Puede descargar el informe completo aquí
Audiencia celebrada el 4 de diciembre de 2020
178 Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Con fecha 23 de septiembre de 2020, un grupo de cuarenta y un organizaciones civiles, y personas defensoras de derechos humanos, representativas de 11 países de la región, presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), una solicitud de audiencia pública, con el objetivo de proporcionarle información relevante y actualizada acerca de la situación de la independencia y autonomía de los y las fiscales, y de las fiscalías en la región, y sobre las principales amenazas y obstáculos que impiden desempeño de la función fiscal sin interferencias indebidas, y que impactan en sus competencias para investigar y perseguir la criminalidad de mayor impacto en la región.
Las organizaciones y personas peticionarias venimos enfrentando la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos y gran corrupción, que en algunos países de la región supera el 90% de los casos denunciados -sin considerar la “cifra negra” de los delitos que no se denuncian. Estos niveles de impunidad, que cuestionan por sí mismos la vigencia del estado de derecho, no puede tener otra causa que la existencia de influencias u obstáculos para que las y los fiscales, y las fiscalías, cumplan con su misión institucional. La Comisión Interamericana lo advirtió al señalar acertadamente que la falta de independencia de las instituciones fiscales es “una de las causas estructurales de la impunidad”1.
Nuestra región exhibe fiscalías absolutamente cooptadas por el poder político o por el crimen organizado, que son el rostro mismo de la impunidad: la administran estratégicamente y manipulan el poder punitivo del estado para perseguir a quienes protegen los derechos humanos o denuncian actos de corrupción, y son un muro infranqueable para quienes exigen justicia. Otras fiscalías están fuertemente influenciadas por las élites políticas o económicas, que a través de mecanismos de designación con pocas garantías, logran colocar personas afines en el cargo de Fiscal General, y desde esa posición favorecida por la estructura fuertemente vertical de las fiscalías, ejercen sus influencias para paralizar u obstaculizar investigaciones que afecten sus intereses. Fiscalías que padecen de debilidad estructural, a veces crónica, conformadas casi en su totalidad por fiscales en situación de provisionalidad, que son incapaces de perseguir crímenes complejos, y que requieren de mecanismos de apoyo internacional para ponerse de pie y fortalecerse. Fiscalías acorraladas por el poder, que albergan unidades de investigación o fiscales con integridad y competencia, pero que deben poner en riesgo sus vidas y su seguridad y la de sus familias, para investigar la criminalidad del poder. En los últimos años, Fiscales Generales de varios países han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando medidas cautelares, mientas que muchos otros y otras han tenido que exiliarse y desarraigarse, perseguidos en un país que es incapaz de protegerlos.
Ese es el alarmante escenario de las fiscalías latinoamericanas, que tiene un impacto directo en la protección de derechos de las y los ciudadanos de las Américas. ¿Cómo podríamos esperar que estas instituciones desarticulen estructuras criminales cuyas actividades generan violaciones y privaciones masivas de los derechos más básicos? ¿Cómo podríamos exigir que investiguen y persigan crímenes complejos, que involucran poderes públicos y privados? ¿Cómo empezar a revertir una impunidad estructural, sin proteger a actores tan importantes y estratégicos como las fiscalías y las personas que las integran?
En tal escenario, la audiencia solicitada busca plantear directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la necesidad imperiosa de atender a la problemática de las y los fiscales, y de las fiscalías, y de proteger su independencia, como un elemento indispensable de cualquier esfuerzo serio por combatir la impunidad. El derecho a la justicia, la protección efectiva de los derechos humanos, y la lucha contra la corrupción no podrá alcanzarse de ninguna manera, si este problema no es atendido.
El presente informe identifica algunos de los principales problemas, obstáculos y desafíos que afectan la autonomía de los fiscales y las fiscalías en la región, que se desprenden de la información concreta de los países comprendidos en la solicitud. La descripción de la situación particular de cada país, enmarcada en sus propios contextos, no solo pone en evidencia falencias u obstáculos estructurales, sino también muestra impactos concretos sobre la protección de los derechos humanos y sobre la preservación del estado de derecho en el hemisferio.
Esperamos que, como producto de la audiencia, la Comisión pueda incorporar la problemática de los fiscales y las fiscalías como un tema prioritario en su agenda, para hacerlo visible frente a los Estados y para adoptarlo como un componente necesario en sus análisis, documentos, informes y en los mandatos de sus mecanismos especiales. Asimismo, dada su relevancia y especificidad, y para atenderlo integralmente, esperamos que la Comisión pueda promover la elaboración de un informe temático que aborde sus diversos aspectos, desarrollando estándares más específicos y adecuados a la naturaleza de las y los fiscales, y las fiscalías, como lo vienen haciendo algunos otros órganos de protección de los derechos humanos en el mundo.
Asimismo, esperamos que la información contenida en este informe sirva como un insumo importante para alimentar el debate sobre la vinculación entre la corrupción y los derechos humanos, y la manera en que las herramientas de protección de éstos últimos –especialmente de la garantía de la autonomía de los fiscales y las fiscalías– pueden ayudar a combatir la primera. En ese marco, esperamos que se logre visibilizar algunas particularidades de las fiscalías respecto de otras instituciones del sistema de justicia -como los poderes judiciales-, así como la medida en que tales particularidades generan a su vez amenazas diferentes que requieren ser comprendidas y atendidas a partir de su propia naturaleza y la necesidad de repensar algunos de los estándares clásicos sobre independencia judicial, para que se les pueda brindar una protección efectiva.
La metodología para la elaboración de este documento consistió en la presentación de aportes nacionales; la discusión e identificación de obstáculos y desafíos comunes, y la consolidación de un texto final cuyo componente regional fue validado por las organizaciones y personas peticionarias.
Puede descargar el informe completo aquí
