El caso de la ejecución extrajudicial de Wuilderman Paredes en 2019, y la posterior liberación de los policías implicados, expone la grave impunidad y el retardo procesal en Venezuela. A pesar de las pruebas y las denuncias del ODH-ULA, los responsables siguen prófugos, y las víctimas no han recibido justicia ni reparación. Este caso refleja un patrón más amplio de irregularidades en el sistema judicial venezolano, donde la falta de acción del Estado perpetúa los abusos de los cuerpos de seguridad