(Mérida 05/05/2020).- La noche de ayer, en medio de una cuarentena nacional que en Mérida incluye la prohibición de circulación de personas después de las dos de la tarde, desde el interior de una camioneta dispararon contra un grupo de manifestantes que exigía tener electricidad durante segundo apagón del día registrado en el sector El Campito, municipio Libertador del estado. Rafael Hernández, de 21 años de edad y estudiante de ingeniería de la Universidad de Los Andes, perdió la vida tras recibir algunos de los más de seis disparos hechos por sujetos aún no identificados que, según testigos, se marcharon sin prisa a bordo de la referida camioneta sin placas.
Este lamentable y condenable hecho ocurre apenas horas después de que el denominado por Nicolás Maduro como protector de Mérida, Jehyson Guzmán, acompañado del jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi-Mérida), Danny Ferrer, convocara a todas las Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI), Brigadas de Paz, milicianos, jefes y jefas de calle, de comunidad y de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh) a defender la paz y a activar los mecanismos de inteligencia social. Guzmán indicó igualmente que «a partir de este momento nuestras unidades para defensa de la Revolución deben estar activas en sus puntos de encuentro», según lo cita el portal web Mazo 4F en nota de prensa. (Véase: https://mazo4f.com/en-merida-inteligencia-social-esta-activa-para-prevenir-acciones-desestabilizadoras).
Ornella Gómez, presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la ULA (FCU-ULA), culpó a «esbirros de la dictadura» por el asesinado de Rafael Hernández. La dirigente estudiantil también rechazó el hecho y exigió investigarlo.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) exige que el asesinato de Hernández sea esclarecido y los culpables sean condenados. Así mismo, rechaza los llamamientos hechos por dirigentes políticos regionales del régimen de facto, los cuales buscan amedrentar a la población que padece fallas cada vez más agudas y constantes en todos los servicios básicos.
Investigaciones tardías
Este 5 mayo, pasadas las 9 de las mañana, una comisión del Cuerpos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegó al lugar de los hechos, después de más de 12 horas de haberse cometido el crimen. El ODH-ULA ve con preocupación que el lapso de tiempo transcurrido entre el asesinato y la llegada del CICPC no garantiza que las evidencias se hayan conservado o no hayan sido alteradas. Esta tardanza no halla justificación siendo que la sede regional del CICPC está a escasas cinco cuadras del sitio donde ocurrieron los hechos. La inspección de ley se hizo, además, luego de que transeúntes y vehículos circularan por el área, lo que permitió contaminar el lugar del suceso. Esta es una irregularidad que dificulta la identificación de los responsables del crimen y da cabida a la impunidad.
Fuentes cercanas a la familia aseguran que Rafael Hernández no tenía buena relación con su padre por diferencias políticas. La madre del joven falleció cuando él era un niño.
Es injustificable que la protesta pacífica ciudadana por la deficiencias de los servicios a cargo del Estado se castigue con la muerte. Desde el ODH-ULA exigimos una investigación objetiva y transparente de los hechos que dé con los responsables de tan lamentable muerte. Así mismo, reiteramos nuestra exigencia para que cese la política de amedrentamiento y los ataques a la ciudadanía que desde hace años ejercen fuerzas policiales, militares y paramilitares del gobierno de facto, así como las acciones criminales cometidas por grupos de exterminio creados por el régimen.
