18 al 24 de febrero de 2022
Ulandinos protestan por cuarta vez este año
El 21 de febrero de 2002, trabajadores universitarios protestaron por cuarta vez, siendo el punto de encuentro el edificio del rectorado de la Universidad de Los Andes (ULA). Según expresó el rector de la ULA, profesor Mario Bonucci Rossini, el Consejo Universitario acompañó a los trabajadores en la actividad de protesta, ya que los bajos salarios, el déficit presupuestario e incluso todo lo relacionado con las providencias estudiantiles, son problemas que atañen a todos los universitarios [1].
Por su parte, Dionis Dávila y Alejandro Fernández, presidente y secretario de organizaciones del Sindicato de Profesionales de la ULA, respectivamente, aludieron a los deficientes sueldos y salarios, indicando este último que « …estamos muertos en vida, no tenemos ni siquiera un seguro médico» [2]. Sobre el particular es oportuno señalar que según se informó el 22 de febrero de 2022, en el Núcleo Rafael Rangel (ULA), estado Trujillo, trabajadores de vigilancia denunciaron sueldos insuficientes y el deterioro de sus uniformes y zapatos ya que desde hace 5 años no se les dota de los mismos [3].
Foto cortesía: Sociedad Civil Activa Mérida
Sin duda alguna, la inexistente protección social y los deplorables sueldos y salarios, han contribuido con las renuncias del personal docente, profesional, administrativo, técnico y obrero en las universidades. Según monitoreo del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODH-ULA), para julio de 2021 había
2.004 profesores activos [4], es decir, 883 menos que en el año 2016, lo cual significa que en ese periodo la deserción alcanzó un 31%, por ello es urgente que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria se avoque a la solución de la problemática.
16 incidentes de seguridad en la ULA en lo que va de 2022
El 19 de febrero de 2022, el profesor Ronald Antúnez, director de deportes (ULA) informó que delincuentes ingresaron a instalaciones del Complejo Polideportivo Luis E. Ghersi Govea (ULA), en Mérida, y luego de forzar la puerta metálica, sustrajeron un taladro, un artefacto para el corte de las áreas verdes y algunos materiales para su limpieza [5]. En tal sentido, hizo un llamado a las autoridades competentes para que hagan patrullaje ya que estos no son solo bienes de la universidad sino de todos [6]. Este es el segundo incidente ocurrido en el complejo en lo que va de año.
Foto cortesía: Pf. Ronald Antúnez
Es pertinente destacar, que según informe del ODH-ULA sobre situación de las universidades en Venezuela del mes de enero, en los últimos tres años, sólo en la ULA se han incrementado 34,1%, los incidentes de seguridad (entre robos, hurtos, actos de vandalismo e invasiones), documentándose así 175 hechos entre 2019 y 2021 [7].
En comparación con los dos primeros meses de 2021, en los que se registraron 14 incidentes, el 2022 ya ha registrado 16, esto es preocupante porque la tendencia es ascendente ante la ausencia de medidas eficaces para paliar la grave situación de inseguridad en la universidad.
Ver más: https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2022/02/1.REPORTE-enero-2022.pdf
Falta de agua en el Núcleo La Liria afecta a más de 1.500 universitarios
Desde hace 87 días el 75% del Núcleo la Liria (ULA) carece del servicio de agua potable debido al daño en la última bomba que aún estaba operativa en dicho núcleo, la cual dejó de funcionar el 30 de noviembre de 2021 [8].
La profesora Mery López, decana de la Facultad de Humanidades (ULA), indicó que el daño del sistema de bombas afecta al menos a 1.300 estudiantes, más de 130 profesores y más de 100 miembros del personal profesional, administrativo, técnico y obrero, y que actualmente, la poca agua que obtienen para la limpieza es a través de un baño de la cafetería a la cual le llega agua proveniente de la Facultad de Ciencias Jurídicas [9].
El 11 de enero de 2022, la decana le entregó una comunicación e informe al gobernador del estado Mérida explicando la situación y solicitando ayuda debido a la falta de presupuesto universitario, pero no ha obtenido respuesta [10]. Posteriormente solicitó ayuda al Alcalde del municipio Libertador, estado Mérida y este se comprometió públicamente a aportar el valor de la mitad de los costos para la reparación, pero hasta el momento eso no se ha concretado. De no solventarse la grave situación no será posible la implementación de semestres bajo la modalidad presencial [11].
Resaltamos que la grave situación del Núcleo, afecta igualmente a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (ULA), lo cual suma más áreas problemáticas a las ya existentes e influye significativamente en el desarrollo de actividades presenciales de los estudiantes y en el derecho de trabajadores universitarios a gozar de condiciones adecuadas para laborar.
Ver más: https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2022/01/01/boletin-andino-de-derechos-humanos-n-126/
Ministerio Público continúa dilatando el juicio de Steven García Sanz
Este 23 de febrero de 2022, tuvo lugar audiencia en el caso de Steven García Sanz en el Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Mérida. Según el abogado Iván Toro, coordinador del departamento legal del ODH-ULA, la fiscalía ha contribuido con la dilación del juicio de Steven al presentar a cuentagotas la lista de testigos y sus direcciones, aun cuando debió entregarla en sobre cerrado al consignar la acusación [12].
Debe destacarse que desde que inició el juicio en el mes de septiembre de 2021, la juez de juicio ha remitido 27 oficios al ministerio público solicitando la consignación de esa lista sin que hubiera sido posible el cumplimiento de tal mandato. Es solo cuando la juez advierte el cierre del debate para conclusiones, que estos consignan la lista de unos 32 testigos y posteriormente, de 5 testigos más, evidenciándose así su actuación de mala fe con el objetivo de generar retardo procesal y mantener detenido a Steven García.
Con tales actuaciones, fiscales violan el artículo 285 de la Constitución Nacional [13], que establecen su deber de garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales y el cumplimiento de pactos, tratados y convenciones internacionales, al igual que procurar juicios breves, la buena marcha de la justicia y el debido proceso [14].
Desde el ODH-ULA denunciamos la participación de fiscales en la violación de los derechos humanos de Steven García iniciada con su acusación sin pruebas y agravada con la dilación injustificada del proceso. Se recuerda igualmente que este 27 enero de 2016, se cumplieron 6 años desde su detención arbitraria.
[1] Declaraciones del Prof. Mario Bonucci del 21.02.2022.
[2] Declaraciones de Dionis Dávila y Alejandro Fernández del 21.02.2022.
[3] Linares, G. (22 de febrero de 2022). Vigilantes del Nurr reclaman justas reivindicaciones. https://prensanurrula.blogspot.com/2022/02/vigilantes-del-nurr-reclaman.html
[4] Situación Universidades en Venezuela: agosto 2021. (ODH-ULA). Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. Pág. 11. https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/8.-Reporte-Agosto-2021…pdf
[5] Entrevista telefónica realizada al Prof. Antúnez del 23.02.2022.
[6] Ídem.
[7] Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (2022). Reporte mensual: situación de las universidades en Venezuela. Enero, 2022. https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2022/02/1.REPORTE-enero-2022.pdf
[8]Boletín Andino de Derechos Humanos Nº 126 (24 al 30 de diciembre de 2021). https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2022/01/01/boletin-andino-de-derechos-humanos-n-126/
[9] Entrevista vía WhatSapp a la Prof, Mery López. 23.02.2022.
[10] Ídem.
[11] Ídem.
[12] Conforme con el Código Orgánico Procesal Penal «Artículo 308. Acusación… Se consignarán por separado, los datos de la dirección que permitan ubicar a la víctima y testigos, lo cual tendrá carácter reservado para el imputado o imputada y su defensa».
[13] Ordinales 1 y 2.
[14] Artículo 285. Son atribuciones del Ministerio Público:
1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.
2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y eldebido proceso.
