(Mérida, 23/02/2024).- El 28 de enero de 1978, el entonces Congreso de la República de Venezuela decretó la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), al que se había suscrito nueve años antes. Este Pacto establece todos los derechos humanos relativos a vivienda, salud, alimentación, trabajo, educación, ciencia y cultura. El acceso a este último también lo incumple el régimen venezolano, como demuestra el más reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA).
Según la Observación General N° 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU sobre el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, establecido en el artículo 15 del Pidesc, los Estados parte deben garantizar los siguientes cinco elementos para su efectivo cumplimiento:
Disponibilidad de bienes y servicios culturales; efectiva accesibilidad de todas las personas a la cultura; aceptabilidad por parte de personas y comunidades de leyes, políticas, estrategias, programas y medidas que adopte el Estado para el disfrute de los derechos culturales; adaptabilidad de lo anterior para respetar la diversidad cultural; y la idoneidad del acceso a este derecho para que respete la cultura y los derechos culturales de todas las personas y las comunidades.
El equipo de investigación del ODH-ULA revisó la existencia de estos elementos en Mérida, para la elaboración del informe El derecho a participar en la vida cultural en Venezuela, con especial referencia a la situación del estado Mérida. Los hallazgos evidencian que el deterioro de infraestructuras, la falta de inversión, la escasez de personal y el uso de espacios culturales para fines políticos son las principales causas por las que el Estado venezolano no respeta, protege ni garantiza el derecho a la cultura en esta entidad andina.
Responsabilidad de la gestión cultural en Mérida
La gestión de los bienes y servicios culturales en Mérida es responsabilidad específica de instituciones estadales y estatales. La Fundación para el Desarrollo Cultural del estado Mérida (Fundecem) es el ente rector de las políticas de promoción, difusión y apoyo de la actividad cultural en la entidad. Por su parte, el Instituto Autónomo de Servicios de Bibliotecas e Información del estado Mérida (Ibime) se encarga de la ejecución de las políticas bibliotecarias. Ambas instituciones dependen de la Gobernación.
También existe el Instituto Merideño de Cultura (IMC) y, a nivel local, el Instituto Municipal de la Cultura Mérida (Imucu), presente en todos los municipios del estado. Algunas dependencias del Ministerio de Cultura, como la Biblioteca Nacional de Venezuela, son responsables de la prestación de determinados servicios culturales en el estado.
La vida cultural en Mérida se lleva a cabo, principalmente, en cuatro tipos de espacios: centros culturales, casas de la cultura, museos y bibliotecas públicas. Las dos primeras promueven actividades más dinámicas y deben ser lugares de promoción y apoyo a todas las expresiones culturales locales y estadales, sin distinciones políticas ni de cualquier otra índole.
Centros culturales deteriorados y politizados
A finales de 2023, el ODH-ULA documentó la situación de seis centros culturales: Centro Cultural Tulio Febres Cordero, Centro Cultural Carlos Febres Pobeda, Centro Cultural Julio César Salas, Centro Cultural Mariano Picón Salas, Centro Cultural José María Osorio y Centro Cultural Rafael Ángel Rondón Márquez. Los tres primeros se encuentran en el municipio Libertador, donde está la capital del estado. Los últimos tres están en los municipios Alberto Adriani, Caracciolo Parra y Olmedo y Zea, respectivamente.
Los seis centros culturales evaluados por el ODH-ULA tienen fallas de infraestructura y limitaciones de acceso a servicios básicos, principalmente por falta de recursos para su mantenimiento. El más afectado en este sentido el Centro Cultural Julio César Salas, ubicado en el barrio Simón Bolívar del sector Albarregas, municipio Libertador. En julio de 2021 el entonces gobernador de Mérida, Ramón Guevara, informó que ese espacio pasaría a ser la sede de la Comuna Pedro Camejo, pero el estado de deterioro es tan grande que actualmente está cerrado.
El traspaso de espacios culturales a las comunas creadas por el régimen de Nicolás Maduro viola los elementos de disponibilidad y accesibilidad contemplados por la ONU para la efectiva protección del derecho a la cultura. Lo mismo ocurrió con el Centro Cultural Carlos Febres Pobeda, ubicado en el sector Campo de Oro del municipio Libertador y transferido a la Comuna 16 de Septiembre en 2017, por orden del entonces gobernador, Alexis Ramírez. El uso de estos espacios para actividades políticas y politizadas es reiterado.
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Casas de la cultura poco operativas y con fallas en infraestructura
Las casas de la cultura son espacios físicos más pequeños que los centros culturales, cuyos servicios y actividades buscan promover expresiones y tradiciones de alcance local. El ODH-ULA evaluó las condiciones de cuatro de ellas: Casa de la Cultura Don Jesús María Espinoza (municipio Miranda), Casa Bolivariana de Bailadores (municipio Rivas Dávila), Casa de la Cultura Herlinda Molina y Casa de la Cultura Dr. Luciano Noguera Mora (ambas ubicadas en el municipio Arzobispo Chacón).
En todos los casos, como ocurre también con los centros culturales, la falta de inversión para mantenimiento y reparaciones hace mella en las infraestructuras de estos espacios, donde las filtraciones afectan gravemente techos y paredes. En cuanto a su estado operativo, la mayoría desarrolla actividades sin regularidad, de forma esporádica, limitando la oferta cultural en el interior del estado.
Museos sobreviven por donaciones y no garantizan preservación de obras que exponen
Los museos son espacios permanentes cuya función es adquirir, conservar, investigar, comunicar y exhibir colecciones de valor histórico-artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, para fines educativos, de estudio y contemplación. Para el citado informe, el ODH-ULA indagó sobre las condiciones de ocho museos ubicados en distintos municipios del estado Mérida.
El Museo de Arte Moderno «Juan Astorga Anta» se encuentra en el Centro Cultural Tulio Febres Cordero, en la capital del estado. Una de sus cuatro salas no está operativa debido a filtraciones en la misma. «Trabajadores del museo señalaron que la bóveda donde se guardan los objetos protegidos no se encuentra en condiciones para su conservación, ya que la puerta no funciona y cuando llueve corre riesgo de afectarse el patrimonio», señala el informe del ODH-ULA.
También en el Centro Cultural Tulio Febres Cordero está el Museo Cinematográfico de Venezuela «José Manuel Funes». Aunque abre al público de manera regular y organiza exposiciones periódicas, conversatorios, bailes y proyecciones de cine, también sufre los daños que causan las filtraciones generales que desde hace años tiene el Centro Cultural.
En el mismo casco histórico de Mérida está el Museo de Arte Colonial, cuyo deterioro era considerable hasta comienzos de la pandemia por COVID-19, por falta de asignación de recursos públicos. Sin embargo, gracias al apoyo de entes ajenos al gobierno, este espacio cultural ha podido ser reparado parcialmente. Lamentablemente, el Museo de los Andes «Benigno y Vicenta Sánchez», ubicado en el municipio Rangel, no ha tenido la misma suerte. Su funcionamiento es casi exclusivo para dar información al público, según información de lugareños.
En el municipio Tovar está el Museo de Arte «José Lorenzo Alvarado», cuyo funcionamiento se mantiene gracias a las donaciones del pelotero Johan Santana, con las que se han reparado algunas filtraciones, pintado las paredes y mejorado el alumbrado, además de renovar el manto asfáltico de su techo. Sin embargo, las actividades que allí se realizan son muy pocas.
Otros dos museos ubicados en la ciudad de Mérida también padecen la falta de recursos económicos y humanos para su funcionamiento: el Museo Arqueológico «Gonzalo Rincón Gutiérrez» de la Universidad de Los Andes y el Museo de Ciencia y Tecnología. Lamentablemente, el Museo Arquidiocesano de Mérida, ubicado al lado de la Catedral de la ciudad, está cerrado por falta de personal.
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Bibliotecas: repositorios de saber a merced del abandono y el deterioro
El ODH-ULA evaluó las condiciones de 11 bibliotecas ubicadas en distintos municipios del estado Mérida, de las 60 en total que hay en la entidad, según información del Ibime. En todas se constató el deterioro de sus infraestructuras y falta de mantenimiento, que causa daños al acervo disponible, así como afectaciones a la salud de sus trabajadores. En algunas la posibilidad de consultar las colecciones está restringida, limitación que impide el acceso efectivo a ese patrimonio cultural.
Otra característica común en las bibliotecas visitadas por el equipo de investigación del ODH-ULA es la ausencia de obras internacionales de reciente publicación, debido a la suspensión de recursos para importar libros y material hemerográfico. Esta limitación afecta el acceso a referencias culturales recientes que enriquecerían la investigación de autores y la producción de nuevas obras nacionales y locales.
Si bien el sitio web del Ibime indica que 12 de las 60 bibliotecas que hay en el estado Mérida están ubicadas en el municipio Libertador, el equipo de investigación del ODH-ULA se trasladó sin éxito a las direcciones de tres, constatando que no existen allí. Se trata de la Biblioteca «Grandes Misiones de Hugo Chávez Frías», supuestamente ubicada en el sector La Liria; Biblioteca «Amador González», ubicada en el sector Las Heroínas; y Biblioteca «Magdiel Páez», ubicada en el centro de la ciudad de Mérida.
«El resultado fue que ninguna de las 3 bibliotecas se encuentra en los lugares que señala el Ibime, por lo cual, es una información desactualizada o falsa. Residentes de los lugares visitados señalaron que nunca habían conocido de bibliotecas públicas en dichas ubicaciones», señala el informe del ODH-ULA.
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El derecho a participar en la vida cultural no está garantizado en el estado Mérida, y su limitado acceso se enfrenta a una situación de pobreza y retroceso. La progresiva reducción de presupuesto nacional destinado a la cultura en Venezuela, aunada a la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país y al aumento del deterioro de los servicios básicos —acentuado en las regiones— afecta gravemente este derecho humano.
Por todo lo observado y documentado por el ODH-ULA para la elaboración del informe sobre el derecho a participar en la vida cultural en el estado Mérida, este Observatorio exhorta al Estado venezolano a adoptar medidas urgentes para conservar y proteger el patrimonio cultural que se encuentra afectado o en riesgo, difundir información veraz y transparente sobre los bienes y servicios culturales disponibles, adoptar medidas para garantizar el acceso constante a la cultura y abstenerse de utilizar los espacios culturales para fines políticos o de otra índole.
