(Mérida, 18/12/2023).- El sueldo mínimo en Venezuela es el mismo desde mayo de 2022: apenas 130 bolívares, unos 3,63 dólares al cambio oficial publicado hoy por el Banco Central de Venezuela (BCV). Sin embargo, los servicios básicos del país —en su mayoría controlados por el Estado— sí aumentan su costo, pese a la mala calidad con la que funcionan.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) preguntó a habitantes de siete municipios del estado Mérida cuánto gastan mensualmente en servicios básicos y combustible, así como sobre la calidad de los mismos. Entre agua, luz, gas, telefonía (fija y móvil), internet y gasolina, los merideños consultados destinan entre 100 y 150 dólares mensuales.
Las tarifas oscilan dependiendo de la empresa proveedora de los servicios, pero todas las personas consultadas coinciden en el aumento exponencial del costo de la telefonía fija y el servicio de internet que provee la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), así como del servicio eléctrico que depende de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Ambas empresas son controladas por el Estado.
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Telefonía y conexión a internet: los servicios más costosos y deficientes
En septiembre de 2022, Cantv anunció un incremento en las tarifas de su servicio de internet ABA. El plan más económico para hogares quedó entonces en un precio equivalente a 3,40 dólares (4 Megabits por segundo, Mbps) y el más costoso en 15,06 dólares (22 Mbps). Después de ese anuncio, el cobro por este servicio y por el de telefonía fija aumentan cada mes sin anuncio oficial, según reportes de usuarios consultados por el ODH-ULA. En contraparte, la calidad de ambos servicios empeora.
Emmanuel Rivas, habitante de San Rafael de Mucuchíes, municipio Rangel, cuenta que el último recibo de Cantv que pagó (finales de noviembre) llegó por un monto de 762 bolívares, más de 20 dólares al cambio oficial del BCV. “El anterior fue de 546 bolívares, que incluye el servicio de teléfono y el plan ABA de 8 Mbps. Tenemos más de cuatro meses intentando quitar el plan, porque no lo usamos debido a su pésima calidad aumento mensual, pero no ha sido posible. Tuvimos que contratar un servicio privado de internet satelital que cuesta 25 dólares al mes”, precisó Rivas.
Otra habitante del municipio Rangel, que vive en Escagüey, denunció al ODH-ULA que los servicios de telefonía e internet que provee Cantv no funcionan cuando se va la luz, falla que padecen a diario. “Desde hace más de 4 meses estoy denunciando que se llevaron las baterías que había en el nodo de la parroquia Mucurubá y que permiten que se mantenga el servicio de teléfono e internet cuando no hay luz. Sin servicio eléctrico no hay tono de Cantv y quedamos sin internet y sin señal de Movilnet y Digitel. No tenemos comunicación de ningún tipo”, explicó quien prefirió el anonimato para evitar represalias por su denuncia.
Josué Velasco necesita conexión a internet permanente para poder trabajar, ya que labora a distancia desde su casa. Vive en la parroquia Juan Rodríguez Suárez del municipio Libertador y gasta alrededor de 45 dólares mensuales en internet, porque tiene ABA de Cantv y un servicio privado, por si alguno de los dos falla.
“Yo no he quitado el internet de Cantv porque a veces se cae la conexión de la empresa privada que contraté y resuelvo con ABA, pero debido a que todos los meses aumentan entre 3 y 5 dólares, voy a tener que quitarlo. Lo otro es que por los constantes apagones he tenido que cambiar hasta tres veces en un mes la batería del UPS (dispositivo que suministra energía eléctrica) que alimenta los módems, que cuesta entre 20 y 25 dólares”, precisa Velasco.
Luz: multas y suspensiones constantes
A comienzos del pasado mes de julio Corpoelec anunció el inicio del “plan borrón y cuenta nueva” en cinco estados del país: Lara, Falcón, Táchira, Mérida y Trujillo. A través de este los usuarios de sectores residenciales debían actualizar sus datos para crear un nuevo contrato con la compañía y pagar una tarifa fija por las deudas acumuladas del servicio que tuvieran entre 2018 y 2022.
Sin embargo, Corpoelec dispuso de solo 11 oficinas en todo el estado Mérida para poder tramitar ese plan, ubicadas en apenas 9 de los 23 municipios que tiene la entidad. La mayoría de los usuarios consultados por el ODH-ULA no pudo hacer el trámite en el lapso previsto, situación que los llevó a tener que pagar una multa de 1.000 bolívares.
“A mediados de septiembre yo hice por internet todo el procedimiento que indicaba Corpoelec en su página web, pero como no lo hice directamente en la oficina, tuve que pagar 1.000 bolívares de multa. Eso fue muy injusto, ya que el registro por internet lo tuve que hacer desde Mérida en una oportunidad que viajé hasta allá, porque en Santo Domingo nunca hay buena conexión a internet y los cortes de electricidad entonces duraban hasta ocho horas diarias”, detalló Francis Barrios, habitante del municipio Cardenal Quintero.
María Mora, periodista que reside en el municipio Arzobispo Chacón del estado Mérida, aseguró al ODH-ULA que solo 27 % de la población de esta entidad pudo actualizar sus datos en Corpoelec. “La mayoría de las personas no pudo actualizar por falta de combustible para trasladarse a la única oficina de Corpoelec que hay en todo el municipio, ubicada en Canaguá. Los que han ido luego de la fecha límite han tenido que pagar 1.000 bolívares por el nuevo contrato”, explicó.
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Agua: tarifa plana y cortes de hasta 20 días
La empresa estatal Aguas de Mérida es la encargada de proveer el servicio de agua potable en casi todo el estado. En los municipios del páramo y los pueblos del sur los habitantes no suelen tener fallas de este servicio, pero quienes residen en municipios de la zona panamericana, así como en Sucre y Libertador, son quienes más padecen por las constantes fallas de agua.
Gabriel Labrador, periodista y habitante de El Vigía, capital del municipio Alberto Adriani, cuenta que el agua por tuberías llega solo 7 días al mes. “Pasamos 15 días sin agua y 7 días con agua. La gente tiene que recurrir a comprar cisternas y agua embotellada. Tres botellones de agua (unos 75 litros) los venden por un dólar, mientras que las cisternas valen entre 10 y 20 dólares, dependiendo de la cantidad de litros”, precisa quien además denuncia el constante racionamiento eléctrico de entre 3 y 4 horas continuas, a veces hasta dos cortes por día. En otras comunidades de este municipio, la suspensión del servicio de agua ha llegado a durar hasta 20 días.
Dibiana Torres, habitante del municipio Libertador, se encarga de pagar los recibos de agua y luz que llegan a la casa de su mamá, quien lleva varios años fuera del país. Pese a que nadie vive en esa casa —y, por tanto, no hay consumo de agua ni de luz—, Torres contó al ODH-ULA que las facturas llegan cada vez más altas. “El último recibo de agua que pagué salió en 130 bolívares (equivalente al sueldo mínimo). Cuando pregunté en Aguas de Mérida el porqué del aumento si ahí no vivía nadie, me dijeron que esa era la tarifa plana mínima que todos los usuarios debían pagar”.
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El gas que proveen los consejos comunales está dolarizado
El servicio de gas doméstico en Mérida se cotiza en dólares desde hace más de dos años, independientemente de si lo proveen empresas privadas o los consejos comunales, organizaciones politizadas que controlan este servicio básico y la distribución de los alimentos que llegan de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).
En el municipio Pueblo Llano los precios de los cilindros de gas que ofrecen los consejos comunales van desde 5 dólares el más pequeño hasta 14 dólares el más grande. “Los precios varían dependiendo del consejo comunal, cosa que nunca he entendido”, comenta Carina Salcedo, habitante de esta entidad ubicada en el páramo de Mérida. En su casa consumen un cilindro pequeño mensual, pero en otras viviendas del páramo el consumo es mayor.
En la casa de Emmanuel Rivas, quien vive en San Rafael de Mucuchíes, gastan alrededor de 400 bolívares mensuales en gas, lo que representa casi tres sueldos mínimos. “Nosotros tenemos dos calentadores de agua a gas, uno en cada baño. La bombona grande de la cocina dura un mes o un mes y medio, depende de lo que se cocine”, explica. En el hogar de Rivas habitan cinco adultos y dos niños.
María Pérez, por su parte, gasta 10 dólares al mes en gas doméstico, porque no usa cilindros sino gas a granel, porque vive en un edificio del municipio Libertador. Sin embargo, gasta más en otros servicios y en condominio. “En mi casa se nos van entre 130 y 150 dólares mensuales en servicios básicos y gasolina. Eso es la mitad de lo que yo gano entre los tres trabajos que tengo. Con lo que me queda no comemos, sino que mal comemos”, asegura.
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Gasolina, el mayor gasto de los merideños después de la comida
La gasolina subsidiada en el estado Mérida prácticamente desapareció. La gran mayoría de estaciones de servicio están dolarizadas. Incluso así, los merideños deben hacer colas kilométricas y, en la mayoría de municipios, esperar a que salga sorteado el último número de la placa de sus vehículos. Esto genera un mercado negro donde el litro de gasolina se cotiza entre 1 y hasta 3 dólares. Para llenar el tanque de un carro pequeño, un merideño gasta entre 20 y hasta 80 dólares.
Hasta el martes de la semana pasada, el municipio Arzobispo Chancón tenía 119 días sin recibir combustible. Así lo informó la periodista María Mora al ODH-ULA, acotando que en este municipio —el más grande del estado Mérida y productor agropecuario— solo hay tres estaciones de servicio. Esta escasez aumenta la demanda de gasolina en el mercado negro, donde el litro cuesta entre 1,8 y 2,2 dólares.
La misma escasez de combustible la padecen los habitantes del municipio Rivas Dávila, productor agrícola y floricultor. Aquí los precios en el mercado negro son más altos, por combustible que muchas veces es traído de Colombia. Zulieta Morales, agricultora y floricultora, indicó al ODH-ULA que el litro de gasolina revendida en esta entidad cuesta entre 2 y 3 dólares.
El acceso a servicios básicos de calidad es un derecho humano que se viola en Venezuela. Las zonas más alejadas de la capital del país son las que menos acceso tienen y peor calidad reciben de los mismos. El ODH-ULA, que registra la situación de los derechos humanos en la región andina y promueve la defensa de los mismos, exige una vez más al Estado venezolano —como lo ha hecho desde su creación en 2014— la garantía de servicios básicos a toda la población, con precios accesibles y sin fallas.
