(Mérida, 06/12/2022).- Walter Mayorga, Steven García, Marller González, Daniel Parra y Erickvaldo Márquez. Estos son los nombres de cinco jóvenes víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos perpetradas por funcionarios del Estado venezolano como forma de castigo a quienes protestaron en 2014 y 2017 en contra del régimen de Nicolás Maduro. Ellos pasaron entre cuatro y hasta más de seis años en prisión acusados de asesinatos que no cometieron, ocurridos en las manifestaciones sociales de esos años.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) elaboró un informe donde documenta cada uno de estos casos, cuyas características constituyen patrones de represión, corrupción judicial, intimidación, torturas y represalias en contra de quienes se oponen al régimen de Maduro. Son, en suma, patrones de violaciones de derechos humanos por razones políticas.
Este informe, titulado Violaciones a los derechos humanos: “casos guarimba” en la región andina de Venezuela, se basa en pruebas recopiladas por el equipo jurídico del ODH-ULA, cuyos abogados representaron la defensa legal de cuatro de esos jóvenes. También incluye testimonios de las víctimas, de lo que vivieron durante sus detenciones arbitrarias y sus injustas privaciones de libertad.
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Represión a la protesta social entre 2014 y 2017
Las protestas sociales ocurridas en 2014 y 2017 en Venezuela se originaron en la región andina del país, específicamente en los estados Táchira y Mérida, donde también fueron más intensas. Estudiantes universitarios y líderes políticos encabezaron las manifestaciones que se prolongaron por meses y fueron llamadas “guarimbas” por el régimen de Maduro, en su intención de descalificarlas y justificar la represión desproporcionada que dejó cientos de personas lisiadas y decenas de muertos.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 19.073 protestas sociales en todo el país durante 2014 y 2017. Solo en este último año ocurrieron 9.787 manifestaciones, de las cuales 6.729 tuvieron lugar entre el primero de abril y el 31 de julio. En ese período, 1.199 protestas sucedieron en la región andina del país. “Táchira con 512 de ellas, siendo el cuarto estado con mayor número de protestas; el estado Mérida con 433, siendo el quinto estado; y Trujillo con 254, encontrándose en el lugar décimo en el rango de protestas”, precisa el informe del ODH-ULA.
A partir de un análisis hecho a los informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ODH-ULA encontró 12 patrones de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas sociales de 2014 a 2017. Solo en la región andina del país se perpetraron las siguientes violaciones: uso de municiones prohibidas como balas, trozos de cabillas y canicas; disparos a los ojos; ataques con perdigones y bombas lacrimógenas lanzadas hacia el interior de viviendas; actuación coordinada entre cuerpos de seguridad del Estado y fuerzas paramilitares; ataques y allanamientos en zonas residenciales; cierre de medios de comunicación; detenciones arbitrarias; violaciones al debido proceso; ejecuciones extrajudiciales. Estas acciones causaron decenas de heridos, principalmente estudiantes universitarios, y fallecidos.
Casos “guarimba” en Mérida
En Mérida, cinco jóvenes fueron detenidos arbitrariamente y privados de libertad por años acusados sin pruebas de asesinatos cometidos en 2014 y 2017, en el marco de las protestas sociales en contra del régimen de Nicolás Maduro. Funcionarios del sistema de justicia los llamaban casos “guarimba”, para referirse a los procesos judiciales de estas víctimas. Ese nombre en clave denotaba patrones bajo los cuales trataban de forma similar cada caso.
El ODH-ULA determinó 11 características comunes de los casos “guarimba” en Mérida: todos los acusados eran hombres; al momento de sus detenciones eran jóvenes con una edad promedio de 22 años; 80% de los detenidos eran estudiantes; sus detenciones fueron arbitrarias y ocurrieron mucho tiempo después de los hechos por los que los acusaban; todos fueron señalados de participar en protestas sociales en contra del régimen; a todos los acusaron de asesinar personas partidarias del régimen.
Así mismo, todos estuvieron detenidos preventivamente por al menos 5 años; quienes los acusaban eran testigos anónimos; en 80% de los casos hubo intervención de fiscales nacionales del Ministerio Público; en todos los juicios se violó el debido proceso; aunque todas las víctimas fueron declaradas inocentes y salieron en libertad plena, ninguna ha obtenido hasta ahora alguna forma de reparación por parte del Estado.
Corrupción judicial en los casos “guarimba”
En los estándares interamericanos de corrupción y derechos humanos, la CIDH define la corrupción judicial como “la desviación de las funciones judiciales, por la autoridad judicial u otros operadores de justicia, para obtener un beneficio material o inmaterial, propio o para terceros”.
En varios de sus informes, el ODH-ULA ha señalado la corrupción como un grave problema del sistema judicial penal venezolano. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción mundial elaborado por la ONG Transparencia Internacional, para 2021 Venezuela fue el país con mayor corrupción en América Latina y el cuarto en el mundo En los llamados casos “guarimba” la corrupción judicial también estuvo presente.
“Entre los indicadores de corrupción judicial en los casos “guarimba” se encuentran: dilaciones indebidas, falsificación de pruebas, obstaculización para acceder al expediente y falta de formación profesional de los funcionarios públicos con enfoque de derechos humanos. Estos indicadores se presentan en la gran mayoría de los casos”, precisa el más reciente informe del ODH-ULA.
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Torturas, tratos inhumanos y falta de reparación
La Misión Internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada el 27 de septiembre de 2019 por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reseñó en sus informes de 2020 y 2021 que funcionarios del Estado venezolano han sido acusados de cometer tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes contra personas detenidas.
En las conclusiones de 2020, la Misión afirmó que tenía “motivos razonables para creer que las autoridades de seguridad de alto nivel sabían o debían saber que las personas detenidas en el contexto de las manifestaciones eran objeto de malos tratos y tortura”. Dichas acciones “tuvieron lugar en docenas de destacamentos militares y policiales. Se repitieron a lo largo de los años, especialmente en 2014 y 2017”.
Las víctimas de los llamados casos “guarimba” en Mérida también fueron torturados y tratados de formas crueles e inhumanas durante sus detenciones, según sus propios testimonios narrados al ODH-ULA. Entre las torturas que recibieron figuran golpes, heridas con armas blancas, descargas eléctricas, intentos de asfixia, falta de agua, comida y abrigo y reclusiones en celdas de castigo. Las condiciones en las que se encuentran sus centros de reclusión son degradantes. Todas estas violaciones de derechos humanos también fueron contadas por sus víctimas a funcionarios de organismos internacionales de derechos humanos, así como al Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPyS Venezuela) para el podcast Casos «guarimba»: patrones de una injusticia, que forma parte del proyecto Radio Democracia.
Pese a todas las violaciones de derechos humanos sufridas en prisión, Walter Mayorga, Steven García, Marller González, Daniel Parra y Erickvaldo Márquez siguen sin recibir las debidas reparaciones por parte del Estado que están establecidas en la Constitución nacional y en estándares internacionales. El ODH-ULA no cesará su denuncia sobre las violaciones de derechos humanos que ocurran en la región andina del país y seguirá exigiendo al Estado venezolano que cumpla su deber de velar por la justicia, impedir la impunidad y reparar debidamente a las víctimas.
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