El 23 de enero de 2018 se cumplen 60 años de la caída del dictador Marcos Evangelista Pérez Jiménez, quien ejercía su régimen tiránico desde el año 1953. Cinco años de abusos contra el derecho a la vida, a las libertades y otros derechos fundamentales fueron suficientes para que un sector de la Fuerza Armada Nacional, la dirigencia política y la población organizada se unieran para el golpe decisivo que habría de restaurar la democracia en nuestro país.
Este régimen democrático conquistado, imperfecto como lo son todas las obras humanas, pero que realmente era una democracia, comenzó a tambalearse con el así llamado “Caracazo”, ocurrido entre el 27 de febrero y el 8 de marzo de 1989, y puede decirse que constituyó el ariete sobre el que se afincaría el teniente coronel Hugo Chávez Frías para irrumpir en febrero de 1992 con un golpe de Estado que, aunque fracasado, dejó sin embargo aproximadamente un centenar de personas asesinadas.
El gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez, contra quien había atentado, no solo le resguardó la vida e integridad personal a este golpista (y a su grupo violento), una vez que se hubo rendido, sino que le permitió el acceso a los medios de comunicación para que él expusiera su comunicado de rendición, y durante el juicio penal que se le siguió por su crimen, le garantizó el goce y disfrute de todos sus derechos procesales.
Dos años después, en 1994, el presidente Rafael Caldera le sobreseyó la causa al teniente coronel dejándolo en libertad plena y garantizándole todos sus derechos para que emprendiera su campaña electoral que lo llevaría a la presidencia en las elecciones de 1998. Ha de tenerse en cuenta que el “sobreseimiento” es una tipología legal para dar por concluida una causa penal cuando, mediante un justo procedimiento judicial, se descubre que no hubo delito alguno. He ahí uno de los graves errores que dieron origen a la terrible situación que hoy padece Venezuela.
Pues, desde que Chávez Frías llegó a la presidencia procedió, entre otras gestiones antidemocráticas, implantado un gobierno de corte comunista que no estaba previsto en la Constitución, y con ello a deshacerse de personalidades democráticas que lo habían apoyado en su campaña, a expulsar de sus cargos a todo el personal altamente especializado de PDVSA y de otras instituciones, a implantar definitivamente el control cambiario como medida de control sobre los agentes económicos, a expropiar medios de comunicación, fincas productivas y grandes y medianas empresas, a perseguir y encarcelar a sus adversarios, y peor aún, a monopolizar la fuerza armada nacional y todas las instituciones del Estado; asimismo, todos los medios de comunicación, para sembrar el odio como política de Estado y como forma de tortura contra sus opositores: “Patria o muerte” fue su consigna. Implementación de mecanismos de discriminación política como la “Lista de Tascón”, aumentada y retocada después como “Maisanta”, y más recientemente el “Carnet de la Patria”, instrumentos que excluyen de los derechos y bienes del Estados a grandes sectores de la población.
Antes de morir, aprovechó para imponer su heredero político, el actual presidente Nicolás Maduro, quien no ha hecho otra cosa que continuar fielmente la misma línea destrucción y desmantelado de las instituciones de Estado, del aparato productivo y de sus oponentes políticos, muchos de los cuales o están en el exilio, o están encarcelados o han sido asesinados, cuando no salvajemente masacrados como el reciente caso del insurrecto Óscar Pérez, en lo que ya se reconoce como la “Masacre del Junquito”.
Ninguna dictadura es buena en el sentido moral de la palabra. Solo se puede decir que las hay peores. Sobre esta base, se puede intentar una analogía muy resumida entre la dictadura de Pérez Jiménez y la dictadura iniciada por el difunto Chávez y continuada por Nicolás Maduro.
La dictadura de Pérez Jiménez persiguió, torturó y asesinó a muchos de sus adversarios políticos y sus familiares; su crueldad estuvo circunscrita a esa fracción y no se extendió a toda la población. Además, las obras y la documentación existentes confirman que durante su régimen creció la economía del país (todo el que trabajaba progresaba), así como su infraestructura: autopistas, carreteras, túneles, urbanizaciones residenciales, edificaciones: educativas, hospitalarias, deportivas, siderúrgicas, hidroeléctricas, etc. Convirtió a Venezuela en un país de llegada, no de salida; un país de inmigrantes, no de emigrantes. Al país llegaron gentes de todos los países europeos que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial, quienes hallaron aquí tranquilidad y contribuyeron en mucho al desarrollo del país.
No se puede decir lo mismo de la dictadura de Chávez y Nicolás Maduro. Hoy Venezuela es un país en ruinas y en manos del vandalismo, ladrones y sicarios incluso del mismo gobierno como son los mal llamados “colectivos”. Un país con una infraestructura colapsada y a punto de extinción. Con una masiva emigración de profesionales e intelectuales y la fuga despavorida de miles de pobres y desposeídos durmiendo sobre cartones en las calles de Cúcuta, Colombia y otros países vecinos; las universidades depauperadas y habitadas por cada día menos profesores y menos estudiantes; la gente hurgando en las bolsas de basura para hallar algo que comer; los enfermos muriendo por carencia de medicinas y atención hospitalaria. Un país donde el odio, la muerte, la violencia, la confusión, el dolor y la desesperanza se han posesionado.
Como consecuencia de tan grave situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado reiteradamente su preocupación por la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela. La mayoría de los altos dirigentes gubernamentales han sido sancionados por varios organismos internacionales —norteamericanos y europeos—, por su responsabilidad en el desmantelamiento de las instituciones democráticas, el narcotráfico y la masiva violación a los derechos fundamentales de la población venezolana; entre lo que cabe destacar:
a) La manipulación del hambre y las necesidades más básicas humanas como mecanismo de control político y sumisión, imponiendo un discriminador “carnet de la patria” que constituye el único medio para el acceso a unos pocos beneficios y a pequeñas concesiones de alimentos, de pésima calidad y que no son recibidos con la regularidad debida.
b) La fáctica eliminación de la Asamblea Nacional —legítimamente electa por la soberanía popular— sustituida por una írrita y fraudulenta “Asamblea Nacional Constituyente” que pretende arrogarse para sí todos los poderes, atribuciones y facultades que constitucionalmente corresponden a los distintos Poderes Públicos.
c) El secuestro del poder judicial para colocarlo como brazo ejecutor de las decisiones dictatoriales, persiguiendo, encarcelando y torturando a ciudadanos que ejercen sus derechos, como ocurrió, entre otros, en el caso de la juez Afiuni.
d) El secuestro del Consejo Nacional Electoral, subordinándolo a los caprichos del presidente Maduro y sembrando en la ciudadanía una razonable desconfianza en el voto como medio pacífico para el restablecimiento del orden constitucional y democrático.
e) El sistemático incumplimiento de los mandatos de los organismos internacionales de DDHH, así como la desobediencia a los tratados internacionales que sobre esta materia han sido suscritos por la República.
Qué larga resultaría esta ristra de violaciones a los derechos humanos si se procediera a pormenorizarla. Más vale terminar este escrito recordando, al respecto, a Jorge Luis Borges:
«Las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad; más abominable es el hecho de que fomentan la idiotez».
