(30/11/2024).- El 21 y 22 de noviembre de 2024 se realizó la III Conferencia de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CAFA-CLAA) en la Universidad de Notre Dame, ubicada en Washington DC, Estados Unidos. A través de videoconferencia, Mayda Hočevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), y Holaya Peña, coordinadora de la Comisión de la Mujer de la misma institución (ULA Mujer), participaron con sendas ponencias.
El programa de la Conferencia incluyó la participación de 37 ponentes que son parte de universidades, instituciones, organizaciones, observatorios, dependencias y centros de investigación sobre libertad académica, autonomía universitaria y derechos humanos de profesores, estudiantes y trabajadores universitarios. Los participantes provenían de nueve países de las Américas, entre ellos Venezuela, con la representación de Hočevar y Peña por la ULA y de Ricardo Villalobos por la ONG Aula Abierta.
El primer día de la Conferencia se abordaron temas como las normas, políticas y retos para la aplicación de la libertad académica; la reducción de los espacios académicos; y la relación entre libertad de expresión y libertad académica. La jornada cerró con la presentación del Informe «Free to Think» 2024 de Scholars at Risk, una organización internacional que trabaja para proteger a los académicos amenazados y promover la libertad académica en todo el mundo.
Los temas tratados durante el segundo día de la Conferencia fueron: organización y movilización estudiantil; perspectivas de América Latina sobre la libertad académica; protocolos contra la violencia de género; y acoso sexual y de género en la educación superior. La Conferencia cerró con un llamado a la acción por parte de Camilla Croso, directora de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA), y Salvador Herencia-Carrasco, miembro del Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Canadá.
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Suspensión de elecciones universitarias en Venezuela
Durante el primer día de la Conferencia se desarrolló el panel dedicado a exponer la reducción de los espacios académicos en las Américas. Allí participó la directora del ODH-ULA, con una ponencia titulada «Suspensión de elecciones universitarias. Otro patrón de violación a la autonomía universitaria en Venezuela».
Mayda Hočevar explicó cómo el gobierno venezolano ha pretendido abolir el autogobierno de las universidades tradicionalmente autónomas, a través de intentos de imponer reglamentos que violan la Constitución nacional y la Ley de Universidades vigente, así como sentencias tribunalicias sin fundamento legítimo para impedir y suspender elecciones universitarias.
La directora del ODH-ULA señaló que la suspensión de elecciones universitarias ha sido una política de Estado desde 2007, cuando el entonces presidente Hugo Chávez quiso reformar la Constitución. «Esa reforma incluía una disposición constitucional relativa a la autonomía universitaria, modificando el proceso de elección de las autoridades implementando criterios populistas, como obligar a incluir al personal administrativo y obrero en los procesos de elección de autoridades y con voto paritario, despojando así a los profesores de todo poder decisorio dentro de la universidad. Aunque el referendo no fue aprobado, los cambios propuestos en la reforma fueron introducidos de facto, mediante decretos ejecutivos y leyes», detalló Hočevar.
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En el año 2009, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE), sin mediar consulta alguna y violando la normativa vigente y los propios reglamentos electorales de las universidades. Ese mismo año las universidades autónomas del país solicitaron la nulidad de la LOE ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero nunca recibieron respuesta. Desde 2011 y hasta 2023 no hubo renovación de autoridades en las universidades autónomas, debido a una sentencia de la Sala Electoral del TSJ que prohibió la realización de elecciones universitarias.
En 2023 la Universidad Central de Venezuela (UCV) logró hacer elecciones de autoridades, tras reformar su reglamento interno para incluir a diversos sectores universitarios, aunque sin voto paritario. Siguiendo este ejemplo, la ULA y la Universidad de Carabobo (UC) convocaron a elecciones utilizando el mismo reglamento electoral de la UCV, pero el TSJ ordenó suspenderlas, sin proporcionar ningún fundamento legal.
«En Venezuela no existe una justicia independiente y el TSJ es solo el brazo judicial del Poder Ejecutivo. El poder judicial se ha usado para intervenir la autonomía universitaria y la libertad académica a través de sentencias que han interferido en planes y programas académicos, en la evaluación de estudiantes, en los procesos de admisión estudiantiles e incluso han servido para la persecución de profesores», resaltó Hočevar.
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Protocolos contra la violencia de género en universidades venezolanas
La coordinadora de ULA Mujer y de la Comisión General Contra la Violencia Basada en Género y Discriminación de esta universidad, Holaya Peña, participó en el panel dedicado a los protocolos contra la violencia de género, presentado en el segundo día de la Conferencia.
Peña dictó una ponencia titulada «Las universidades venezolanas ante la violencia de género y la discriminación», donde explicó el estado actual de la atención a estos tipos de agresiones en las instituciones académicas del país. Su introducción dejó claras las necesidades existentes: «En Venezuela las universidades, en su mayoría, carecen de normativas y políticas para enfrentar la violencia de género en el ámbito académico, así como de recursos y personal capacitado para actuar».
Sin embargo, este 2024 la ULA se convirtió en la primera universidad pública de Venezuela en aprobar un reglamento interno para prevenir y atender la violencia basada en género. Antes lo hizo la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), casa de estudios privada y pionera en la materia, que el 15 de septiembre de 2020 puso en vigencia su Protocolo para la prevención y atención en casos de acoso y violencia sexual.
En 2023, la Universidad Metropolitana (Unimet), también privada, actualizó su Reglamento de convivencia y régimen disciplinario, que incluye medidas para prevenir y sancionar el acoso sexual y otras formas de violencia cometidas dentro de sus espacios. Más recientemente, el 3 de julio de 2024, el Consejo Universitario de la UCV aprobó el Protocolo contra el abuso, violencia, acoso y discriminación, convirtiéndose así en la segunda universidad pública y la cuarta del país en sancionar la violencia basada en género.
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Si bien la aprobación de reglamentos y protocolos constituye importantes avances para prevenir, educar y sancionar sobre violencia basada en género en instituciones de educación superior, Peña también se refirió a los patrones que existen en las universidades venezolanas y que evidencian la discriminación por razones de género en espacios académicos. Entre ellos destacan: la subrepresentación de mujeres en cargos de autoridad, la desestimación de denuncias ante órganos universitarios, la discriminación por estereotipos de género y la falta de capacitación y sensibilización en el personal docente y administrativo sobre la materia.
«La perspectiva de género y la libertad académica son conceptos que no solo son compatibles, sino que se entrelazan y se fortalecen entre sí. Por ello, la integración de la perspectiva de género en el ámbito académico es fundamental para fomentar un entorno de igualdad de oportunidades, diversidad de ideas y una investigación libre de sesgos, lo que a su vez contribuye al desarrollo del país», concluyó Peña.
ULA Mujer y el ODH-ULA celebran la existencia de espacios internacionales como esta Conferencia, donde la situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en distintos países es expuesta y discutida entre pares, con el fin de acordar acciones y juntar esfuerzos con el objetivo común de fortalecerlas como pilares fundamentales de la democracia y el desarrollo de las naciones.