(Mérida, 16/01/2023).- El anuncio dado por Nicolás Maduro ayer lunes, 15 de enero, fue otra estocada al salario venezolano que termina de enterrar su valor para este régimen. No hubo aumento de sueldo, ese que protege la Constitución nacional y del que dependen todos los trabajadores públicos del país, incluidos los profesores y empleados universitarios.
El mayor sueldo de un profesor universitario en el país —con escalafón Titular y dedicación exclusiva— se fijó en 522,16 bolívares mensuales a partir del 16 de marzo de 2022, fecha desde la cual no se hacen nuevos aumentos salariales. Hoy se cumplen 22 meses de aquel anuncio y todos los empleados públicos siguen ganando lo mismo en bolívares, pero ocho veces menos en dólares, divisa que realmente determina el costo de la vida en Venezuela.
De acuerdo con la tasa oficial que publica hoy el Banco Central de Venezuela (BCV), el mayor sueldo universitario en el país representa apenas 14,51 dólares mensuales, es decir, menos de 0,50 centavos de dólar por día, muy por debajo de la la línea mundial de pobreza extrema que establece el Banco Mundial. En la Universidad de Los Andes (ULA) esto es lo que gana un profesor que tiene al menos 15 años de servicio y, en la mayoría de los casos, estudios de postgrado. La situación para los docentes de menor escalafón, trabajadores administrativos, empleados y obreros es aún peor.
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Además de inconstitucionales, los bonos también son de miseria
Pese al aumento en los bonos inconstitucionales que anunció ayer Maduro, el régimen venezolano sigue ofreciendo los ingresos mensuales más bajos de América Latina y de los peores en el mundo. En suma, el sueldo mínimo venezolano —que se mantiene en 130 bolívares mensuales, unos 3,61 dólares— más los bonos de alimentación ($40) y guerra económica ($60) que reciben los trabajadores públicos activos dan apenas un total de 103,61 dólares al mes. Según estadísticas del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM), el costo de la Canasta Alimentaria Familiar en diciembre pasado fue de 531,95 dólares.
Cabe destacar que el incremento en el llamado bono de “guerra económica” no fue igual para todos quienes lo reciben, lo que constituye otra discriminación. Los jubilados del sector público y los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) son los más discriminados, ya que ellos no reciben bono de alimentación —el llamado cestaticket—. El bono de guerra económica, por su parte, quedó en $70 dólares para el personal jubilado y en apenas $25 dólares para quienes tienen pensión.
Para acceder al bono de “guerra económica” y a los otros bonos que politiza el régimen venezolano es indispensable estar inscrito en el sistema patria. Los beneficiarios deben ingresar todos los meses al sitio web de este mecanismo y “aceptar” el bono para luego transferir ese dinero a la cuenta bancaria que hayan registrado previamente. No todos los trabajadores del sector público están inscritos en el sistema patria, para cuyo acceso además es necesario contar con conexión a internet, un servicio cada vez más costoso y precario en Venezuela.
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Universidades venezolanas siguen asfixiadas y siendo víctimas del hampa
El desprecio del régimen de Maduro por la educación pública en Venezuela se refleja no solo en la precariedad salarial de maestros y profesores, sino también en la constante disminución de los recursos que destina al funcionamiento de las instituciones educativas.
De acuerdo con el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2024, publicado en diciembre pasado por Diario Tal Cual, apenas 2,60 % del total está destinado al Ministerio de Educación Universitaria, unos 533 millones de dólares. Esto representa una disminución de 36,31 % en dólares, con respecto al presupuesto asignado a este Ministerio en 2023, cuando le fueron otorgados unos $837 millones, según cálculos del mismo medio de comunicación.
La asfixia presupuestaria que mantiene el gobierno a las universidades desde hace más de 15 años impide que las mismas cuenten con recursos para garantizar la seguridad de sus instalaciones. Aunado a esto, la miseria de los sueldos universitarios ha causado una acelerada disminución en la cantidad de personal que se mantiene activo. Un vigilante de cualquier universidad pública venezolana recibe un sueldo base mensual de entre 3,61 y 5,42 dólares.
Esta situación conlleva al aumento de actos delictivos y vandálicos en espacios universitarios. De acuerdo con registros propios del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), en 2023 más de 25 universidades fueron objeto de distintos ataques, entre estos 41 referidos a hurtos, robos o vandalismo. En días pasados, delincuentes ingresaron a la sede de la coral de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA y sustrajeron instrumentos y equipos valorados en unos 2.000 dólares.
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ULA alcanza logros pese a destrucción salarial y presupuestaria
El funcionamiento que aún mantiene abiertas a las universidades públicas venezolanas se explica solo por la resiliencia y la vocación de sus trabajadores. Pese a la humillación de la son víctimas por la destrucción de los salarios y el casi nulo presupuesto que reciben, estas instituciones continúan formando profesionales y aportando a la escasa investigación científica que se sigue haciendo en Venezuela.
Este martes 16 de enero, el rector de la ULA, Mario Bonucci, presentó a la prensa un balance de los logros que alcanzó esta casa de estudios en 2023. Durante ese año, 82 grupos de investigación y 51 revistas académicas se mantuvieron activos. En estas últimas se publicaron cerca de 900 artículos científicos.
En cuanto a formación de profesionales, para este 2024 la ULA tendrá más de 20.000 estudiantes activos, y en 2023 otorgó títulos de pregrado y postgrado a cerca de 2.500 universitarios, un 20 % de egresados más que el año anterior, precisó Bonucci. El rector también destacó que el gobierno asignará apenas 17,55 % del presupuesto solicitado por la ULA este año para cubrir gastos básicos de funcionamiento. De 4.400 millones de bolívares requeridos, solo le fueron aprobados 763 millones, unos 21.212 dólares al cambio oficial de hoy.
El ODH-ULA mantiene su denuncia pública sobre la asfixia salarial de los universitarios como una flagrante violación al artículo 91 de la Constitución nacional; a las Normas sobre Homologación de Sueldos y Beneficios Adicionales de los Miembros del Personal Docente y de Investigación de las Universidades Nacionales; al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; al Convenio sobre la protección del salario y al Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptados estos tres últimos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
