*** Formalizaron denuncian por ante el Ministerio Público
Mérida 24/07/2017.- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) registró nuevas violaciones a los estándares mínimos policiales de proporcionalidad, cuando un grupo de seis efectivos de la policía municipal de Campo Elías (Ejido) apuntó y maltrató verbalmente a 13 jóvenes pertenecientes a la brigada de Primeros Auxilios ULA.
El hecho ocurrió el pasado jueves 20 de julio a las 6:30 de la tarde aproximadamente, en la calle Ayacucho de la ciudad de Ejido, vía el cementerio municipal, cuando los 13 jóvenes caminaban por el lugar tras cumplir con su deber de atender a los heridos que dejó la represión a manifestantes de la avenida Centenario.
Los jóvenes denunciaron que el funcionario identificado como Pedro Alarcón comandó el grupo de cinco policías quienes los interceptaron, los apuntaron con sus armas de fuego directo al cuerpo, los fotografiaron, les arrancaron los bolsos donde trasladan los insumos y los insultaron por la tarea que desempeñan atendiendo a los heridos.
Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA se cuestiona la acción policial que viola los estándares mínimos policiales de proporcionalidad cuando se refiere a la prudencia y cuidado en el uso de armas de fuego.
Es conocido por todo funcionario policial que no se debe apuntar a una persona que no esté suponiendo peligro y menos aún si está desarmada.
Lo ocurrido, además de dejar en evidencia como actúa la fuerza pública en cuanto al acoso y amedrentamiento de los que fueron víctimas los jóvenes, pone en riesgo, de manera injustificable, la vida e integridad física de los 13 ciudadanos que integran una brigada de asistencia médica.
Este lunes en horas de la mañana las víctimas, asistidas por el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, formalizaron la denuncia por ante el Ministerio Público y solicitaron medida de protección, en virtud de que los funcionarios policiales los amenazaron, en caso de denunciar lo ocurrido.
El ODH-ULA expresa su preocupación por el total irrespeto de los efectivos policiales a las normas del derecho humanitario que prohíbe atacar a organizaciones de salud y personal sanitario, dedicado a atender heridos.
Otro caso registrado por el ODH-ULA es el de la colaboradora Nancy Conteras, quien al documentar lo ocurrido el 20 de julio en la población de Tovar fue amenazada y amedrentada por funcionarios de Polimérida.
A Conteras los uniformados la amenazaron con dejarla detenida si seguía investigando sobre el paradero de las personas detenidas arbitrariamente en Tovar el pasado jueves cuando se realizó el paro cívico. / Prensa ODH-ULA
