérida tras las elecciones del pasado 28 de julio tampoco contaron con la defensa legal de defensores públicos del estado. Estos últimos asistieron a las audiencias de presentación, que se hicieron vía telemática en el Comando de la GNB ubicado en el sector La Mata de la ciudad de Mérida, sin poder ejercer defensa, pedir derecho de palabra, objetar ni pedir nulidad. Solo estaban allí observando lo que ocurría.
Estos defensores públicos estadales tampoco han podido acceder a los expedientes de los imputados. Abogados del ODH-ULA han conversado con algunos de estos defensores públicos y afirman que han tratado de comunicarse con sus pares en Caracas, quienes asistieron vía telemática a las audiencias de presentación, pero estos no les atienden las llamadas. Hasta la fecha, los defensores públicos de Mérida desconocen qué ha ocurrido con la defensa de las personas detenidas en el estado tras las elecciones.
La ocultación de expedientes ocurre incluso en los tribunales de terrorismo en Caracas, desde donde se hicieron las audiencias telemáticas de los detenidos en todo el país. Este observatorio pudo conocer que un abogado privado se trasladó hasta el tribunal de terrorismo en Caracas que lleva la causa de un detenido en el interior del país, quien renunciaba por escrito a la defensa pública y solicitaba que este abogado lo defendiera. El juez no quiso atenderlo y el personal administrativo que lo atendió se negó a recibir el escrito con la petición del detenido, alegando que en ese tribunal no tenían el expediente del caso. La ausencia de ese expediente constituye otra transgresión legal, ya que la audiencia de presentación de esa persona, donde le imputaron delitos, se hizo sin conocer el caso.
Ataques a defensores y organizaciones de derechos humanos
El pasado 15 de agosto la Asamblea Nacional aprobó la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Esta legislación, conocida como Ley anit-ONG, «castiga la asistencia a víctimas y la defensa de los derechos humanos», señaló en un comunicado Amnistía Internacional.
Aunque dicha ley aún no ha entrado en vigencia, el hostigamiento contra defensores y organizaciones de derechos humanos en Venezuela, ejercido por el Estado, ha aumentado en el contexto electoral. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 56 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos durante julio de este año. Según esta organización, esos ataques «reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la política de criminalización».
La aprobación de la Ley anti-ONG ocurrió el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) publicaron un comunicado conjunto donde condenan las prácticas de violencia institucional cometidas en Venezuela en el marco del proceso electoral. «El régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder», dice el comunicado.
Los ataques y señalamientos del Estado contra organizaciones y defensores de derechos humanos no son nuevas en Venezuela, aunque han aumentado tras las elecciones. Abogados del ODH-ULA han recibido acusaciones infundadas emitidas públicamente por jueces y fiscales durante audiencias orales y públicas de casos donde ejercen la defensa legal de víctimas de violaciones de derechos humanos. Estos señalamientos apuntan a descalificar el trabajo de los abogados de este observatorio e impedir que las víctimas sean adecuadamente asistidas por ellos.
El ODH-ULA rechaza el hostigamiento y las limitaciones al trabajo que hacen abogados y defensores de derechos humanos en Venezuela, gracias a cuya labor se han podido visibilizar casos, cifras y patrones de violaciones de derechos humanos que no son informados por el Estado. La escalada de agresión y reducción del espacio cívico en Venezuela atenta contra la democracia que consagra la Constitución nacional.
