Mérida, 30/07/2024).- Entre el domingo 28 de julio y hasta las 7:00 p.m. de este martes 30 de julio, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha registrado al menos 76 detenciones arbitrarias en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, ocurridas en el contexto de manifestaciones sociales en rechazo a las irregularidades cometidas durante y después de las elecciones presidenciales.
Esta cifra es la sumatoria de reportes hechos por la ONG Foro Penal, abogados del ODH-ULA, la Red de Derechos Humanos de Trujillo y la información difundida por el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Mérida (ZODI). Entre los detenidos hay tres miembros de la comunidad ulandina: el profesor Gustavo Torres (Departamento de Ciencias Sociales) y los estudiantes Gerson Morillo (Medicina) y Paúl León (Comunicación Social), todos del Núcleo Rafael Rangel del estado Trujillo.
La mayor cantidad de detenidos en la región andina del país, según registros del ODH-ULA, se concentra en el estado Trujillo (50), seguido por Mérida (22) y Táchira (4). En esta última entidad la coordinadora regional del Foro Penal, Raquel Sánchez, dijo a la prensa este 30 de julio que, extraoficialmente, han recibido denuncias que sumarían 18 detenciones cometidas solo el domingo 28 de julio, pero no han podido confirmarlas. En Mérida, por su parte, 17 de las 22 personas detenidas fueron presentadas hoy ante tribunales en el Circuito Judicial Penal del estado.
De los detenidos en Mérida, el comandante de la ZODI, Rubén Darío Belzares, indicó que 10 son adolescentes. La Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) establece que en los casos de detenciones en flagrancia de menores de edad, la realización de la audiencia de presentación correspondiente debe hacerse en un lapso no mayor a 24 horas desde el momento de la detención.
65 irregularidades durante el proceso electoral, un asesinato y 71 manifestaciones sociales tras el anuncio de resultados por el CNE
Además de las detenciones arbitrarias, el ODH-ULA registró 65 irregularidades y violaciones de derechos humanos cometidas en la región andina durante el proceso electoral, desde el inicio de la instalación de mesas de votación, el viernes 26 de julio, hasta el día de la elección, el domingo 28 de julio.
Estos casos incluyen impedimentos a miembros y testigos de mesa para acceder a centros de votación; retrasos en la apertura de centros de votación; amedrentamientos, agresiones físicas y verbales y coacciones a electores para que votaran por el candidato a la reelección; mal funcionamiento de máquinas electorales; presencia de puntos de partidos políticos a menos de 100 metros de centros de votación y limitaciones al trabajo de la prensa. Los agresores fueron efectivos militares y policiales, miembros de centros de votación y simpatizantes del oficialismo, algunos de estos últimos armados.
La violación de derechos humanos más grave fue el asesinato de Julio Valerio García, de 40 años de edad, mientras esperaba junto con otras personas el conteo de los votos emitidos en el centro de votación Escuela Jhon F. Kennedy, ubicado en el municipio Guásimos del estado Táchira.
El rechazo a los resultados de las elecciones difundidos por el presidente del CNE la madrugada del 29 de julio —que no son reconocidos por la oposición ni por la mayor parte de la comunidad internacional— causó manifestaciones ciudadanas en gran parte del país.
En la región andina, el ODH-ULA registró un total de 71 manifestaciones: 47 en el estado Mérida, 15 en Trujillo y 9 en Táchira. Esta documentación se hizo mediante los reportes ciudadanos hechos en redes sociales y publicaciones de medios de comunicación social, que fueron confirmados por el equipo de monitoreo. Las detenciones arbitrarias registradas se ejecutaron en su mayoría en el contexto de esas manifestaciones y en al menos siete hubo represión por parte de funcionarios militares y policiales.
Desaparecidos estudiantes de la UNES tras oponerse al voto asistido
Según información difundida por el diario Tal Cual, 25 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) —sede Catia, en Caracas— se encuentran desaparecidos desde el domingo 28 de julio. Familiares denuncian que las desapariciones ocurrieron mientras los estudiantes protestaban para oponerse a la obligación de votar por Nicolás Maduro que les exigía el director de la institución.
«Algunos de los jóvenes que están desaparecidos por exigir que se les permitiera su derecho a votar libremente están identificados como: Derwin Linares, Eudimar Labrador, Maick Delfín y Antonio Gutiérrez», precisó Tal Cual. En la noche de ayer lunes, 29 de julio, la periodista Luna Perdomo publicó en la red social X que dos de los estudiantes desaparecidos — Eudimar Labrador y Maick Delfín— estaban detenidos. «Se les acusa de traición a la patria y de instigación al odio», informó.
El ODH-ULA también ha recibido denuncias de amedrentamientos y amenazas dirigidas por mensajes de texto contra estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA, mientras que la ONG Aula Abierta documentó represalias contras estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad del Zulia (LUZ).
Este observatorio rechaza y denuncia las violaciones de derechos humanos, desde el derecho a la vida hasta los derechos de participación política, cometidas por funcionarios del Estado venezolano y por civiles afectos al régimen de Nicolás Maduro en el marco de las elecciones presidenciales realizadas este 28 de julio.
La ausencia de pruebas auditables que respalden los resultados anunciados por el CNE son la principal causa del malestar ciudadano que se refleja en la realización espontánea de manifestaciones sociales, en su mayoría pacíficas. Reprimir y criminalizar estas manifestaciones deslegitima aún más el régimen de Nicolás Maduro ante el país y la comunidad internacional, sumando nuevas agresiones que podrían formar parte de la investigación que realiza la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela.
