(Mérida, 15/06/2021).- Erickvaldo José Márquez Moreno cumple este 15 de junio seis meses de continuar en prisión pese a la sentencia de libertad plena que dictó el juez de su juicio el 15 de diciembre de 2020. La continuidad del arresto de Erickvaldo responde a la solicitud de efecto suspensivo sobre la sentencia que ejerció la Fiscal nacional asignada por el Ministerio Público del régimen de facto para este caso.
Erickvaldo Márquez, quien defendió injustamente en prisión el pasado 24 de marzo su Memoria de Grado para ser Licenciado en Educación Física por la Universidad de Los Andes (ULA), está preso desde el 13 de septiembre de 2017, acusado de un asesinato que no cometió, ocurrido en el marco de las protestas sociales registradas ese año en Venezuela.
Tras un largo e irregular juicio, donde no se presentó ninguna prueba ni testigo en su contra, el juez del caso dictaminó que Erickvaldo era inocente y sentenció su libertad plena e inmediata, pero la Fiscal Cuarta del Ministerio Público de Mérida, Lupe Fernández, apeló la decisión del juez alegando tener “una duda razonable”. Fernández ejerció un efecto suspensivo sobre la sentencia, previsto en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
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Presos por protestar: un patrón del régimen
El caso de Erickvaldo Márquez se suma a otros caracterizados por el mismo patrón: la detención arbitraria de jóvenes y su posterior imputación de delitos que no cometieron, por el solo hecho de participar en protestas contra el régimen. Muchos de ellos eran estudiantes universitarios que participaron o lideraron las protestas sociales de 2014 o 2017 ocurridas en Venezuela contra el hoy mandatario ilegítimo Nicolás Maduro. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha documentado otros dos casos en Mérida que responden a este patrón.
En enero de 2016, Steven Ricardo García Sanz fue detenido por el asesinato de Gisella Rubilar Figueroa, una docente chilena residenciada en Mérida que murió el 9 de marzo de 2014 en el marco de las protestas sociales de ese año, las cuales tuvieron mayor presencia en los estados Mérida y Táchira. Rubilar recibió un disparo en la cabeza el 8 de marzo, mientras retiraba una barricada puesta por los manifestantes en la avenida Las Américas de la capital del estado.
Steven García fue detenido arbitrariamente casi dos años después de perpetrado el crimen por el que se le acusa, siendo sometido además al escarnio público por políticos del chavismo, pese a que su juicio ni siquiera ha comenzado después de más de cinco años de su arresto. “Aquí está Steven Ricardo García Sanz, asesino. Asesino”, dijo Diosdado Cabello en su programa de televisión “Con el mazo dando” el 26 de enero de 2016, día en que detuvieron al joven de 24 años.
La madre de Steven García ha denunciado en reiteradas ocasiones irregularidades en el caso de su hijo y asegura que es inocente. Fiscales del Ministerio Público que en 2017 fueron despedidos por manifestar su apoyo a la entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, han dado fe de la fabricación de pruebas falsas en contra de García para sustentar su imputación por homicidio. El joven permanece recluido en el Centro Penitenciario de la Región los Andes (CEPRA), sin que haya fecha prevista para el inicio de su juicio. Se ha conocido que estaría recibiendo presión para incriminarse y admitir los hechos que se le imputan. La defensa de García la lleva el equipo jurídico del Observatorio Penal del estado Mérida (Opem).
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Daniel Parra, otro preso político
Además de Steven García y Erickvaldo Márquez, otro joven permanece tras las rejas injustamente, acusado de un asesinato sobre el que tampoco hay pruebas en su contra. Se trata de Daniel Alejandro Parra Pérez, detenido arbitrariamente el 16 de septiembre de 2017, tres días después del arresto de Erickvaldo. A Parra el Ministerio Público lo acusa por el asesinato de Douglas Acevedo, supervisor jefe de la Policía del estado Mérida, cometido el 13 de junio de ese año en el marco de las protestas sociales registradas en Mérida.
El Foro Penal incluye a Daniel Parra en su lista de presos políticos en Venezuela, que hasta el 7 de junio de este 2021 suman 302, según datos de esta ONG. Parra está recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) del municipio Tovar del estado Mérida, a la espera de que se inicie su juicio. El Tribunal 2º de Control del estado Mérida le imputa los delitos de homicidio intencional calificado y lesiones intencionales graves.
El ODH-ULA condena el patrón de criminalización de las protestas sociales en Venezuela, cuyos detenidos arbitrariamente por participar en las mismas y acusados por asesinatos sobre los que no existen pruebas en su contra son una muestra de la política de intimidación y toma de represalias por parte del régimen. Este Observatorio exige una vez más libertad inmediata, justicia y reparación para todos los presos políticos de Venezuela.
