21-27 de marzo de 2021
Estudiante ULA defendió su Trabajo Especial de Grado privado de libertad
El 24 de marzo de 2021, Erickvaldo Márquez, estudiante de Educación Física de la Universidad de Los Andes (ULA), presentó su Trabajo Especial de Grado titulado “Programa de actividades físico recreativas para privados de libertad”, en el salón Simón Bolívar del comando policial de Glorias Patrias, municipio Libertador, estado Mérida.
Erickvaldo Márquez se encuentra detenido desde el 13 de septiembre del año 2017, inculpado por la muerte de Jesús Leonardo Sulbarán, quien era funcionario de la Gobernación de Mérida el 24 de abril, en el marco de las protestas ciudadanas del mismo año[1].
El 15 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la audiencia final de juicio, en la decisión final, el juez dictó sentencia absolutoria con libertad plena por no hallar ninguna prueba que inculpe a Erickvaldo Moreno por el crimen que se le atribuye, Lupe Fernándezla, Fiscal Cuarta del Ministerio Público de Mérida, solicitó el recurso de efecto suspensivo, alegando tener «una duda razonable» sobre la sentencia[2][3].
El procedimiento judicial de Márquez estuvo plagado de irregularidades procesales, sin mencionar que se trata de una detención arbitraria que ha sido denunciada de manera reiterada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
“Este joven, pese a la injustica que han cometido en su contra por casi cuatro años, aporta incluso una propuesta para mejorar las condiciones de los privados de libertad. Yo espero que Erickvaldo pueda recibir su título en libertad en el próximo acto de grado que realice la Universidad de Los Andes”[4].
Mery López, decana de la facultad de humanidades y Educación ULA.
Cuerpos policiales no cuentan con dotación de equipos para el control ciudadano
El 23 de marzo de 2021, a través de grupos de WhatsApp se difundió un video donde se observaba a dos funcionarios de la policía del estado Mérida, golpeándose a puños con dos ciudadanos en la Plaza de Tabay, municipio Santos Marquina, estado Mérida.
Según la minuta policial dos hombres de 39 y 17 años agredieron físicamente a los funcionarios de la policía luego de que estos les llamaran la atención por no portar el tapabocas.
Según Iván Toro, abogado del ODH-ULA, la falta de dotación de equipos e instrumentos a los cuerpos policiales para hacer el uso progresivo y diferenciado de la fuerza pudiese repercutir en una violación a los derechos humanos o transformarse en una ejecución extrajudicial ya que los funcionarios policiales, al no tener como repeler estos ataques, con los instrumentos apropiados, pudieran hacer uso de fuerza letal[5].
El Estado falla al no dotar a los cuerpos policiales de instrumentos para ejercer el control público, como el bastón de mando, el arma de electrochoque taser[6], gas pimienta y ganchos de seguridad que fácilmente pudieron haber evitado la situación presentada en Tabay.
Oficina de dirigente político en Táchira fue atacada con armas de fuego
El 22 de marzo de 2021, César Pérez Vivas, ex gobernador del estado Táchira y dirigente del partido político Copei, denunció a través de su cuenta Twitter que su oficina en San Cristóbal había sido atacada con armas de fuego, destrozando ventanales, muebles, parte de la infraestructura de concreto, rejas y otros bienes[7].
Pérez Vivas no descarta que se haya tratado de un hecho de intimidación política y lamentó que siendo esa una zona en la que se concentran las sedes de varios organismos internacionales, como la del Consejo Noruego, ACNUR, e incluso las instalaciones de la alcaldía de San Cristóbal, no se haya presentado en el acto ninguna comisión policial[8].
El ODH-ULA rechaza las intimidaciones y persecuciones a los que están expuestos los dirigentes políticos de oposición al gobierno de facto de Nicolás Maduro y exige el cese de la discriminación y criminalización por razones políticas.
La GNB toma ilegalmente espacios de parque infantil en Bailadores
El 24 de marzo de 2021, la Alcaldía del municipio Rivas Dávila, estado Mérida, hizo público un comunicado en el cual denuncia la toma ilegal del Parque Infantil “Los Bailadorcitos”, propiedad de la municipalidad por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)[9].
En febrero de 2021, Carlos Gerardo Aigster Villamizar, comandante de la GNB de la Zona 22, envió comunicaciones al despacho de la Alcaldía Rivas Dávila y al Consejo Municipal para solicitar, en calidad de Comodato, los espacios del parque infantil, para albergar al menos a 50 funcionarios de la GNB e instalar una unidad táctica militar.
Además, en la solicitud se señala que la petición cuenta con la aprobación de Jehyson Guzmán, ‘Protector del Pueblo del estado Mérida’[10] y también diputado de la cuestionada Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020[11].
Pese a la negativa de las autoridades municipales de ceder espacios que sirven para la recreación infantil de la población de Bailadores, el 19 de marzo de 2021 funcionarios de la GNB tomaron las instalaciones e iniciaron procesos de renovación de los espacios.
El ODH-ULA denuncia que el accionar del Comandante Carlos Gerardo Aigster Villamizar y de Jehyson Guzmán representan una clara violación de la autonomía municipal y amenazan el derecho de goce y disfrute de los niños, niñas y adolescentes de espacios de esparcimiento.
[1]Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA): Fiscal impidió con efecto suspensivo que Erickvaldo Moreno saliera en libertad. 16.12.2020 [En Línea] Disponible en: http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/12/16/fiscal-impidio-con-efecto-suspensivo-erickvaldo-moreno-saliera-libertad/ Recuperado el 25.03.2021[2] ídem[3] El Pitazo: Estudiante de la ULA defendió Memoria de Grado privado de libertad. 24.03.2021 [En Línea] Disponible en: https://elpitazo.net/los-andes/estudiante-de-la-ula-defendio-memoria-de-grado-privado-de-libertad/ Recuperado el 27.03.2021[4] Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA): Erickvaldo Márquez Moreno defendió su Memoria de Grado privado de libertad. 24.03.2021 [En Línea] Disponible: https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/03/24/erickvaldo-marquez-moreno-defendio-su-memoria-de-grado-privado-de-libertad/ Recuperado el 25.03.2021[5] Entrevista con el abogado Ivan Toro. 23.03.2021[6]Arma de elctro choque, Taser o pistola eléctrica [7] La Nación Web: El Cicpc investiga ataque armado contra oficina de César Pérez Vivas. 22.03.2021 [En Línea [ Disponible en: https://lanacionweb.com/sucesos/el-cicpc-investiga-ataque-armado-contra-oficina-de-cesar-perez-vivas/ recuperado el 26.03.2021[8] ídem[9] Alcaldía Rivas Dávila (24 de marzo, 2021) PRONUNCIAMIENTO OFICIAL SOBRE LA SITUACIÓN EN EL PARQUE «LOS BAILADORCITOS» DE BAILADORES:
Desde la Alcaldía del Municipio Rivas Dávila del Estado Mérida, condenamos la forma arbitraria con que la Guardia [Imagen] [Instagram] https://www.instagram.com/p/CM0LhaYAXGP/?utm_source=ig_web_copy_link[10] Protector del Pueblo es el cargo impuesto por Nicolas Maduro en las gobernaciones y alcaldías ganadas legítimamente por partidos políticos opositores. Cargo que arrebata las funciones y asignación de recursos a los entes legítimos.
