Boletín andino de derechos humanos Nº 4

4- 26 de julio de 2019

Bomberos de Mérida son castigados con destitución
Los bomberos de Mérida, Carlos Varón y Ricardo Prieto fueron puestos en libertad con medidas cautelares el 31 de octubre de 2018, con  prohibición de salida del país, de dar declaraciones a prensa y usar redes sociales. El motivo de la detención fue la difusión de un vídeo satírico —en el que comparaban a Nicolás Maduro con un burro—  como medio de protesta por las precarias condiciones en las que se veían obligados a trabajar.  
El 20 de diciembre de 2018, fue presentada la acusación por los delitos de ofensa al presidente e instigación pública con el agravante del artículo 77 numeral 14 del Código Penal. El 31 de mayo de 2019, fue fijada audiencia preliminar y fue suspendida para el 11 de noviembre de este año debido a que no se presentó la Fiscalía Quinta.
El 16 y 22 de julio de 2019 fueron publicados en el diario Pico Bolívar la destitución del cargo del Sargento Primero Carlos Julio Varón García y del Cabo Segundo Ricardo Antonio Prieto del Cuerpo de Bomberos del estado Mérida, respectivamente. Continua la vulneración de los derechos humanos de estas personas quienes fueron privados de libertad injustamente, su libertad no ha sido plena, pues se encuentran sometidos a medidas cautelares y ahora se les vulnera el sagrado derecho al trabajo contraviniendo los principios que se configuran en el ordenamiento jurídico relativo a los principios constitucionales de legalidad y tipicidad, como el “non bis in idem” traducido como “no dos en uno”, es decir, nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho o por un mismo delito.
El ODH-ULA sigue los pasos de los procedimientos que se les han ido aplicando ilegalmente a los bomberos de Mérida denunciando la vulneración de la libertad de expresión, el debido proceso y  la imparcialidad judicial”[1].