(Mérida, 27/08/2023).- El pasado 15 de agosto el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua emitió una orden de incautación de todos los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA), ubicada allí, en la capital de Nicaragua. La orden se basó en acusar a esta institución, fundada por los jesuitas en 1960 y la primera universidad privada de Centroamérica, de cometer los delitos de terrorismo, traición a la patria y conspiración.
La intervención de la UCA —hecha sin investigación ni juicio— se suma a la larga lista de más de una veintena de universidades confiscadas en Nicaragua desde 2021 por el régimen dictatorial que lideran Daniel Ortega y Rosario Murillo. En total, 27 universidades privadas han sido canceladas por el Ministerio de Gobernación, con el aval del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA). Todos estos órganos estatales están supeditados a la dictadura Ortega-Murillo.
Tras la arbitraria confiscación de universidades privadas, el CNU ha instalado cinco nuevas universidades estatales en recintos que eran propiedad de las instituciones confiscadas. La creación de nuevas instituciones universitarias, supeditadas al régimen nicaragüense, recuerda el sistema paralelo universitario venezolano, creado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y que actualmente agrupa más de 50 instituciones donde priman la ideologización y discriminación políticas.
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Estudiantes encarcelados y más de 43.000 afectados
Aunada a la ola de confiscaciones universitarias, la dictadura Ortega-Murillo también persigue estudiantes y egresados que rechazan estas intervenciones. Cuatro líderes estudiantiles han sido detenidos tras el cierre de la UCA, por manifestarse en contra de esta acción autoritaria. Son las jóvenes Adela Espinoza Tercero, egresada de la carrera de Comunicación de la UCA; Gabriela Morales, estudiante de la Universidad Juan Pablo II, también confiscada; Mayela Campos y su novio Josseth Miranda, estudiantes y activistas.
Josseth Miranda quedó en libertad el 21 de agosto, pero Espinoza, Morales y Campos fueron recluidas en la cárcel La Esperanza, donde permanecen hasta la fecha como presas políticas del régimen nicaragüense. La Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses (AJEN) exigió a través de su cuenta en la red social X —antigua Twitter— la libertad inmediata de estas jóvenes y de Anielka García, detenida el pasado 5 de abril. Según datos de esta organización, en Nicaragua hay más de 60 presos políticos.
Además de estas detenciones arbitrarias, las confiscaciones a universidades privadas han afectado a más de 43.000 estudiantes, quienes formaban parte de las matrículas de las 27 instituciones tomadas por la dictadura, según cálculos de periodistas y medios de comunicación. Muchos de ellos se encuentran en un limbo, sin poder continuar sus estudios.
En rechazo a todas estas acciones arbitrarias que violan la libertad académica, la libertad de las ciencias y los derechos de estudiantes, profesores y trabajadores, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), en conjunto con ONG defensoras de derechos universitarios, centros defensores de derechos humanos pertenecientes a universidades venezolanas, organizaciones y líderes estudiantiles, suscriben este comunicado.
