(Mérida, 30/08/2020).- En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto desde el año 2011, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) recuerda el caso de Alcedo Mora Márquez y los hermanos Jesús y Eliécer Vergel, desaparecidos entre el 27 de febrero y el 1° de marzo de 2015. Hasta la fecha, no se tiene ningún rastro de las víctimas ni hay un solo detenido por estos hechos, considerados por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como casos de desapariciones forzadas.
La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1992, establece que ocurren desapariciones forzadas cuando “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.
Alcedo Mora despareció tras sostener una reunión con su jefe directo en la Gobernación de Mérida, Luis Martínez, quien fungía como secretario del entonces gobernador Alexis Ramírez. El hijo mayor de Alcedo Mora ha declarado públicamente que la desaparición de su padre está vinculada a que este tenía pruebas sobre corrupción y contrabando de gasolina cometidos por la Gobernación, con la anuencia del entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.
Las desapariciones de los hermanos Vergel ocurrieron los dos días posteriores a la de Alcedo Mora. Estos hombres, de nacionalidad colombiana, trabajaban con él desde hacía varios años. Danny Vergel, una hermana de las víctimas, declaró en una investigación periodística que la desaparición de sus hermanos está vinculada a la del dirigente político merideño.
Hábeas Corpus no admitido
El ODH-ULA asistió jurídicamente a los hijos de Alcedo Mora tras la desaparición de su padre. Abogados de este observatorio introdujeron el 13 de mayo de 2015 un hábeas corpus ante el Tribunal de Control número 6 del estado Mérida, siendo declarado inadmisible por el juez de control Hugo Rael Mendoza, alegando que no había ninguna situación para dicho recurso de amparo porque no se había verificado si Alcedo Mora estaba detenido o no.
Por decisión de los hijos de la víctima, la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) continuó asistiéndolos legalmente. El 28 de junio de 2016 el caso fue llevado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y expuesto en el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Esta instancia internacional solicitó acciones al gobierno venezolano, pero desde noviembre de 2017 no hay novedades sobre el curso de las investigaciones del caso.
Entre los años 2000 y 2018, Provea registró 199 casos de desapariciones forzadas ocurridas en Venezuela. Según el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, 135 personas (23 mujeres y 112 hombres) fueron “privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. Algunos de esos casos fueron desapariciones forzadas hasta que las autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones”.
El Estatuto de Roma en su artículo 7 enumera los crímenes considerados de lesa humanidad e incluye la desaparición forzada de personas como uno de ellos. En la legislación venezolana, la Constitución establece en su artículo 45 la prohibición “a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”.
El ODH-ULA considera propicia esta fecha para exigir, una vez más, que las desapariciones forzadas de Alcedo Mora y los hermanos Vergel sean investigadas, esclarecidas y sus ejecutores enjuiciados por las instituciones del Estado venezolano, principal responsable de hacer justicia en este y todos los casos de violaciones a derechos humanos que permanecen impunes.
