(Mérida, 07/07/2023).- El más reciente Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, presentado el miércoles 5 de julio, incluye referencias a la falta de garantías al derecho a la educación. Entre estas se señala la insuficiencia presupuestaria de las universidades, así como la precariedad salarial de profesores y trabajadores educativos.
El Informe del ACNUDH refiere el “Reporte mensual: Situación de las Universidades Venezolanas” de julio de 2022, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, la ONG Aula Abierta y el Centro para la Paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela.
La referencia aparece en el segundo apartado del informe, dedicado a la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a los pueblos indígenas. En el punto 6 se señala que, durante la pandemia por la COVID-19, “las universidades se enfrentaban a problemas de financiación insuficiente, ya que algunas sólo recibían entre el 1 % y el 2 % de su presupuesto anual asignado”.
Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirma en el documento que su oficina recibió informes que dan cuenta de la precariedad salarial de los profesores y trabajadores del sector de la educación pública, “lo que les obliga a buscar fuentes alternativas de ingresos y a abandonar su profesión”.
Leer más: Régimen exige a las universidades presentar proyectos socioproductivos sin asignarles presupuesto
Asfixia presupuestaria a universidades venezolanas comenzó en 2008
Si bien el más reciente Informe del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH sobre Venezuela abarca el período comprendido entre el 1º de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023, la crisis inducida por el Estado venezolano a las universidades autónomas del país existe desde hace 15 años. “Los primeros recortes comenzaron en 2008, cuando el entonces Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior le asignó a las universidades el mismo presupuesto del año anterior”, señala la investigación periodística Universidades en rojo.
Desde su creación en 2014, el ODH-ULA ha documentado la asfixia presupuestaria aplicada a las universidades en informes, reportes, redes sociales, programas de radio y notas de prensa. En 2016 este observatorio, junto con otras organizaciones de universidades venezolanas, elaboró un informe como contribución para el Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal de Venezuela, que realiza el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En dicho informe, titulado “Restricciones y represalias contra la autonomía y la libertad académica en el sistema de educación superior de Venezuela”, se enumeran las limitaciones al financiamiento y a la autonomía económica que por entonces vivían las universidades públicas del país: obstaculización de acceso al presupuesto, restricciones de acceso a divisas (aún existía Cadivi) y reducción de salarios de profesores universitarios.
Leer más: Pago de nóminas universitarias por sistema patria viola autonomía económica y financiera
La reducción de los presupuestos universitarios hasta prácticamente desaparecerlos ha ocurrido mientras el Estado venezolano reconoce la existencia de corrupción en sus instituciones, a manos de sus propios funcionarios. En marzo de este 2023, el régimen de Nicolás Maduro admitió públicamente la desaparición de 3.000 millones de dólares de las arcas de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Según cálculos del ODH-ULA, esa cantidad es 22 veces mayor al dinero recortado a los presupuestos solicitados por la Universidad de Los Andes (ULA) durante los últimos cinco años.
La falta de presupuesto ha causado el progresivo deterioro de la infraestructura universitaria, la desactualización de bibliotecas, el declive de la investigación científica, la suspensión de beneficios estudiantiles (como transporte, atención sanitaria, becas, comedores, entre otros) y el aumento de la inseguridad, situación que aprovechan delincuentes para robar, destruir y desmantelar los bienes de las universidades. Solo durante la pandemia por COVID-19 en 2020, el ODH-ULA registró 223 ataques a universidades venezolanas.
Leer más: [Informe] El declive de la investigación científica en Venezuela. COVID-19 y emergencia humanitaria
Salarios universitarios se han reducido 99 % en 22 años
El Informe del ACNUDH sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela entre mayo de 2022 y abril de 2023 también refiere la precariedad salarial que viven los profesores y trabajadores de la educación. En el caso de las universidades, el ODH-ULA ha denunciado la progresiva depreciación de los salarios, que han implicado a su vez la desaparición de los programas de previsión social.
En enero de este año, el mayor sueldo mensual de un profesor universitario venezolano (categoría titular y con dedicación exclusiva) era de 522,16 bolívares. Al cambio oficial del Banco Central de Venezuela representaban entonces 26,14 dólares. Esa cantidad es apenas el 1 % de lo que ganaba un profesor con el mismo escalafón y dedicación en el año 2001. Actualmente el sueldo base en bolívares es el mismo, pero debido a la progresiva devaluación de la moneda nacional, ahora son apenas 18,45 dólares.
Los escasos servicios de protección y asistencia social que se mantienen en las universidades cuestan mucho más de lo que gana un profesor. “El personal universitario en Venezuela contaba con una cobertura amplia de salud que proveían los institutos de previsión social, gremios y sindicatos. Esto dejó de existir como consecuencia de la asfixia presupuestaria a la que están sometidas las universidades públicas del país desde el año 2007”, señala el ODH-ULA en una nota de prensa sobre su Reporte: Salud y protección social del personal universitario, publicado a finales de 2022.
Leer más: Régimen viola derechos salariales, contractuales y sindicales del sector universitario desde 2004
Para noviembre de 2022, según estimaciones del ODH-ULA, un profesor universitario a dedicación exclusiva necesitaba ocho meses de sueldo para pagar un día de hospitalización en un centro de salud privado de la ciudad de Mérida, establecido en unos 410 dólares en las clínicas más económicas. Actualmente necesitaría 22 meses de salario, sin tomar en cuenta el incremento de precios debido a la incesante inflación.
Si bien en sus recomendaciones el Informe del ACNUDH no incluye ninguna referida directamente al derecho a la educación, en sus observaciones señala la persistencia de dificultades para garantizar la existencia de condiciones mínimas para una educación de calidad. El informe sí recomienda al Estado venezolano adoptar “medidas concretas para abordar las causas de fondo de las protestas de trabajadores, trabajadoras y personas jubiladas, incluidos los salarios y las condiciones laborales”.
El ODH-ULA suscribe todas las recomendaciones hechas por el ACNUDH y agrega la importancia de garantizar la autonomía universitaria en Venezuela, en todas sus dimensiones: organizativa, académica, administrativa, económica y financiera. La educación gratuita y de calidad es un derecho humano y constitucional indispensable para la reconstrucción de la democracia en el país.
