(Mérida, 29/01/2025).- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha registrado en lo que va de año al menos 30 expresiones de rechazo hechas por universitarios y académicos venezolanos frente a la proclamación y juramentación de Nicolás Maduro como presidente electo, sin presentar actas que lo certifiquen como ganador. Estas manifestaciones han ocurrido en 15 universidades y siete academias del país, mediante comunicados y/o pancartas puestas en distintos espacios.
Horas antes de la toma de posesión de Maduro el pasado 10 de enero, el profesor y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Juan Carlos Apitz, emitió a través de sus redes sociales un comunicado en el que enumeraba las faltas que con ese acto se hacían a la Constitución nacional (específicamente al artículo 231), a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (artículos 144 y 155) y a su Reglamento General (artículos 373 y 395).
Tras la ilegítima juramentación de Maduro para un tercer mandato presidencial, representantes estudiantiles, profesores, autoridades y académicos manifestaron su rechazo a través de distintos comunicados, así como mediante pancartas expuestas en espacios universitarios con la cifra de la cantidad de votos que habría obtenido Edmundo González Urrutia, según las únicas actas que han sido publicadas hasta ahora por la oposición.
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Comunicados estudiantiles de al menos 14 universidades
El mismo día de la cuestionada juramentación, representantes estudiantiles de tres universidades públicas y tres privadas también emitieron un comunicado: «Desconocemos la juramentación ilegítima perpetrada por el gobierno de Nicolás Maduro el día 10 de enero de 2025, ya que sin totalización (de las actas de votación), no puede haber juramentación (…) La voluntad del pueblo no escogió a Nicolás Maduro como presidente, por lo tanto, su juramentación carece de legitimidad de origen», dice el documento.
Los representantes de movimientos estudiantiles de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Monteávila (UMA), Universidad Metropolitana (Unimet) y Universidad de los Andes (ULA) también exigieron el cese de la persecución política contra estudiantes y jóvenes venezolanos, así como la liberación universitarios que permanecen detenidos tras las elecciones presidenciales.
En la red social X, la cuenta Jóvenes con Venezuela (@JovenesConVzla_), que reúne a la juventud afiliada al partido político Vente Venezuela, publicó otros comunicados atribuidos a movimientos estudiantiles de la Universidad de Oriente (UDO), la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), la Universidad Santa María (USM), la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de Carabobo (UC), la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), la Universidad Yacambú (UNY) y la Universidad Nacional Experimental Politécnica «Antonio José de Sucre» (UNEXPO).
Cuatro comunicados de autoridades, académicos y Fapuv
El 11 de enero, el Consejo Universitario de la UCV emitió un comunicado donde manifestaba su «profunda preocupación por la situación del país desde las movilizaciones del 29 de julio de 2024, cuando ejerciendo el derecho constitucional a la protesta pacífica amplios sectores de la sociedad expresaron su voluntad soberana de defender los resultados de la elección del día 28, en circunstancias en que el Consejo Nacional Electoral procedió a la proclamación de un ganador incumpliendo disposiciones legales imprescindibles. Esta irregularidad desembocó en el acto de juramentación llevado a cabo ayer 10 enero de 2025, con grave menoscabo de la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad electoral del país».
Tres días después, el 14 de enero, siete academias venezolanas publicaron un comunicado conjunto en el que manifestaron su solidaridad «con la angustia del pueblo venezolano, ante la toma de posesión presidencial realizada en ausencia de la publicación de los resultados oficiales desagregados por parte del Consejo Nacional Electoral como autoridad competente». Los académicos destacaron la obligatoriedad que tiene el Estado de respetar la Constitución nacional y los tratados internacionales de los que Venezuela es signataria.
El 18 de enero, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) publicó un comunicado donde señala «la profundización y extensión de la represión» tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, «para imponer un resultado sin sustentación ni verificación alguna». El comunicado también exige la libertad plena de los profesores universitarios que continúan siendo presos políticos: Javier Tarazona (UPEL), Rocío San Miguel (UCV), Eduardo Labrador (LUZ), Jesús Armas (UCV) y Enrique Márquez (LUZ).
Más recientemente, el pasado 22 de enero, el Consejo Universitario de la UCV emitió otro comunicado en el que expresó su profunda preocupación por la crisis que atraviesa el país y que ha empeorado tras las elecciones presidenciales y la posterior juramentación de Nicolás Maduro. «Si bien es de larga data la crisis en todas las esferas del acontecer nacional, preocupa observar su empeoramiento a partir del último proceso electoral», dice el escrito.
Además de estos, el ODH-ULA ha registrado otros comunicados universitarios en rechazo a la juramentación de Maduro y a la ausencia de resultados oficiales de las elecciones presidenciales, emitidos por Facultades de distintas universidades del país.
Al menos 11 pancartas por el respeto a la voluntad popular y en rechazo a la juramentación de Maduro
Según registros del ODH-ULA, hechos a partir de publicaciones en medios de comunicación y redes sociales de representantes y movimientos estudiantiles, en lo que va de enero se han desplegado al menos 11 pancartas en rechazo a la juramentación ilegítima de Maduro en al menos nueve espacios de cinco universidades: UCV, ULA, UCAB, UCLA y LUZ.
Las primeras dos pancartas de las que se tiene registro fueron puestas el lunes 13 de enero en el edificio del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, donde se leía: «7.443.584 votos. La verdad siempre vence la sombra». Al día siguiente también aparecieron dos pancartas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes (ULA), en Mérida, que decían: «No más presos. Venezuela libre, art. 231», en referencia al principio constitucional que determina la fecha de la toma de posesión del presidente electo.
Tres días después, el 16 de enero, otra pancarta fue desplegada en la capital del país, específicamente en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Esta decía: «Tenemos 7.443.584 pruebas de la verdad. Viviremos en libertad». Luego, el 22 de enero, estudiantes de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) desplegaron por poco tiempo una pancarta en uno de los edificios de esta institución, ubicada en el estado Lara. «La verdad gana. 7.443.584», se leía.
Entre el 20 y el 23 de enero, otras cuatro pancartas se vieron en Mérida, específicamente en la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA. Una de ellas decía: «El 23 de enero nos enseñó a luchar. Nunca más dictadura», en alusión al derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez ocurrido el 23 de enero de 1958.
Más recientemente, este lunes 27 de enero, se fotografió una pancarta desplegada en la pasarela de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia (LUZ), que decía: «Después de las nubes, siempre saldrá la verdad: 7.443.584 votos».
El miedo instaurado por el terrorismo de Estado, que ejerce con mayor represión el régimen venezolano tras las elecciones presidenciales, impide que muchas de estas manifestaciones pacíficas, consagradas como un derecho ciudadano en la Constitución nacional y que forman parte del derecho humano a la libertad de expresión, se mantengan o siquiera lleguen a publicarse. De allí la dificultad de registrarlas en su totalidad.
El ODH-ULA se une a la exigencia que universitarios y académicos hacen al Estado venezolano de respetar la voluntad popular de la ciudadanía expresada en las urnas el pasado 28 de julio. La única forma de garantizar ese respeto es la publicación de todas las actas electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), para que sean sometidas a una verificación independiente y transparente, como debe ocurrir en todo sistema democrático.
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