(Mérida, 21/09/2024).- «La maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos. Las víctimas, y la población en general, se encuentran desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder en un contexto en que está desapareciendo la mínima apariencia de la legalidad en la actuación de las autoridades. El riesgo de una desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto».
La cita textual es parte de la intervención de la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Marta Valiñas, que tuvo lugar este viernes 20 de septiembre de 2024 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se presentó el quinto informe de la Misión que fue establecida en 2019.
«Desde el 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria del presidente Maduro en las elecciones presidenciales, sin mostrar evidencias al respecto, la represión y la persecución política han ido en aumento», continuaba Valiñas, cuya afirmación se sustenta en la investigación hecha por la Misión entre el 1º de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.
El 17 de septiembre, la Misión publicó una versión preliminar de su quinto informe, en la que detalla casos que evidencian la existencia y repetición de cinco patrones de graves violaciones de derechos humanos, algunos de los cuales constituyen, a su vez, crímenes de lesa humanidad: asesinatos en el contexto de protestas tras las elecciones; detenciones arbitrarias y encarcelamientos por motivos políticos; desapariciones forzadas de corta duración; tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes; y violencia sexual y basada en género.
Un asesinato en la región andina la noche de la elección
La Misión pudo documentar 25 muertes violentas en el contexto de las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Aunque en la versión preliminar de su quinto informe no se indican nombres de las víctimas, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) registró en el estado Táchira el asesinato con arma de fuego de Julio Valerio García, de 40 años de edad, ocurrida la noche de la elección a las afueras de la escuela Jhon F. Kennedy, ubicada en Patiecitos, municipio Guásimos. Otro hombre, de 67 años de edad, resultó herido.
García falleció mientras aguardaba junto con otras personas los resultados de dicho centro de votación. Testigos informaron a la prensa que «un grupo de encapuchados llegó al lugar portando armas largas», a bordo de una camioneta. Esa misma noche, en el barrio Antonio Ricaurte del municipio Bolívar del estado Táchira, en la frontera colombo-venezolana, vecinos también reportaron la llegada de personas encapuchadas disparando armas de fuego contra quienes esperaban el conteo de votos de un centro electoral.
«Si bien hasta el momento la misión no ha podido determinar la autoría de las muertes conforme a su estándar de prueba, las investigaciones iniciales arrojaron algunos indicios. Por ejemplo, la misión documentó la presencia de civiles armados disparando e interactuando con los cuerpos de seguridad o actuando en solitario en varias protestas. En varios de los casos investigados, hubo presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana o de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, que hicieron uso de sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes», señala la versión preliminar del informe.
126 detenciones arbitrarias en la región andina en el contexto postelectoral
En su informe preliminar, la Misión no precisa el número de detenciones arbitrarias cometidas tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, pero señala que investiga «numerosos casos». La ONG Foro Penal documenta hasta el 18 de septiembre un total de 1.692 personas detenidas después de los comicios, algunas de las cuales ya han sido liberadas. Sin embargo, las cifras oficiales difundidas por el propio Estado venezolano elevan la cifra a más de 2.400 detenciones.
El ODH-ULA pudo registrar 126 detenciones arbitrarias cometidas en los estados andinos del país tras las elecciones presidenciales —Mérida (38), Táchira (17) y Trujillo (71)—. Sin embargo, ese registro contempla solo los casos que fueron reseñados en medios de comunicación, documentados por otras organizaciones locales defensoras de derechos humanos y por el equipo legal y de investigación de este observatorio. La cifra real puede ser mayor.
Entre las detenciones ocurridas en los Andes, según los registros del ODH-ULA, hubo al menos 24 adolescentes, la mayoría de ellos ya liberados con medidas cautelares. Estas personas menores de edad fueron víctimas durante sus aprehensiones de múltiples violaciones de derechos humanos y de sus derechos diferenciados por su condición de adolescentes. También fueron detenidas al menos 20 mujeres, cuyos derechos y necesidades diferenciadas tampoco fueron respetados. Entre los casos también se registró el de un joven de 20 años de edad con trastorno del neurodesarrollo.
El ODH-ULA pudo constatar que ninguna de las personas detenidas en el contexto postelectoral tuvo acceso a una defensa de su confianza, como lo establecen la Constitución nacional, tratados internacionales de derechos humanos y la legislación nacional. Todas las detenciones arbitrarias registradas por esta organización después del 28 de julio responden al patrón de represión y persecución por motivos políticos que también identificó la Misión Independiente de la ONU.
«En la gran mayoría de los casos investigados, las detenciones estuvieron acompañadas o seguidas de graves y sistemáticas violaciones del debido proceso. Además, la misión tiene motivos razonables para creer que, de las víctimas de las 49 detenciones arbitrarias investigadas durante este período, 13 fueron además víctimas de desapariciones forzadas de corta duración (27 por ciento), 13 de tortura (27 por ciento) y 8 de violencia sexual y de género (16 por ciento)», precisa el informe preliminar de la Misión.
El ODH-ULA celebra la investigación y publicación de la versión preliminar del quinto informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, cuyo mandato amerita ser prorrogado por las evidencias de agravamiento de la situación de los derechos humanos en el país y la progresiva reducción del espacio cívico, amenazado además por la reciente aprobación de la Ley anti-ONG por parte de la Asamblea Nacional.
Asimismo, esta organización de derechos humanos exhorta al Estado venezolano a detener su aparato represivo y la comisión de delitos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. La sociedad venezolana ha demostrado su talante pacífico, cívico y democrático antes, durante y después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, cuyos resultados debidamente desagregados y respaldados por actas electorales siguen sin publicarse por parte del CNE.
