(Mérida, 31/12/2020).- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) registró violaciones de distintos derechos en la región andina de Venezuela durante este año 2020, cometidas principalmente por funcionarios del régimen de facto que encabeza Nicolás Maduro. En el marco de la cuarentena nacional decretada desde marzo pasado debido a la pandemia por COVID-19, el régimen cometió atropellos con la situación sanitaria como excusa, ampliando durante este período su autoritarismo y control político, económico, jurídico y social.
No solo los derechos a la salud y a la vida fueron violados por los gobernantes ilegítimos como consecuencia de su manejo irresponsable de la pandemia, sino otros derechos como a la educación, a contar con servicios básicos, a la justicia, a la expresión y la manifestación pacífica, así como a la libertad personal.
Educación universitaria en terapia intensiva
Este observatorio resalta el vertiginoso avance del deterioro de la educación universitaria a causa de la asfixia presupuestaria ejercida por el régimen y el desvalijamiento de las universidades autónomas por hechos vandálicos. Según monitoreo del ODH-ULA, desde el inicio de la cuarentena hasta el mes de noviembre de 2020 en las universidades venezolanas han ocurrido al menos 217 incidentes de seguridad, que incluyen robos, hurtos, actos vandálicos e invasiones en un total de 12 instituciones universitarias. La inacción de los organismos de seguridad ante estos hechos muestra el desinterés gubernamental por la protección de las universidades.
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Si bien la cuarentena impidió la asistencia presencial a los recintos universitarios, la educación a distancia tampoco fue posible debido a la precariedad salarial de docentes y trabajadores, así como a la falta de equipos tecnológicos y al pésimo funcionamiento de los servicios básicos indispensables para la educación virtual.
Aunque el Ministerio de Educación Universitaria entregó tabletas a profesores universitarios, no solo lo hizo de forma tardía durante el penúltimo mes del año, sino que dicha entrega estuvo politizada y fue discriminatoria, como lo señaló esta organización en una nota de prensa. Además, las constantes fallas de conectividad y los bloqueos a portales web ejercidos por el régimen impiden el desarrollo de cursos por internet y violan la libertad académica.
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Opacidad, escasez y politización violaron el derecho a la salud
Desde que se registró el primer caso de COVID-19 en la región andina de Venezuela, específicamente en Mérida, el Laboratorio de Microbiología de la ULA solicitó al Ministerio de Salud los suministros necesarios para realizar pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el año se acaba y nunca fueron enviados los materiales, a pesar del aumento de contagios registrado mes a mes en la región. En su lugar, a finales de octubre llegó al estado un equipo diseñado para procesar muestras serológicas, que no sustituyen las pruebas PCR y sobre cuyo uso y funcionamiento no se ha emitido información oficial.
En reiteradas ocasiones médicos y personal sanitario del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), principal centro asistencial centinela de Mérida, han manifestado las deficiencias que padecen y afectan la atención de pacientes con COVID-19. Los equipos de bioseguridad para atender personas contagiadas de coronavirus no han sido suficientes y gran parte fueron donados por ONG, empresas o particulares, cuando deben ser suministrados por el Estado. Además, las pruebas rápidas para detectar contagios escasean desde comienzos de la cuarentena en los principales centros de salud pública.
La directora del IAHULA, Indira Briceño, dijo en una entrevista radial que le había sido prohibido dar informaciones estadísticas sobre la pandemia en la entidad desde el pasado mes de abril. No obstante, fuentes internas de este hospital han informado al ODH-ULA que ya no hay capacidad ni suministros médicos suficientes para atender más pacientes con coronavirus. Los que han ingresado en los últimos días de diciembre han sido atendidos en sillas debido a que todas las camas del área COVID-19 están ocupadas.
Del mismo modo, el personal sanitario de la entidad andina sufrió discriminaciones en el acceso a la gasolina para abastecer sus vehículos. La falta de transporte público también limitó las posibilidades de movilización de médicos, enfermeros y trabajadores de la salud. El ODH-ULA acompañó y asesoró jurídicamente al personal sanitario que consignó denuncias sobre esta situación ante la Defensoría del Pueblo y la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI).
Perder la vida por exigir servicios básicos
Además de atentar contra el derecho a la vida como consecuencia de las violaciones del derecho a la salud, el régimen de facto no ha investigado hasta la fecha el asesinato del estudiante universitario Rafael Hernández, quien perdió la vida por impactos de bala que recibió el 4 de mayo mientras protestaba pacíficamente en medio de un apagón por la precariedad de los servicios básicos.
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El ODH-ULA contabilizó más de 150 protestas ciudadanas por servicios públicos en Mérida, Táchira y Trujillo desde que comenzó la cuarentena por COVID-19 y hasta mediados de diciembre. Comunidades andinas suman meses sin servicio de agua, gas doméstico, electricidad y/o telecomunicaciones, cuyo funcionamiento es cada vez más precario en todo el país desde hace años. El acceso a la gasolina también ha estado restringido con la pandemia como excusa.
Así mismo, organizaciones como Foro Penal documentaron decenas de detenciones arbitrarias de personas en el marco de protestas por servicios básicos. Periodistas y trabajadores de la prensa también fueron víctimas de agresiones, amenazas y detenciones por cubrir manifestaciones sociales.
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Justicia paralizada y parcializada durante la cuarentena
Desde marzo y hasta septiembre de este año, el sistema de justicia en Venezuela estuvo prácticamente paralizado. El equipo jurídico del ODH-ULA constató que los tribunales estuvieron inoperativos y los jueces no cumplieron su deber de retirar las solicitudes consignadas en las unidades de recepción de documentos de los entes judiciales.
De igual forma, los derechos de los privados de libertad no solo fueron violados por la paralización de la justicia, sino por la falta de alimentos y atención sanitaria. El 9 de mayo reclusos del Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA), ubicado en el estado Mérida, tomaron como rehenes a dos custodios para exigir alimentos y asistencia médica. En consecuencia, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lanzaron bombas lacrimógenas dentro del recinto para disolver la protesta. Abogados del ODH-ULA acompañaron a familiares de los reos a la sede de este centro de detención, pero funcionarios de la les impidieron el ingreso de familiares debido a que los efectivos de seguridad.
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En septiembre pasado comenzaron a reanudarse procesos judiciales paralizados durante la cuarentena, pero el desarrollo de los mismos no estuvo exento de irregularidades y parcialidades por parte de fiscales y jueces. Cinco policías implicados en el asesinato de Wuilderman Paredes, cometido el 8 de junio de 2019 en una cola por gasolina, fueron puestos en libertad plena a pesar de las pruebas y testimonios de testigos en su contra.
En contraparte, el estudiante de la ULA Erickvaldo Moreno, preso desde el 13 de septiembre de 2017 por un crimen sobre el que no hay ninguna prueba que lo inculpe, no pudo salir en libertad como el juez de juicio sentenció, debido a la solicitud de efecto suspensivo hecha por la fiscal asignada para el caso.
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