(Mérida, 16/03/2025).- El 16 de marzo de 2022 fue la última vez que el gobierno venezolano aumentó los sueldos de la administración pública. Hoy se cumplen tres años y el sueldo mínimo, que entonces representaba 30 dólares americanos, no llega a los dos dólares. El mayor sueldo base de un profesor universitario, por su parte, es apenas USD 7,84 al cambio de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Hace tres años, ese mismo sueldo representaba USD 121,71.
La precarización de sueldos y salarios en Venezuela aumenta al tiempo que lo hace la politización de pagos del régimen a través del sistema patria. Pero no solo es un asunto político: lo más grave es que los llamados «bonos», que superan en más de 1.100 % el mayor sueldo universitario, no tienen impacto en la contratación colectiva. El sistema de jubilaciones y la seguridad social fueron aniquilados por el gobierno de Nicolás Maduro.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), como dependencia universitaria que hace seguimiento a la situación de las universidades venezolanas, los derechos de los universitarios y los derechos humanos en la región andina, registra con preocupación una acelerada devaluación del bolívar en lo que va de año. Entre el 2 de enero y este 16 de marzo, la moneda nacional ha perdido 27,93 % de su valor con respecto del dólar americano.
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«Bono contra la guerra económica» tampoco alcanza
El pasado viernes 14 de marzo el gobierno pagó el llamado «bono contra la guerra económica» a los trabajadores públicos que están inscritos en el sistema patria. El pago fue de 5.940 bolívares, que al cambio de ese día eran 89,41 dólares. Este es el máximo ingreso mensual que recibe un empleado público.
Según datos publicados el pasado 22 de febrero por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la Canasta Alimentaria Familiar cuesta USD 476,82. Esto no incluye lo demás gastos básicos que no son alimentación, como servicios públicos —cuyos costos aumentan silenciosamente—, alquiler y/o condominio, internet, gasolina o transporte público, medicamentos, consultas médicas, entre otros.
La precariedad salarial de los universitarios es aún peor para los jubilados, quienes no reciben pago para gastos de alimentación —el antiguo cestaticket—. El ODH-ULA conversó con un profesor jubilado de la ULA con categoría Titular a Dedicación Exclusiva, doctorado y más de 25 años de servicio, cuya última quincena —pagada el pasado 10 de marzo— fue de 507,26 bolívares. En el último mes este profesor recibió, entre sueldo y bono, el equivalente a unos 105 dólares, es decir, apenas 22 % del costo de la canasta alimentaria.
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Control de nóminas universitarias por sistema patria suma casi cuatro años
Hace casi cuatro años, el 26 de abril de 2021, el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (CU-ULA) aprobó enviar —bajo protesta y por razones humanitarias— la data de su nómina a la Oficina de Presupuesto del Sector Universitario (OPSU). Esto ocurrió luego de que este ente informara en marzo de ese año, vía Telegram, la decisión gubernamental —contraria a la ley y la Constitución— de transferir el pago de los sueldos universitarios al sistema patria.
Desde entonces, el pago de sueldos y salarios universitarios no es competencia de la ULA, como no lo es de ninguna universidad pública del país. Esto constituye una violación del artículo 9, numeral 4, de la Ley de Universidades, que establece la «autonomía económica y financiera, para organizar y administrar su patrimonio» que deben tener todas las universidades autónomas.
El pago de nóminas universitarias a través del sistema patria también trasgrede lo establecido en el artículo 109 de la Constitución nacional: «Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley».
El ODH-ULA rechaza, una vez más, la asfixia a las universidades que impone como política de Estado el gobierno venezolano desde el año 2008. Asimismo, esta dependencia universitaria recuerda que los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria señalan que, para garantizar la autonomía de las instituciones académicas, «la distribución de recursos no puede convertirse en una herramienta de ataque contra instituciones y grupos académicos, ni de amenaza al pensamiento crítico».
