(Mérida, 21/09/2020).- Luego de las acciones ejercidas por la entonces Fiscal General de la República (FGR), Luisa Ortega Díaz, a través de los recursos interpuestos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra del gobierno de Nicolás Maduro y sobre la irregular convocatoria a votar por una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 30 de julio de 2017, el día 5 de agosto de ese mismo año Ortega Díaz fue removida ilegalmente de su cargo. Esta acción arbitraria fue la primera de muchas otras que dejaron sin empleo a decenas de directores, fiscales y empleados del Ministerio Público (MP) en distintos estados del país, por expresar su apoyo a la FGR.
El cargo de Ortega Díaz lo usurpa desde entonces Tarek William Saab, luego de que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tomaran la sede principal del MP en Caracas. Al ocupar ilegalmente el cargo, Saab designa nuevos directores y fiscales superiores. Tras estas designaciones comienza una ola de despidos ilegales de fiscales regionales y persecuciones a empleados del MP en todo el país para obligarlos a renunciar a sus cargos.
25 fiscales despedidos en Mérida
El 14 de agosto de 2017 se presenta en la sede del MP de Mérida como nuevo Fiscal Superior el abogado José Rafael Bastos, quien ya ocupaba el cargo de Defensor del Pueblo en el estado y además era empleado de la nómina de la Corporación de Salud regional (Corposalud Mérida). Al asumir el cargo el 16 de agosto de ese año, Bastos convocó a una reunión a todos los fiscales del MP de Mérida, en la cual estuvieron presentes funcionarios de los cuerpos policiales de inteligencia, tomando fotografías y filmando a los asistentes.
En la referida convocatoria, Bastos manifestó su posición política como “chavista” y “socialista”, recordando que había pertenecido a un grupo guerrillero y manifestando que iba a comenzar la “depuración” de la institución, amenazando a los presentes con que iniciaría investigaciones para solicitar posteriores detenciones.
Luego de la reunión intimidatoria y politizada, a partir del 23 de agosto y hasta el 20 de septiembre de 2017 se efectuó la remoción de sus cargos a 25 fiscales de Mérida en total, sin importar el tiempo de servicio y si llenaban los requisitos para obtener el beneficio de jubilación. Fiscales que poseían el fuero especial por tener hijos discapacitados o con condiciones especiales, fuero maternal o paternal, fueron despedidos sin ningún tipo de consideración. Otros 12 fiscales fueron obligados a renunciar, así como una gran cantidad de trabajadores administrativos víctimas de persecución, maltrato y constantes amenazas de detención por parte del personal que usurpó la Fiscalía Superior de Mérida.
Luego de estos hechos, ocho fiscales despedidos interpusieron un recurso de reconsideración ante el FGR Tarek Willian Saab, quien nunca se pronunció al respecto. De igual forma presentaron un recurso contencioso administrativo funcionarial ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo del estado Mérida, solicitando el derecho a jubilación por haber laborado más de 25 años en la administración pública. Otros solicitaron su reincorporación por poseer fuero especial, fuero maternal o paternal. En todos los casos el Tribunal ha dilatado el proceso y, hasta la fecha, no ha garantizado los derechos de los fiscales, ni siquiera su derecho humano a la seguridad social.
Designaciones por filiaciones políticas
En la nueva reestructuración efectuada al MP Mérida han ingresado personas por el simple hecho de manifestar su filiación política al régimen de facto, asumiendo cargos importantes como fiscales siendo que desconocen las funciones del MP y el rol que debe cumplir el fiscal en el proceso penal, como medio de control de la legalidad ante el abuso de los cuerpos policiales. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha podido constatar que esto ha generado situaciones donde se transgreden los derechos tanto de los justiciables como de las víctimas.
El 31 de agosto de 2018 el ODH-ULA denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de nueve fiscales despedidos del Ministerio Público de Mérida. El 23 de abril de 2019 la CIDH admitió la denuncia y solicitó al Estado venezolano información al respecto, sin embargo, el 26 de noviembre de ese mismo año, siete meses después, la CIDH informó que el gobierno ha incumplido sus responsabilidades y no ha respondido a la demanda de la petición. Hasta la fecha, el caso está en espera de opinión conclusiva por parte de la referida Comisión.
