(Mérida, 30/10/2023).- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), mediante el presente comunicado, manifiesta su preocupación y rechazo por los hechos de persecución y criminalización de la participación política de los profesores universitarios Argeno Yasir Quevedo Prat y Ana Luzmila Trujillo Rojas, miembros principales de la Junta Regional de Mérida de la Comisión Nacional de Primaria.
El viernes 27 de octubre de 2023, la Fiscalía 19ª del Ministerio Público del estado Mérida, con competencia en materia contra la corrupción, bancos, seguros y mercado de capitales, citó a los profesores de la Universidad de Los Andes (ULA) Ana Luzmila Trujillo Rojas y Argeno Yasir Prat Quevedo a comparecer este lunes 30 de octubre ante la sede estadal de este Ministerio en calidad de “investigados”, por la presunta comisión de “uno de los delitos establecidos en la Ley Contra la Corrupción”.
Las citaciones dirigidas a los profesores Trujillo —de la Facultad de Arquitectura y Diseño— y Prat —de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales— forman parte de la investigación penal N° MP-218002-2023, la misma por la que también fueron citados el presidente, la vicepresidenta y uno de los miembros suplentes de la Comisión Nacional de Primaria, así como otros miembros de juntas regionales de esta organización.
Además de ser principalmente una muestra de persecución política contra quienes participaron en la legítima elección primaria de la oposición venezolana el pasado 22 de octubre, estas citaciones carecen de legalidad tanto en su forma como en su fondo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) emitieron un comunicado este 27 de octubre, donde rechazan la investigación penal iniciada por el Ministerio Público contra las personas organizadoras de la elección primaria, “no solo por contrariar el espíritu de los acuerdos alcanzados, sino debido a su efecto desalentador en la participación política”, reza el comunicado.
“Los derechos políticos están protegidos por el derecho internacional. En el contexto venezolano son además un punto medular para los diálogos y para la superación de la crisis, por lo que resulta imprescindible que no se criminalice las iniciativas de participación ciudadana”, agregan la CIDH y la RELE.
El pasado 26 de octubre, el portavoz del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, exhortó a las instituciones venezolanas a “garantizar la plena adhesión y respeto a los derechos políticos y electorales de sus ciudadanos” e “implementar de buena fe el acuerdo parcial [firmado en Barbados] sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales”.
Estas acciones del Ministerio Público violan derechos civiles y políticos reconocidos en la Constitución nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado venezolano, así como los acuerdos parciales de Barbados, firmados por representantes del gobierno y la oposición el pasado 17 de octubre. Constituyen, además, un patrón de hostigamiento y persecución política contra todo aquel que disienta del régimen de Maduro y evidencia el uso del Ministerio Público como institución subordinada políticamente al poder ejecutivo.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, dependencia universitaria que defiende y promueve los derechos humanos en la región andina del país, así como los derechos de los universitarios, también rechaza contundentemente todas las demás citaciones que, hasta la fecha, han sido enviadas a quienes participaron de esta consulta ciudadana, amparada en el artículo 70 de la Constitución nacional. Asimismo, exige al Ministerio Público que cese inmediatamente estas acciones de persecución que pretenden cerrar aún más el espacio cívico y democrático en el país.
En Mérida, a los 30 días del mes de octubre de 2023.
