25 al 31 de julio de 2021
Estado venezolano sigue vulnerando la autonomía universitaria
El 28 de julio de 2021, fue firmada la IV Convención Colectiva por el Ministerio del Poder popular para la Educación y el Ministerio de Educación Universitaria, en conjunto con la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV) .
La I, II, III y IV Convención Colectiva han sido ilegales, ya que no han considerado la participación para la discusión de los legítimos representantes patronales y gremiales del sector académico tales como la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV).
Mario Bonucci Rossini, Rector de la Universidad de Los Andes (ULA) rechazó la imposición de las tablas salariares y comparó el sueldo de un profesor universitario y el de trabajador del sector privado. Un profesor ganará un salalrio de base de USD $11,5. Un cajero de una conocida cadena de tiendas en Mérida gana USD$110 mensuales.[1]
El 26 de julio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) y sus Relatorías Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) y para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación por el menoscabo de la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela.[2]
Exigen celeridad en el diagnóstico de covid-19 en regiones andinas
El 26 de julio de 2021, Ramón Guevara, gobernador del estado Mérida, exigió al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) habilitar el laboratorio de Microbiología de la Universidad de Los Andes (ULA), con el objetivo de dar celeridad al proceso de diagnóstico de covid-19, a través de pruebas PCR. [3]
El 18 de marzo de 2020, al laboratorio de Microbiología de la ULA le fue aprobada la certificación por el MPPS para realizar las pruebas diagnósticas sin embargo nunca le fueron dotados los insumos. El 22 de marzo de 2020, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), introdujo una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, para exigir la dotación de insumos al laboratorio de la ULA, para que se realicen pruebas PCR, la exigencia ha sido ratificada por el ODH-ULA al menos 15 veces.
Por otra parte Freddy Galvis, Subdirector del Nocosomio señaló que en el Hospital Central de San Cristóbal, estado Táchira se han registrado, entre mayo de 2021 a julio de 2021, ocho casos de mujeres embarazadas con covid-19, dos de las cuales fallecieron durante la última semana. ,[4] Galvis explicó que el incremento de contagios en mujeres embarazadas se debe a que presentan una inmunosupresión, la cual las hace más vulnerables. Mohebia Sosa, Directora del Hospital, expuso que la situación empeora porque los resultados de las pruebas por covid-19 están tardando mínimo 10 días.
El ODH-ULA exige al Ministro de Salud Carlos Alvarado, que el Laboratorio de Microbiología de la ULA reciba los suministros necesarios para la realización de pruebas PCR, además hace énfasis en la necesidad de que el Estado garantice el suministro continuo y eficiente de servicios de salud esenciales para prevenir contagios. El precario y cada vez más deficiente funcionamiento de los servicios básicos en Venezuela impide enfrentar adecuadamente la pandemia por coronavirus.
Defensores de FundaRedes: 1 mes de detención arbitraria
El Director de Fundaredes Javier Tarazona, fue detenido ilegítimamente el pasado 2 de julio de 2021, actualmente se encuentra incomunicado y enfermo, así lo denunció el 28 de julio de 2021 el dirigente político César Pérez Vivas.[5]
Vivas detalló que el cuadro médico de Tarazona es de flebitis en la pierna derecha, que es la inflamación de las paredes venosas, un cuadro de hipertensión y diabetes. El defensor requiere de tratamiento continuo, situación que se complica por las precarias condiciones de detención.
Tarazona fue detenido junto a Omar de Dios y Rafael Tarazona cuando acudió a la sede del Ministerio Público del estado Falcón a denunciar hostigamiento por funcionarios de Polifalcón y el Sebin. En vez de ser tratado como víctima, fue apresado. Los tres defensores fueron imputados por incitación al odio, terrorismo y traición a la patria.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, considera que estas detenciones ilegales, forman parte de la reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización que se vive en Venezuela.
El Director de FundaRedes fue la voz que informó, a falta de datos oficiales, acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y grupos de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) hecho que provocó un saldo indeterminado de fallecidos.
[1] Bonucci, M. [@Bonuccimario]. (31 de julio de 2021). 11,5$ de base ganará un profesor titular, al que han degradado con el eufemismo de «trabajador docente». Un cajero de. [Tweet].[imagen adjunta].Twitter. https://twitter.com/bonuccimario/status/1421477021721538563/photo/1
[2] ODH-ULA. (27 de julio de 2021). CIDH señala violaciones a la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela. ULADHH. https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/07/27/cidh-senala-violaciones-a-la-autonomia-universitaria-y-la-libertad-academica-en-venezuela/
[3] Agusmir Guarache, A. (26 de julio de 2021). Ejecutivo regional solicitó habilitar laboratorio de microbiología de la ULA. Mérida Noticia. http://meridanoticia.com/ejecutivo-regional-solicito-habilitar-laboratorio-de-microbiologia-de-la-ula
[4] Duque, M. (29 de julio de 2021). Dos mujeres embarazadas fallecieron por COVID-19 en una semana. ElPitazo. https://elpitazo.net/los-andes/tachira-dos-mujeres-embarazadas-fallecieron-por-covid-19-en-una-semana/
[5] Pérez, Cesar. [@CesarPerezVivas]. (28 de julio de 2021). @javiertarazona
, preso actualmente en el Sebin está enfermo. Tiene una flebitis en la pierna derecha, un cuadro de hipertensión y. [Tweet].Twitter. https://twitter.com/CesarPerezVivas/status/1420372008320241666
