(Mérida 29/03/2020).- La pandemia por coronavirus ha obligado a suspender todas las actividades presenciales que impliquen aglomeraciones en muchos países del mundo. Las clases en escuelas y universidades fueron de las primeras actividades de este tipo en suspenderse, pero en la gran mayoría de los países esto no implicó la paralización de los cursos. A través de internet y haciendo uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), escolares y universitarios continúan sus estudios. Sin embargo en Venezuela, y sobre todo en los estados andinos, resulta casi imposible desarrollar un curso académico de forma virtual, debido a los prolongados cortes de energía eléctrica y a las constantes fallas en la conexión a internet.
Aunada a esa problemática, decenas de estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) y de otras instituciones de educación superior de los estados andinos del país, no pudieron regresar a sus ciudades de origen luego del anuncio de cuarentena nacional. Muchos de ellos no cuentan con los recursos necesarios para su manutención lejos de casa por el tiempo que dure la contingencia. El régimen de facto no ha anunciado medidas de protección ni ayudas para esta población estudiantil.
La educación es un derecho humano
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) recuerda que el derecho a la educación es un derecho humano, incluido dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, y establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este derecho está consagrado, además, en el artículo 102 de la Constitución nacional.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), señala que el derecho a la educación impone a los Estados tres niveles de obligación: respetarlo, protegerlo y cumplirlo.
“La obligación de respetar requiere que los Estados eviten tomar medidas que estorben o impidan el disfrute del derecho a la educación. La obligación de proteger requiere que los Estados tomen medidas para prevenir que una tercera parte pueda interferir en el ejercicio del derecho a la educación. La obligación de cumplir entraña que los Estados deben tomar medidas positivas que faciliten y ayuden a los particulares y a las comunidades a disfrutar del derecho a la educación”, precisa la Unesco al respecto.
En este sentido, el ODH-ULA señala que el régimen venezolano viola el derecho a la educación al no tomar medidas para protegerlo ni cumplirlo durante la cuarentena nacional decretada por el coronavirus. La educación por modalidad virtual, adoptada por la mayoría de los países que también están en cuarentena, es inviable en la región andina de Venezuela, donde el servicio eléctrico falla diariamente y la conexión a internet es cada vez más lenta y precaria. Estos problemas son consecuencia de la desinversión, corrupción y censura ejercidas por el régimen de facto.
Fallas en servicios impiden continuación de cursos virtualmente
El ODH-ULA, como organización defensora y promotora de los derechos educativos y las libertades académicas, denuncia la violación al derecho a la educación cometida por el régimen venezolano, responsable de la prestación de los servicios básicos. Apagones diarios, algunos de hasta más de ocho horas continuas de duración, se suman al pésimo y en reiteradas ocasiones nulo funcionamiento de los servicios de internet en los estados Mérida, Táchira y Trujillo. Esta situación imposibilita la continuación de semestres y años académicos de las universidades venezolanas, sobre todo en los estados andinos del país.
Aunque el Consejo Universitario de la ULA exhortó a los docentes a continuar las clases de asignaturas cuya naturaleza permitan la modalidad virtual, las fallas en los servicios básicos mencionados impiden llevar a cabo esta práctica. Esta situación deja en un limbo el derecho a la educación de miles de estudiantes universitarios, cuyo acceso al estudio ya es bastante limitado por la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela.
Estudiantes varados y desprotegidos
La necesaria prohibición de movilidad terrestre y área como medida preventiva ante el coronavirus fue aplicada por el régimen sin las debidas medidas de protección a la ciudadanía, incluidos los estudiantes universitarios. Muchos de ellos quedaron atrapados en las ciudades donde cursan sus carreras universitarias, principalmente en Mérida, sin poder retornar a sus lugares de origen y sin contar con los recursos necesarios para su manutención mientras dure la cuarentena.
Lejos de adoptar medidas de protección para el estudiantado universitario, el régimen tiene más de un año sin enviar los recursos para el pago de becas estudiantiles de la Universidad de Los Andes (ULA), cuyo monto en bolívares equivale a menos de un dólar mensual. Aunado a ello, estudiantes de la ULA han denunciado a este Observatorio que no reciben el beneficio de alimentación a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), mientras que los servicios del comedor universitario están suspendidos.
