Hoy 15 de julio de 2017 se cumplen 2 meses de la detención arbitraria de Carlos “Pancho” Ramírez, joven estudiante de la Universidad de Los Andes que fue aprehendido por la Guardia Nacional Bolivariana en la ciudad de Mérida, mientras ejercía su legítimo derecho a la protesta.
Muchas y muy evidentes han sido las violaciones a los derechos fundamentales que ha cometido en su contra el Estado venezolano: está siendo juzgado por un tribunal militar aunque es un civil; no se le permite contacto permanente con sus familiares ni con abogados seleccionados por él; ha estado sujeto a torturas, tratos crueles e inhumanos que han afectado su estado físico y psicológico; no ha recibido la debida atención médica; sus parientes no pueden hacerle llegar alimentos; entre otras irregularidades que han puesto en tela de juicio la actuación de la administración de justicia nacional.
Es por ello que insistimos en su liberación inmediata por estar sometido a un proceso penal viciado que además atenta contra su integridad personal, todo ello en franco irrespeto a los derechos y garantías que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales que han sido suscritos oportunamente por la nación en pro de la defensa de los derechos humanos. El llamado es a las autoridades competentes para que cese la persecución judicial contra los ciudadanos que como “Pancho” han pronunciado su disentir a través de la manifestación pacífica en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
Lea a continuación el comunicado de organizaciones y centros de derechos humanos exigiendo la liberación del estudiante Carlos Ramírez
A LA OPINIÓN PÚBLICA. A LAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES VENEZOLANAS SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA Y JUZGAMIENTO IRREGULAR DEL ESTUDIANTE CARLOS RAMÍREZ
Quienes suscriben, organizaciones y centros de derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación por la detención arbitraria, juzgamiento irregular y privación ilegítima de libertad de Carlos Ramírez, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Los Andes y líder estudiantil de esta casa de estudios:
Descargue el Comunicado Carlos Ramírez ULA AQUÍ
El 15 de mayo de 2017 se produjo la detención arbitraria de Carlos Alfredo Ramírez Flores “Pancho”, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Los Andes y líder del Movimiento Estudiantil 13 de Marzo, acción conducida por la Guardia Nacional Bolivariana que, so pretexto de haber llevado a cabo la detención en flagrancia, no acudió a orden judicial alguna. Es de hacer notar que este procedimiento irregular se ejecutó mientras “Pancho” ejercía su legítimo derecho a protestar en las adyacencias de la avenida Las Américas de Mérida, Venezuela.
Desde su detención arbitraria “Pancho” estuvo incomunicado de modo tal que sus familiares desconocían su estado físico y mental así como también su situación jurídica, pues se le negó acceso a abogados de su confianza, circunstancias éstas que evidentemente infringen las garantías y derechos establecidos en el artículo 44 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, fue trasladado a la ciudad Barquisimeto-Estado Lara, para proceder a su presentación ante tribunales militares el día 17 de mayo de los corrientes, imputándosele entonces los delitos de traición a la patria, rebelión y ultraje al centinela, regulados en el Código Orgánico de Justicia Militar de 1998 en sus artículos 464, 476 y 501, cuyas penas oscilan entre los 12 y 24 años de prisión.
Ahora bien, en vista de que se trata de un ciudadano civil las condiciones descritas se constituyen en una franca violación del artículo 49 de la Constitución Nacional que dispone lo concerniente al debido proceso, el derecho a la defensa y la garantía de ser juzgado por jueces naturales, a lo que se agregan las declaraciones de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz quien en reiteradas ocasiones ha expresado que la aplicación de la jurisdicción militar a civiles es inconstitucional.
Posterior a dichos actos judiciales, “Pancho” fue trasladado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la ciudad de Caracas donde recibió torturas y tratos degradantes que han afectado su condición física y psicológica, infringiendo lo que al respecto señala el artículo 46 Constitucional. Más adelante, el 31 de mayo de 2017, las autoridades nuevamente lo transportaron a Barquisimeto para recluirlo en la Cárcel Fénix destinada a civiles y ubicada en esta entidad del occidente del país donde permanece en la actualidad, un hecho que demuestra las variadas incongruencias presentes en la actuación de la administración de justicia nacional.
Vale destacar que, desde su detención hasta el presente sus familiares sólo han podido visitar a “Pancho” en dos oportunidades. Además, no se le permite recibir medicamentos ni alimentos, tampoco tiene asistencia médica, escenario éste que es violatorio del derecho a la salud como parte a su vez del derecho a la vida y que se constituye en sí mismo en un trato cruel e inhumano digno de ser condenado de forma categórica por quebrantar los más altos estándares de respeto a los derechos fundamentales. Aunado a ello, es público y notorio que el proceso judicial incoado contra Carlos “Pancho” Ramírez adolece de numerosas anomalías que comprometen su integridad personal y vician de nulidad los actos realizados por las autoridades venezolanas, originándose para éstas una responsabilidad de naturaleza civil, penal y administrativa que el Estado está en la obligación de analizar para su oportuna sanción.
Es por ello que hoy 15 de julio cuando se cumplen 2 meses de la privación ilegítima de libertad de “Pancho” y evidenciadas las diversas violaciones de sus derechos humanos, exigimos a las autoridades venezolanas: la liberación inmediata del estudiante Carlos “Pancho” Ramírez en aras de procurar el reconocimiento al respeto absoluto de sus derechos esenciales al debido proceso, a la defensa, a la comunicación con sus familiares y abogados, así como las demás garantías previstas en la Constitución Nacional, los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por la República y al ejerció de la libertad de expresión a través de la manifestación pacífica.
Suscriben,
- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
- Aula Abierta Venezuela
- Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
- Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela
