(Mérida, 25/01/2022).- Este martes 25 de enero se desarrolló la sesión sobre Venezuela en el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 116 países intervinieron para expresar sus preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y dar sus recomendaciones, basados en el informe presentado por el régimen de Nicolás Maduro y las comunicaciones de 174 partes interesadas sobre este país, presentadas estas últimas en informes de derechos humanos enviados por organizaciones de la sociedad civil venezolana.
La mayoría de los países que intervinieron en esta sesión expresaron su preocupación por la violación de derechos humanos que hay en Venezuela. Recomendaron, sobre todo, que el Estado venezolano garantice la investigación de casos de violaciones de derechos humanos con un sistema de justicia independiente y dé la debida reparación a las víctimas. También hicieron énfasis en la necesidad de garantizar el cese de persecución a personas disidentes, opositores, defensores y activistas de derechos humanos, trabajadores humanitarios y periodistas, así como liberar de inmediato a todos los presos políticos.
Si bien los Estados interlocutores se enfocaron en hacer recomendaciones para que Venezuela garantice sobre todo los derechos humanos de primer orden, con especial interés en mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, comunidades LGTBIQ+ y grupos vulnerables, también algunos países señalaron la importancia de que se respeten los derechos civiles, sociales, económicos, políticos y culturales y se afronte la Emergencia Humanitaria Compleja. Entre estos últimos, al menos 14 países se refirieron directamente al derecho a la educación y los derechos de los docentes.
Derecho a la educación, autonomía y sistema paralelo universitario
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), con la participación de otras organizaciones venezolanas, elaboró tres informes como contribuciones a ser consideradas en este EPU. Dos de ellos están referidos específicamente a los derechos humanos a la ciencia, la educación y la cultura, con referencias documentadas sobre violaciones a la autonomía universitaria, la libertad académica y los derechos de docentes, estudiantes y trabajadores universitarios.
“Varias comunicaciones afirmaron que había una política gubernamental para generar insuficiencia presupuestaria en las universidades públicas autónomas, lo que había afectado la calidad de la educación superior, la capacidad de inversión en infraestructura, al salario digno de los profesores e incidido en el abandono estudiantil. Varias organizaciones informaron que había una violación a la autonomía universitaria; una injerencia gubernamental en los procesos de elección del gobierno estudiantil; una criminalización al pensamiento crítico y científico; represalias contra académicos por opiniones críticas, con un especial énfasis en contra de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU)”, señala el Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para esta sesión del EPU.
El derecho igualitario a la educación de calidad en todos los niveles, la autonomía universitaria, la libertad académica y los derechos laborales de los docentes fueron parte de las recomendaciones dadas a Venezuela por Singapur, Eslovenia, Togo, Tanzania, Uruguay, Bangladesh, Brunéi, Esuatini, Santa Sede, Indonesia, Kuwait, Países Bajos, Omán y Rumania.
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Por primera vez en un EPU, un país (Uruguay) se refiere al sistema paralelo universitario creado en Venezuela por el gobierno de Hugo Chávez y el régimen de Maduro, señalando la importancia de garantizar que las instituciones que lo conforman sean autónomas. Entre sus recomendaciones, el representante de Uruguay pidió a Venezuela cesar la intervención de las universidades y los institutos de educación superior, y transformar sin demoras el sistema paralelo de universidades no autónomas para que alcancen plena independencia y libertad.
En el caso de Eslovenia, es la segunda vez que este país se refiere ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a las violaciones a la autonomía universitaria y la libertad académica que ocurren en Venezuela. La primera vez lo hizo en el segundo ciclo del EPU, realizado en 2016.
Derecho a la justicia: la indispensable independencia judicial
Sobre el derecho a la justicia, la gran mayoría de los 116 países que intervinieron en esta sesión del EPU expresaron su preocupación respecto a las ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidos por agentes estatales. A su vez recomendaron a Venezuela investigar las graves violaciones de derechos humanos mediante un sistema judicial independiente, a fin de que cese la impunidad. Insistieron en que Venezuela ratifique la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Así mismo, la mayoría de naciones interlocutoras coincidieron en recomendar a Venezuela que colabore con la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, permitiendo su visita al país, así como con otros mecanismos de la ONU, tales como los Procedimientos especiales. Del mismo modo, recordaron la importancia de que el país se rija por principios legales internacionalmente aceptados, como los establecidos en los Principios de París, y que permita la ampliación de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
En este aspecto, el ODH-ULA elaboró un tercer informe enfocado en las violaciones cometidas por el Estado en materia judicial, con la participación de otras organizaciones venezolanas defensoras de derechos humanos: Defiende Venezuela, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), y EPIKEIA Derechos Humanos. Este informe lleva por nombre Acceso a la justicia: Erosión de la autonomía e independencia del Ministerio Público e impunidad en Venezuela.
“Varias comunicaciones informaron sobre la falta de independencia en el sistema de administración de justicia, y en particular, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que había anulado a la Asamblea Nacional (AN), auto atribuido funciones parlamentarias con las sentencias 155 y 156 (2017), destituido a la Fiscal General por negarse a impulsar procesos penales contra manifestantes e intervenido Colegios de Abogados o elecciones universitarias”, reseña el citado resumen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las comunicaciones enviadas por las partes interesadas, entre otros ítems relacionados con violaciones del derecho a la justicia.
El ODH-ULA se suma a las recomendaciones emitidas por las naciones interlocutoras en la sesión sobre Venezuela en este tercer ciclo del EPU y exhorta al Estado venezolano a aceptarlas todas e implementar su cumplimiento.
