(Mérida, 12/01/2025).- Según registros del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), 23 personas han sido detenidas arbitrariamente y por motivos políticos en los estados Táchira y Trujillo entre el 3 y el 10 de enero de 2025. Además, cinco universitarios también fueron aprehendidos por razones políticas en otras regiones del país.
El estado andino donde se han ejecutado más detenciones por motivos políticos en lo que va de año es Trujillo, con 19 casos, mientras que en Táchira han ocurrido 4. El trabajo de documentación que hace el equipo de investigación del ODH-ULA se basa en reportes hechos por organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, publicaciones en medios de comunicación y denuncias de familiares de las víctimas.
Desde enero de 2024 y hasta el cierre de campaña de las pasadas elecciones presidenciales, esta dependencia universitaria registró 92 casos de persecución política en la región andina, que incluyeron 42 detenciones arbitrarias. Luego, entre el 28 de julio y el 3 de agosto, el ODH-ULA documentó 147 detenciones en Mérida, Táchira y Trujillo. Algunos detenidos fueron excarcelados, pero continúan con medidas cautelares.
Militantes políticos son la mayoría de los detenidos
De acuerdo con la información registrada por el ODH-ULA, al menos 12 de las 23 personas detenidas por motivos políticos en la región andina en lo que va de año son activistas políticos o familiares de algunos de ellos. La noche del 2 de enero el exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, denunció a través de sus redes sociales la detención en San Antonio del exalcalde del municipio Bolívar, Simón Vargas.
«Poco antes de la denuncia, en redes sociales circuló un cartel de “Se busca” contra Simón Vargas, quien es militante del partido Un Nuevo Tiempo. La orden de captura señalaba al exalcalde por los delitos de “incitación al odio y terrorismo” en la frontera venezolana», escribió el medio digital Runrunes. Pérez Vivas detalló que Vargas fue secuestrado por hombres armados que entraron a su casa.
Entre el 7 y el 8 de enero, el ODH-ULA registró 16 detenciones por motivos políticos en los estados andinos, la mitad de ellas correspondientes a militantes de partidos de oposición en el estado Trujillo. Entre los detenidos destacan Marianela del Valle Ojeda Linares, coordinadora de activismo municipal de Vente Venezuela en el municipio Pampanito; Francisco Javier Graterol Santos, secretario político del mismo partido en el mismo municipio; Eduardo Alejandro Briceño Azuaje, militante del mismo partido; y Ramón Darío Durán, activista en la campaña de Edmundo González.
Entre el 9 y el 10 de enero detuvieron arbitrariamente a otras cinco personas en Trujillo (3) y Táchira (2). Las víctimas de este último estado son Mirian Goméz y Alaina Rangel Goméz, tía y prima, respectivamente, de la activista política y expresidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (FCU-UNET), Zuleika Meneses.
Cinco universitarios detenidos en lo que va de año
Por su naturaleza, el ODH-ULA registra con especial interés las agresiones contra universidades y universitarios en Venezuela. Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, esta dependencia registró 45 estudiantes, profesores y trabajadores universitarios detenidos en todo el país. La mayoría de ellos fueron excarcelados, pero permanecen con medidas cautelares.
En lo que va de enero, otros cinco universitarios han sido detenidos: Carlos Correa, defensor de derechos humanos, director de la ONG Espacio Público y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas; Enrique Márquez, dirigente político, excandidato presidencial y profesor de la Universidad del Zulia (LUZ); Manuel Muñoz, coordinador en Caracas de Vente Joven y estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela (UCV); Edison Castro, periodista y profesor de LUZ; y Leandro Palmar, periodista y coordinador de información de la emisora universitaria LUZ Radio 102.9 FM.
De los universitarios detenidos en lo que va de año, solo se tiene información de la liberación de Edison Castro. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) del estado Zulia informó que Leandro Palmar sería presentado este domingo ante la Fiscalía del Ministerio Público, por cargos que aún se desconocen. Los otros tres universitarios —Carlos Correa, Enrique Márquez y Manuel Muñoz— permanecen en desaparición forzada hasta el cierre de esta nota de prensa.
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Patrones de represión se repiten y constituyen crímenes de lesa humanidad
En 2024, el ODH-ULA identificó 12 patrones de represión que caracterizaron la persecución política registrada en todo el país. Nueve se presentaron contra los presos políticos: detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas; tratos crueles y degradantes; violación del principio de presunción de inocencia; imputación de delitos graves sin pruebas; negación del derecho a la defensa privada; violación del principio de individualización de la pena; tratamiento no diferenciado entre personas adultas y menores de edad durante su detención y proceso judicial; y tratamiento no diferenciado de las mujeres privadas de libertad.
Los otros tres patrones buscaron criminalizar a dirigentes políticos, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos que difundían información o mostraban públicamente su posición política. Estos fueron: incitación al odio mediante la exposición pública de fotografías y nombres de personas, a quienes etiquetan con mensajes como «Se busca. Recompensa. Líderes guarimberos»; violación a la libertad de expresión, libre asociación y libre tránsito; y hostigamiento y agresiones contra trabajadores de la prensa.
En las detenciones registradas en lo que va de 2025, el ODH-ULA identifica la repetición de algunos de estos patrones represivos, que constituyen a su vez crímenes de lesa humanidad, tales como: encarcelamientos; desapariciones forzadas; y persecución por motivos políticos, así como otras graves violaciones de derechos humanos. Estos delitos han sido recogidos en los más recientes informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El ODH-ULA no cesa su denuncia sobre la represión por motivos políticos que existe en Venezuela desde hace varios años, pero que se ha intensificado tras las elecciones primarias que realizó la oposición el 22 de octubre de 2023 y los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. Asimismo, esta dependencia universitaria reitera que ningún Estado puede ser democrático si se persigue, encarcela y tortura a quienes disienten del régimen que controla el poder.
