(Mérida, 12/12/2023).- Desde hace más de tres meses dos médicas cirujanas, cursantes del tercer año del postgrado en neurocirugía de la Universidad de Los Andes (ULA), no pueden continuar su residencia estudiantil debido a una suspensión indefinida y sin justificación que emitió el servicio jurídico del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA).
Victoria Bellorin y Zuliany Puentes, las médicas afectadas, recibieron una primera notificación de suspensión de sus actividades de postgrado el pasado 5 de septiembre, a través de una comunicación fechada el 4 de agosto de este año y firmada por la directora del IAHULA, Nellys Molina. En la misiva se ordenaba la suspensión de las galenas de sus actividades prácticas como residentes del postgrado de neurocirugía, sin exponer motivos, a partir del 4 de septiembre del corriente.
Esta suspensión constituye una violación a los derechos de las médicas Bellorin y Puentes a la educación, a la ciencia, así como el derecho colectivo de los pacientes a recibir atención médica en un hospital que carece de suficientes especialistas. Desde que el IAHULA las suspendió de sus actividades prácticas de postgrado, las médicas han dejado de participar en unas 150 intervenciones quirúrgicas.
Acciones legales ignoradas
Ante esta decisión arbitraria y sin justificaciones, Bellorin y Puentes solicitaron en cuatro oportunidades —dos de forma verbal y dos por escrito— una audiencia con la directora del IAHULA, a fin de conocer los motivos de sus suspensiones, pero no obtuvieron respuesta. En consecuencia, ambas introdujeron una acción de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con la asistencia legal del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA).
El Tribunal declaró sin lugar dicha acción indicando que debía agotarse la vía ordinaria. Ante la falta de respuesta de la directora del hospital, y con base en el abuso de poder de esta al tomar una decisión que no es de su competencia, el equipo legal del ODH-ULA presentó un segundo recurso ordinario de amparo, junto con una medida cautelar para solicitar la reincorporación de las médicas a sus prácticas de postgrado. Esta vez el Tribunal sí admitió el recurso, pero declaró sin lugar la medida cautelar solicitada.
«Una vez que el servicio jurídico del hospital conoce la decisión del tribunal, utiliza el principio de tutela administrativa, dejando sin efecto el primer acto administrativo donde suspende a las médicas (la primera comunicación firmada por la directora del IAHULA). Es decir, lo corrige, pero las vuelve a suspender alegando que esa suspensión debe mantenerse mientras ellos investigan», precisa Iván Toro, coordinador del equipo legal del ODH-ULA que asiste a las médicas junto con la abogada Lilimar Zerpa.
Hasta la fecha, el servicio jurídico del IAHULA no ha permitido a los abogados de las médicas acceder al expediente que justificaría la suspensión ordenada en su contra. «La primera vez que solicitamos acceder a esa investigación no tenían nada, no había ninguna averiguación administrativa. Empezaron a hacer el procedimiento administrativo cuando recibieron el recurso contencioso administrativo del tribunal», precisó Toro.
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Agresiones previas y una posible represalia
Además de ser víctimas de una suspensión indefinida sin justificaciones, las médicas Victoria Bellorin y Zuliany Puentes también han sufrido agresiones por parte de un neurocirujano del hospital y señalamientos por denunciar actos de negligencia de otro estudiante del postgrado. De hecho, según les han hecho saber otros médicos del postgrado de forma verbal e informal, la suspensión de sus actividades prácticas podría ser una medida de represalia por sus denuncias.
«Según información extraoficial que ellas han obtenido, un médico residente del primer año del postgrado de neurocirugía las denunció por acoso y hostigamiento ante la dirección del hospital y ante otras instancias, como el Colegio de Médicos, sin presentar pruebas. En las averiguaciones del Colegio de Médicos lo que constataron fue la negligencia de ese médico, que había sido previamente denunciada por Bellorin y Puentes. La negligencia de ese médico ha afectado pacientes. Algunos incluso fallecieron», explicó Toro.
Antes de esta situación, las galenas también han sido víctimas de maltratos. Una de ellas tuvo un aborto involuntario. Antes de perder a su bebé, un médico y profesor del postgrado le dijo que ninguna estudiante podía estar embarazada. Cuando supo del aborto, le dijo: «eso es para que aprendas que en el postgrado de neurocirugía no podías estar embarazada», aseguró la afectada al ODH-ULA.
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ULA apoya a las médicas y rechaza injerencia del hospital en el postgrado
El pasado 12 de octubre el Consejo de la Facultad de Medicina de la ULA sesionó sobre el asunto que afecta a las médicas, decidiendo recomendar a la junta directiva del hospital —a través de su División de Estudios de Postgrado y del Consejo Directivo del Postgrado de Neurocirugía— la reincorporación inmediata de las estudiantes a su residencia, por no existir motivos que justifiquen su suspensión.
Asimismo, el equipo legal del ODH-ULA solicitó en su recurso de amparo la anulación del primer procedimiento administrativo ejercido sobre las afectadas, porque no es competencia de la directora del hospital suspender a las médicas de sus actividades prácticas de estudio, ya que ella no es autoridad universitaria y el postgrado es administrado por la ULA. Ni Bellorin ni Puentes son trabajadoras del IAHULA.
«Ante ese abuso de poder, reconocido por el Tribunal Contencioso Administrativo, el IAHULA nombró una comisión técnica para investigar el caso en un segundo procedimiento administrativo. Sin embargo, este nombramiento también es ilegal porque no está contemplado en la normativa del hospital. El presidente del Colegio de Médicos del estado Mérida denunció en la reunión donde se designó esa comisión que eso era un acto arbitrario», acotó Toro.
Además de violar los derechos humanos y constitucionales a la educación y a la ciencia de las médicas afectadas, este caso constituye un abuso de poder y una violación de la Ley Orgánica de la Función Pública, así como otro ataque del Estado venezolano contra la autonomía universitaria que debe tener la ULA sobre la gestión y administración de sus cursos de pregrado y postgrado.
El ODH-ULA se suma a las exigencias hechas por otras instancias de reincorporar inmediatamente a las médicas Victoria Bellorin y Zuliany Puentes a sus actividades prácticas de postgrado en el IAHULA. Asimismo, exhorta a esta institución a abstenerse de usurpar funciones que son competencia de la ULA, como lo es la investigación sobre el desempeño y conducta estudiantil de las médicas, procedimiento que correspondería hacerse a través del Consejo de Estudios de Postgrado y las instancias más directas, que en este caso son la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina y el Consejo Directivo del Postgrado de Neurocirugía.
