(Mérida 30/11/2020).- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) presentará este viernes 4 de diciembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las destituciones y nuevas designaciones irregulares de fiscales del Ministerio Público ordenadas por el régimen de facto a partir de 2017. La presentación de estos casos se hará en audiencia regional en el marco del 178° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, el cual, debido a la pandemia por COVID-19, se desarrollará de forma virtual del 2 al 12 de diciembre de 2020.
El ODH-ULA ha documentado las destituciones por retaliaciones políticas y hecho seguimiento a los procedimientos de elección de los nuevos fiscales de la República, los cuales demuestran ausencia de autonomía, independencia y transparencia, pilares que deben ser fundamentales en la actuación del Ministerio Público y de todas las instituciones del Estado. Lo observado evidencia la situación de las fiscalías del país en materia de protección de los derechos humanos.
El funcionamiento irregular del poder judicial en Venezuela se acentúa a partir del 2014. Ese año, una controversial interpretación por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del artículo 279 de la Constitución nacional permitió a la Asamblea Nacional (AN), para ese momento de mayoría oficialista, hacer la designación por mayoría simple de los máximos representantes del Poder Ciudadano, siendo reelecta Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República (FGR) para el período 2014-2021.
Cerca de 450 fiscales despedidos durante la gestión de Tarek William Saab
Tras el distanciamiento del chavismo manifestado por Ortega Díaz durante las protestas sociales de 2017, que resultaron en su destitución y posterior persecución política, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) conformada ese mismo año designa a Tarek William Saab como el nuevo FGR. Su llegada al poder judicial significó una profundización de la politización del Ministerio Público (MP) y el agravamiento de las violaciones a los procedimientos de ingreso y mantenimiento de los cargos ocupados por funcionarios de esta institución estatal.
En septiembre de 2018 se publica en Gaceta Oficial la Resolución Nº 2.703, a través de la cual se reforma el artículo 3 de la Ley del Estatuto del Ministerio Público para establecer que todos los cargos de carrera de los funcionarios que prestaran servicio en la Fiscalía se transformaban en cargos de confianza, abriendo con ello paso al libre nombramiento, la imposición de sanciones disciplinarias por no acatar instrucciones superiores e incluso la libre remoción. Estas reformas eliminaron el régimen de carrera para los funcionarios públicos de esta institución.
Tarek William Saab asumió el cargo con la destitución masiva y sin cumplimiento del debido proceso de cerca de 450 fiscales en todo el país, entre agosto y noviembre de 2017, por el hecho de manifestar su desacuerdo con la convocatoria a una ANC y, en algunos casos, respaldar a Ortega Díaz. Algunos de los fiscales destituidos que quisieron salir del país denunciaron la anulación de sus pasaportes.
Las vacantes que quedaron tras las masivas destituciones fueron ocupadas por personas no calificadas, cuyo ingreso al MP no se realizó cumpliendo el debido procedimiento. Algunos de los nuevos fiscales ya ocupaban otros cargos de la administración pública al momento de su designación, como policías, notarios, registradores públicos e incluso defensores del pueblo. Saab también removió de sus cargos a directores del MP, incluyendo a Santa Palella Stracuzzi, directora de la Escuela Nacional de Fiscales, así como a los profesores y facilitadores de esa Escuela.
Cerca de 450 fiscales del Ministerio Público fueron removidos de sus cargos en 2017 tras expresar su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Foto: cortesía Leo León.
Hostigamiento y desmantelamiento
La CIDH recibirá información de casos de fiscales que denunciaron corrupción y violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas sociales y han sido perseguidos, hostigados y algunos incluso encarcelados. Uno de ellos fue el fiscal Luis Sánchez Rangel, quien fue detenido en 2017 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), acusado de formar parte de una red de extorsión y corrupción que operaba desde el MP. Este fiscal llevaba la investigación contra altos funcionarios del gobierno involucrados con el conglomerado brasileño Odebrecht.
Por otra parte, con la llegada del nuevo FGR se desmanteló la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del MP, la cual contaba con equipos de alta tecnología y expertos forenses en diferentes áreas de la criminalística especializados en esclarecer hechos punibles donde participaban agentes del Estado.
El ODH-ULA participa en esta audiencia regional junto a otras organizaciones defensoras de derechos humanos que representan a 12 naciones de la región, las cuales expondrán la situación de las fiscalías en sus respectivos países. Este Observatorio resalta que un Ministerio Público autónomo e independiente es esencial para la protección de los derechos humanos y el mantenimiento del Estado de Derecho en Venezuela.
