(Mérida, 17/03/2024)-. El 17 de marzo de 2014, en el marco de las primeras protestas sociales masivas contra el régimen de Nicolás Maduro, el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes decreta la creación de su Observatorio de Derechos Humanos, el ODH-ULA. Su misión respondía a la urgente necesidad del momento: registrar, atender y denunciar las decenas de violaciones de derechos humanos que se cometían en Mérida en ese contexto, principalmente a manos de colectivos armados, policías y militares.
«El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes nace por la preocupación que tenía la universidad de hacer algo frente a la brutal represión que se ejercía en ese momento contra manifestantes en Mérida, muchos de ellos miembros de la comunidad universitaria. En todas las protestas se registraban heridos por el uso desproporcionado de la fuerza pública, se cometieron ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, ataques contra residencias, entre otras graves violaciones de derechos humanos que llevan a la universidad a la necesidad de dar una respuesta», recuerda Mayda Hočevar, fundadora y directora del ODH-ULA.
Además de Hočevar, profesora, abogada y especialista en teoría de los derechos humanos, la Comisión designada por el Consejo Universitario para crear este observatorio también estuvo conformada por un sacerdote de la parroquia universitaria, la profesora y activista de derechos humanos Christi Rangel, el abogado penalista y defensor de derechos humanos Francisco Ferreira, y Manuel Rojas, abogado del servicio jurídico de la ULA, ya fallecido.
Esa Comisión contactó entonces a Ligia Bolívar, socióloga y defensora de derechos humanos con amplia trayectoria en el país, fundadora de Provea y en ese momento directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), quien se trasladó de Caracas a Mérida en medio de las protestas sociales para asesorar y orientar al naciente Observatorio de Derechos Humanos de la ULA en cómo hacer su labor de registro, documentación y divulgación de lo que entonces ocurría en el estado.
A lo largo de esta primera década, el ODH-ULA no solo ha denunciado las distintas violaciones de derechos humanos cometidas contra la Universidad de Los Andes, sino contra todas las universidades del país de las que ha tenido registro. Su labor también ha trascendido el contexto universitario, siendo portavoz de la situación de los derechos humanos en toda la región andina del país y representando la defensa legal de decenas de víctimas. A este trabajo se suma la tarea de formar y sensibilizar en derechos humanos a cientos de personas, a través de talleres, cursos, foros y diplomados.
Documentación, denuncia y visibilización de violaciones de derechos humanos en los Andes
El primer informe sobre la situación de los derechos humanos en Mérida hecho por el ODH-ULA se publicó en abril de 2015 y ha sido, hasta ahora, el más extenso de los 54 informes elaborados por este observatorio a lo largo de esta primera década. En más de 90 páginas, el ODH-ULA detalló cada una de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas sociales de 2014.
«Ese ha sido el único informe que documentó con metodología y precisión lo ocurrido en Mérida en seis meses de represión, de febrero a julio de ese año. Allí están registrados todos los ataques al recinto universitario, a residencias, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza que causó más de un centenar de lesionados, las 33 detenciones arbitrarias de civiles, las cuatro personas fallecidas, entre otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por civiles armados y funcionarios de la fuerza pública. Todo este registro nos permitió identificar patrones de represión y denunciarlos ante organismos dentro y fuera del país. Ese primer informe constituye el registro más completo de lo que pasó en Mérida en 2014», asegura Hočevar.
Además de ocho informes generales que abarcan la situación de todos los derechos humanos en la región andina del país, el ODH-ULA también ha elaborado un total de 39 informes sobre derechos humanos específicos y 34 reportes periódicos sobre la situación de las universidades venezolanas, donde destaca las violaciones al derecho a la educación, al trabajo, a la ciencia, a la libertad académica y a la autonomía universitaria. Varios de ellos se han hecho en alianza con otras organizaciones defensoras de derechos humanos y no gubernamentales del país.
En conjunto con la Comisión de la Universidad de Los Andes contra la Violencia de Género (ULA Mujer), creada en enero de 2020, el ODH-ULA ha participado en la elaboración de dos reportes y siete informes sobre los derechos humanos de las mujeres en Mérida, Táchira y Trujillo, tanto dentro como fuera del contexto universitario. Uno de ellos fue presentado el año pasado ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw).
Atención y asistencia legal de víctimas de violaciones de derechos humanos
El equipo legal del ODH-ULA brinda atención, orientación y asistencia legal a todas las personas que lo solicitan a través de las distintas vías de comunicación que tiene la organización. Desde sus inicios y hasta la fecha, este observatorio ha asistido legalmente a decenas de víctimas de distintos tipos de violaciones de derechos humanos cometidas en Mérida, que agrupan un total de 113 casos. Nueve de ellos han sido presentados ante organismos internacionales de justicia y derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela y la Corte Penal Internacional (CPI).
Entre los casos más emblemáticos asistidos por el ODH-ULA están las detenciones arbitrarias que incluyeron encarcelaciones injustas por entre cuatro y hasta más de seis años de cuatro jóvenes, acusados falsamente de asesinatos cometidos durante las protestas sociales de 2014 y 2017. Erickvaldo Márquez, Steven García, Walter Mayorca y Marller González fueron las víctimas de los llamados «Casos Guarimba», con ese nombre despectivo adjudicado por los propios funcionarios de justicia de Mérida. La defensa legal ejercida por abogados del observatorio logró la libertad plena de estos muchachos.
En otros casos donde aún no se ha hecho justicia, el ODH-ULA se ha encargado de visibilizarlos mientras continúa en muchos de ellos su representación legal ante el sistema judicial venezolano. Uno tiene como víctima a Naybelis Noel —víctima de violencia contra la mujer y violencia institucional— y otro a los familiares de Wuilderman Paredes —asesinado por policías en una cola de gasolina en 2019—, así como sus primos Gerardo y Luis.
El ODH-ULA también brindó asistencia legal a los familiares de Alcedo Mora durante los primeros meses de su desaparición forzada, que aún se mantiene, después de nueve años. Asimismo, atendió a los dos bomberos detenidos e imputados en 2019 por la nefasta Ley contra el Odio, tras la difusión de un video satírico sobre las deplorables condiciones de trabajo que vivían. Como estas, muchas otras víctimas en Mérida han contado con el apoyo legal de esta organización.
Actividades formativas, académicas y socio-culturales
Como dependencia de la Universidad de Los Andes, el ODH-ULA también ha cumplido durante esta década una importante labor académica de formación y capacitación dirigida a la comunidad universitaria, funcionarios policiales, operadores de justicia, defensores y activistas de derechos humanos y la ciudadanía merideña en general. Once diplomados y decenas de talleres, cursos, seminarios web, mesas de trabajo, foros y conversatorios agrupan toda esa labor. Además, esta organización ha sido el lugar de pasantías de decenas de estudiantes de distintas carreras de la ULA, así como espacio para personas voluntarias con vocación de defensa y promoción de derechos humanos.
Ante la aguda crisis que vive la ULA, inducida por el gobierno desde mucho antes de que el observatorio se creará y que se ha acentuado a lo largo de estos 10 años, el ODH-ULA también se ha visto en la necesidad de hacer jornadas de donaciones y asistencia social dentro y fuera de la comunidad universitaria. Estas han sido posibles gracias a la generosidad de muchos venezolanos radicados en el exterior y otros que están en Venezuela.
Hoy, cuando el ODH-ULA cumple su primera década de trabajo ininterrumpido, quiere destacar, agradecer y aplaudir la labor de todas las personas que forman y han formado parte de esta organización. Sin ellas, nada de lo logrado hasta ahora habría sido posible. Quisiéramos nombrarlos a todos en esta nota de prensa, pero el contexto de amenaza constante a quienes defendemos los derechos humanos en Venezuela nos lleva a priorizar la seguridad de todos. Sin embargo, ustedes saben quiénes han sido y quiénes son. A todos, ¡gracias, muchas gracias! ¡Feliz aniversario!
